La ordinalidad que pide Cataluña exigiría entre 4.800 y 6.100 millones más para el sistema de financiación

La ordinalidad que reclama Cataluña costaría hasta 6.100 millones al Estado. Esta exigencia forma parte del acuerdo de financiación singular entre el PSC y ERC que desbloqueó la investidura de Salvador Illa como president y que vinculaba a este principio su futura aportación a la solidaridad interterritorial. La ordinalidad busca que ninguna comunidad reciba menos dinero por habitante que otras autonomías que hayan aportado menos a la caja común del sistema. La Generalitat, uno de los contribuyentes netos por tener mayor capacidad fiscal, pierde posiciones relativas en el ranking territorial en beneficio de regiones como Cantabria y La Rioja, que ganan puestos tras el reparto del sistema de financiación autonómica. El ala soberanista quiere acabar con este modelo y el pacto con el PSC, a priori, sienta las bases para abrir el debate y rediseñar el esquema. En este maremágnum de posibilidades, Fedea planteó ayer un escenario del que pueden partir las negociaciones y que trata de “caminar hacia la ordinalidad, al tiempo que propone “una racionalización del actual patrón distributivo de los recursos”. Bastaría con una serie de ajustes en el modelo y con una compensación de entre 4.800 y 6.100 millones de euros para las comunidades perjudicadas por el cambio.

El estudio propone encajar la ordinalidad que pide Cataluña sin hacer saltar las costuras del modelo actual. Este principio debería garantizar que el reparto de los recursos sea acorde a la capacidad tributaria de cada territorio, algo que con el esquema actual no siempre ocurre. Valga un ejemplo para explicar esta distorsión, tachada de “perjuicio objetivo e injustificable” por los independentistas catalanes: si se ordenaran las autonomías por sus ingresos tributarios, Extremadura quedaría en las últimas posiciones —por ende, es de las que menos aportan a la caja común—; sin embargo, escala hasta los primeros puestos en cuanto a recursos recibidos tras los ajustes del sistema. Al contrario, Cataluña tiene una elevada capacidad tributaria y recibe recursos en la media, mientras que la asignación de Madrid está hasta por debajo pese a ser el motor económico del país.

El modelo de financiación es el encargado de repartir los recursos entre las comunidades para que todas dispongan del dinero necesario por habitante ajustado para prestar los servicios que gestionan, como educación o sanidad, a igualdad de condiciones. El sistema funciona a través de diferentes aristas. La más importante es la cesta común en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales, además de los impuestos cedidos totalmente y otras aportaciones estatales. Todo este dinero, al que los territorios contribuyen con cerca de un 75% de sus ingresos, se reparte después a través de varios fondos.

De todos ellos, el más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (que recoge los fondos para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales autonómicos), que, según explica Diego Martínez López, catedrático de la Universidad Pablo Olavide y autor del informe, ofrece un patrón distributivo que, por regla general, garantiza la ordinalidad. Son el resto de fondos, como los de convergencia y el de suficiencia global, los que generan las distorsiones. En este punto, Martínez López propone integrar estos fondos secundarios en el principal, a la vez que se reduciría el porcentaje de mutualización de los ingresos. El documento plantea dos escenarios, uno en el que la rebaja sería hasta el 50% y otro en el que llegaría al 65% —la diferencia se la quedarían los gobiernos autonómicos—, y que Martínez López considera más efectivo.

Las principales beneficiarias del cambio serían Cataluña, Baleares y Madrid, además de la Comunidad Valenciana, tradicionalmente infrafinanciada. Entre las cuatro ganarían entre 4.819 y 6.138 millones, en función de que la aportación a la caja común se reduzca al 50% o al 65%. Esas mismas cantidades se restarían de los recursos del resto de comunidades del régimen común, con especial impacto en Galicia, Canarias, Extremadura y Castilla y León.

Estos cambios, sin embargo, no implicarían una menor financiación por habitante. “Nadie va a perder recursos en términos absolutos”, explica el autor del documento. Las comunidades que con la propuesta de reforma reciban unas cantidades menores deberían ser compensadas por el Estado con transferencias decrecientes en el tiempo, para que el orden final, una vez aplicados los ajustes del sistema, respete la ordinalidad. Eso sí, “van a ir perdiendo posiciones relativas poco a poco”, añade Martínez López.

En otras palabras, las que más arriba están en la lista por tener más capacidad tributaria también coparían las primeras posiciones en cuanto a fondos repartidos del sistema. Madrid, Baleares y Cataluña pasarían así a estar arriba en cuanto a recursos del modelo de financiación, respetando su mayor esfuerzo fiscal, mientras que Canarias y Extremadura, por ejemplo, se situarían por debajo de la media.