Más de 20 años de alquiler amparado por el Gobierno vasco: “Es una experiencia recomendable 100%”

Nerea Rodríguez Iñarra tiene 23 años y vive con sus padres en Lekeitio (Bizkaia). Se tiene que desplazar en transporte público hasta San Sebastián para ir al trabajo: una hora y 40 minutos de autobús y otro tanto para volver a su casa. Acaba de firmar, este mes de enero, su primer contrato laboral, pero un piso compartido en esta ciudad le supone más de la mitad de su sueldo. Ha llamado a las puertas del Gobierno vasco, a través de Etxebide, para encontrar un alquiler a un precio económico: “Necesito una vivienda a un precio asequible y espero que el sistema de ayudas públicas funcione”, afirma Nerea. Para jóvenes vascos como ella, la consejería de Vivienda tiene consignadas ayudas económicas que buscan favorecer su emancipación y subvenciones destinadas a financiar el pago de parte del alquiler mensual. En 2003 puso en marcha un mecanismo garantista que permite a la administración vasca intervenir en el mercado del alquiler y ejercer de mediador entre arrendatarios e inquilinos a través del programa Bizigune. A esto se sumarán en breve, durante este primer semestre, dos líneas de avales anunciadas por el lehendakari Imanol Pradales, dirigidas a facilitar que los menores de 35 años puedan comprar o alquilar una vivienda. Esta misma fórmula se recoge entre las medidas sociales incluidas en el decreto ómnibus que el Gobierno español ha acordado con Junts.

El equipo de Pedro Sánchez quiere establecer, en virtud de ese reciente pacto con la formación catalana, un sistema de garantías públicas para propietarios y arrendados. Esta idea es algo que ya está en vigor en el País Vasco desde diciembre de 2002. Y funciona con éxito. El plan de vivienda vacía Bizigune protege a los dueños y les asegura que van a cobrar todos los meses la renta y recuperarán su casa cuando termina el contrato en las mismas que la entregaron, y a los inquilinos les garantiza un precio por debajo del de mercado. Cristina y Aitor dejaron su piso en Sestao en manos de Bizigune en enero de 2003 y lo tienen alquilado desde entonces bajo el amparo del Gobierno autónomo: “Seguramente ganamos menos con el alquiler que el mercado, pero la tranquilidad no tiene precio. Nosotros hemos confiado en las instituciones y en todo este tiempo no hemos tenido ningún problema. Es recomendable 100%”, explica Cristina a este diario.

El piso que alquilaron a través de Bizigune, de 70 metros cuadrados, se encuentra a 13 kilómetros de Bilbao y por él cobran todos los meses 540 euros. Está completamente reformado desde 2014. Cristina y Aitor son arquitectos y ese año renovaron totalmente su vivienda: “Tenemos la seguridad de que el piso va a estar bien cuidado. El Gobierno vasco hace las comprobaciones para verificar que está en buen estado. Esto me parece muy importante. Y Alokabide [la sociedad pública de alquiler de viviendas] suscribe un seguro que nos protege a nosotros y al inquilino”.

Esta entidad dependiente de Vivienda se encarga de documentar con fotos cómo se recibe la casa y se compromete a entregarla tal cual: “Nosotros no conocemos a los ocupantes de la casa, aunque sabemos que han pasado varios, y nunca hemos recibido una queja de los vecinos”, asegura Cristina. A los inquilinos, eso sí, se les exige que estén inscritos como demandantes en el registro del servicio vasco de vivienda Etxebide. Cada cinco años, este matrimonio de Bizkaia ha ido prorrogando el contrato con el Gobierno para seguir en el programa Bizigune. La propietaria señala que, si no es con la medición de la administración, “la legislación actual te deja indefenso porque si dejan de pagarte la mensualidad no hay forma de reclamar nada”. “Esto es un problemón”, agrega.

Naiara Mendizabal da la visión de la inquilina. Tiene 34 años de edad y es madre de dos hijos de 10 y cuatro años. A ella le cambió la vida por completo cuando, en noviembre del año pasado, le llamaron del Gobierno vasco para comunicarle que le ofrecían un piso en alquiler en Pasaia (Gipuzkoa), localidad vecina de Errenteria, primer municipio vasco declarado como zona tensionada. “Ha sido la lotería para mí. Llevaba 10 años apuntada [en Etxebide] y había perdido la esperanza. Me estaba volviendo loca buscando una casa”, cuenta por teléfono Naiara. Sufrió una estafa por parte de un arrendatario, estuvo a punto de verse en la calle, en los servicios sociales le dijeron que no tenían disponibles pisos de emergencia, le ofrecieron irse con las criaturas a un albergue...

Desde hace un mes vive en un piso de alquiler en Pasaia gestionado por Bizigune y está encantada: “Yo estaba pagando 875 euros al mes en el piso anterior. En agosto pasado tuve que dejarlo y hacer la mudanza. Justo me llamaron en noviembre y he entrado hace solo un mes a vivir en esta casa. Ahora pago 415 euros”. Insiste en el “excelente trato” recibido por el servicio público de vivienda: “Al principio tuve problemas con los electrodomésticos de la cocina, pero en solo dos semanas la equiparon nueva. Ha sido todo amabilidad”, dice sin esconder su satisfacción.

Bizigune gestionaba en 2014 un total de 4.541 viviendas en alquiler. Una década después, en diciembre pasado eran 7.375. El departamento de Vivienda se ha marcado el objetivo de llegar durante esta legislatura a captar 8.000 viviendas deshabitadas para ofrecerlas en alquiler. Se trata de poner coto a la desocupación de los pisos. Con ese fin, un decreto del Gobierno vasco habilita a este para penalizar con el pago de un canon anual (10 euros por metros cuadrado construido) a aquellos propietarios que mantienen su vivienda vacía de forma injustificada.

Además de este servicio garantista en los alquileres, Vivienda concede a través del programa Gaztelagun ayudas directas, hasta un máximo de 300 euros mensuales, para el pago de alquileres a personas de entre 18 y 35 años. También se ofrecen subvenciones de 300 euros mensuales durante un máximo de dos años para jóvenes entre 25 y 29 años que decidir pedir un préstamo al comprar una vivienda. El lehendakari Imanol Pradales anunció el pasado 22 de enero que se iban a implementar nuevas medidas para combatir el problema de la vivienda en Euskadi. Dijo que antes del mes de junio se iban a aprobar dos líneas de avales dirigidas a jóvenes, unas para financiar sus hipotecas y otras para el alquiler. No dio detalles de la cuantía, aunque fuentes de Lehendakaritza aseguran que se van a tramitar a través del Instituto Vasco de Finanzas, dependiente de la consejería de Hacienda. El Gobierno vasco pretende que con estos avales los jóvenes puedan afrontar la parte de la hipoteca que no cubren las entidades bancarias y, en el caos de los alquileres, para el pago de los primeros gastos, como las fianzas.

“No existen las soluciones mágicas” para resolver el problema de la falta de vivienda asequible, dijo Pradales, pero se comprometió a cumplir su promesa electoral de “ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes para acceder a un hogar”. Nerea Rodríguez está en esas, precisamente. Quiere encontrar una casa cerca de su lugar de trabajo, y en unas condiciones económicas que se ajusten al bolsillo de una joven que acaba de estrenarse en el mercado laboral. “La espera hasta que te llaman [de Bizigune] crea mucha incertidumbre. ¿Cuánto tardarán en ofrecerme un alojamiento?”, se pregunta.