Sumar pide a Sánchez “ir más allá” en el control de los precios de la vivienda y critica la exención a los propietarios en el IRPF

La vivienda es una de las cuestiones que más ha dividido a la coalición de Gobierno en los últimos años. Sumar, partidario de la intervención del mercado, ha celebrado el cambio de tono del socio, aunque ha pedido “ir más allá” para hacer que ese control sea “efectivo”. A través de su portavoz, Ernest Urtasun, la formación que lidera Yolanda Díaz ha sacado pecho al recordar que entre las iniciativas anunciadas hay medidas que llevan proponiendo meses, como la tributación del IVA de los pisos turísticos o la paralización de ventas de la Sareb para incorporar sus viviendas al parque estatal.

“Ese cambio en el discurso es sustancial. Si hemos llegado a este problema es porque PSOE y PP han compartido durante años que el mercado solucionaba por sí solo el problema”, ha afirmado sin eludir las críticas a algunas de las medidas del plan, en particular, la intención de aprobar la ley del suelo (a la que Sumar se opuso en Consejo de Ministros y que fue retirada en el Congreso por falta de apoyos) o la bonificación en el IRPF a aquellos propietarios que alquilen bajo el control de precios. Urtasun ha remarcado su desacuerdo con la exención del 100% del impuesto de la renta a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler a precios referenciados al nuevo índice de referencia. El responsable de Sumar ha apostado por aplicar sanciones para quien no cumpla con ese mecanismo de precios.

Tal y como ha explicado el ministro de Cultura, ahora toca discutir las fórmulas para aplicar esa intervención y ha reclamado al PSOE avanzar en cinco aspectos: impedir la compra de vivienda para uso especulativo y no limitarla solo a los extracomunitarios; condicionar los fondos de vivienda estatales a la aplicación del control de precios de alquiler por parte de las comunidades autónomas; someter a este sistema de control los alquileres turísticos y de temporada (ahora exentos); detallar la cuantía para el “despliegue” del parque público de vivienda en los próximos Presupuestos; y “estabilizar” los contratos de alquiler con plazos más largos para evitar las subidas de precio abusivas.

Podemos, que lleva tiempo marcando distancias con el Gobierno, se ha referido a la batería de medidas anunciada este lunes como “anuncio efectista de [Pedro] Sánchez y el PSOE”. “Todo lo que no sea bajar por ley un 40% los alquileres y prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir e ilegalizar pseudoempresas como Desokupa será tomar el pelo a la ciudadanía”, ha sentenciado Pablo Fernández, secretario de Organización del partido. “El Gobierno juega con fuego en materia de vivienda y se va a acabar quemando. (…) Rentistas y fondos buitre están frotándose las manos porque PSOE y PP parece que anuncian medidas diferentes, pero son las mismas”, ha censurado.

“Las medidas no responden a la situación”, según el sindicato de inquilinos

La reacción del sindicato de inquilinos ante las medidas anunciadas por Sánchez no se ha hecho esperar. La portavoz de la organización catalana Sindicat de Llogasteres, Carme Arcarazo, ha afirmado este lunes que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha ignorado en su conferencia las demandas que los manifestantes por la vivienda vienen reclamando en las calles. “Cuando buscamos piso, solo encontramos alquileres de temporada y contratos basura, y ninguna de las medidas anunciadas cambiará esto”, ha afirmado. “Las medidas anunciadas no responden en a las principales demandas: bajar los precios a la mitad, contratos indefinidos, regular los alquileres de temporada y prohibir las compras especulativas”.

Arcarazo, también ha mencionado que, tras el estallido social, Sánchez “ha modificado su discurso”, por lo que reconoce ahora que el uso financiero de la vivienda es contrario a garantizarla como un derecho. “Los ricos no paran de acumular cada vez más pisos mientras la gente no puede acceder a ellos, y cuando buscamos piso en el mercado de alquiler solo encontramos alquileres de temporada y contratos basura. Ninguna de las medidas anunciadas enfrenta esta situación”, ha sentenciado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres.

A esta reacción crítica al plan de vivienda de Sánchez, se suma la de varios actores del mercado inmobiliario y la construcción, quiénes señalan que el paquete es intervencionista y unilateral, por lo que exigen un pacto de Estado y un acercamiento de fuerzas políticas.

La docena de medidas en materia de vivienda presentadas este lunes —entre las que se incluye la exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios que alquilen según el índice de referencia, un aumento de la fiscalidad para los compradores extranjeros no comunitarios, un nuevo mecanismo de garantías para propietarios e inquilinos o un nuevo PERTE con fondos europeos dedicado a la construcción de casas— buscan estimular la asequibilidad y facilitar el acceso, especialmente entre los jóvenes. No obstante, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI), las ha calificado de genéricas. “El Gobierno sigue apostando por la política intervencionista, que no es la más adecuada”, ha manifestado la organización. Además, ha señalado que para garantizar la accesibilidad al mercado de la vivienda es necesario “un profundo estudio y consenso de las fuerzas políticas, pensando en un plan estratégico de Estado, si es que se quiere convertir a la vivienda en ese quinto pilar del Estado del Bienestar”.

En esta misma línea, la patronal del sector, FADEI — acrónimo de Federation of Associations of Real Estate Companies —, ha considerado que dado “el carácter nacional” del problema, no es suficiente acogerse a las propuestas por un solo partido político. “Algunas de las medidas anunciadas por Sánchez son buenas y otras, aunque bienintencionadas, son de difícil realización. Por eso necesitamos la unión de todas las fuerzas políticas”, ha precisado FADEI. “Este tipo de eventos son positivos para que todos los actores que toman parte en el mercado inmobiliario puedan trabajar juntos para afrontar la crisis de la vivienda”, ha concluido.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha hecho eco del llamado en contra de la politización: “La política debe atender a los problemas de los ciudadanos, por lo que hace falta bajar las armas”, ha demandado la organización. El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha asegurado que en las propuestas que tanto Gobierno como PP han hecho en torno a la Ley del suelo hay más similitudes que discrepancias, por lo que pide un pacto de Estado para desbloquearla.

“Gobierno y oposición deben atender a los problemas de los ciudadanos, no a los suyos propios. Y el de la vivienda es el mayor que encaramos como sociedad”, ha reiterado Fernández Alen. A tiempo de promover algunas de las propuestas, a su juicio, más eficaces. “La CNC valora toda medida que busque estimular la oferta de vivienda, liberar suelo edificable y promover bonificaciones fiscales”. Este proceder “sería más eficaz que el intervencionismo plasmado en algunas medidas desglosadas esta mañana y que podrían terminar agravando la inseguridad jurídica”, han añadido.

Algunas de las críticas puntuales de la CNC arremeten contra la creación de una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar, antes de “reforzar la colaboración público-privada”. Desde el punto de vista fiscal, la patronal ha defendido implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda, así como implementar un Programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los Módulos de los Planes de vivienda.

Asimismo, la organización Facua - Consumidores en acción, ha echado de menos que el Gobierno no haya atendido su pedido de expropiar el uso de las viviendas vacías a los grandes propietarios para que las destinen a alquileres a precios sociales regulados por la Administración. Esta fue una de varias reivindicaciones que la asociación trasladó el pasado octubre al presidente, según ha recordado Facua en un comunicado.

La respuesta del PP y de Comisiones Obreras

El Partido Popular ha tildado las medidas intervencionistas y de perseverar en el error. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha declarado este lunes en rueda de prensa que el jefe del Ejecutivo “dice cosas de imposible materialización”. En concreto, ha rechazado que se limite la compra por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, lo que el Gobierno hará al subir hasta el 100 % el gravamen fiscal, lo que consideran un riesgo para la inversión.

Los populares más bien defienden su propio plan de vivienda, presentado el pasado domingo en Oviedo, que apuesta por rebajas fiscales, liberar suelo, dar incentivos para sacar la vivienda en alquiler o por proteger a los propietarios con una ley antiokupación. Además, promueven una bajada del IVA al 4 % en la compra de nueva vivienda y siga así la línea a seguir de los barones del PP, que se han comprometido a reducir a los jóvenes el impuesto sobre transmisiones patrimoniales al 4% en las comunidades que gobiernan.

Esta respuesta, que contrasta con la del secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, que ha manifestado en sus redes sociales que el sindicato analizará la concreción y la intensidad de las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno en materia de vivienda. No obstante, considera que, hasta la fecha, estas medidas constituyen la “aproximación más ambiciosa” que se ha realizado para abordar el problema de la vivienda, “del que la política pública ha estado ausente” y en el que ha podido ser “parte del problema”.