El Constitucional estudia que se abra la posibilidad de que los funcionarios recuperen sus pagas extra íntegras

Catorce años después del polémico recorte salarial aplicado a los empleados públicos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la anulación de esta decisión podría llegar a debatirse en el Parlamento. La puerta a que se revierta este recorte la ha abierto el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite un recurso de amparo contra ...

Catorce años después del polémico recorte salarial aplicado a los empleados públicos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la anulación de esta decisión podría llegar a debatirse en el Parlamento. La puerta a que se revierta este recorte la ha abierto el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados del pasado 16 de mayo de 2023 en la que impidió la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por el sindicato de funcionarios CSIF, que tenía como objeto presentar una norma en el Parlamento que anulara el recorte de sueldos públicos aplicado por el Ejecutivo socialista en junio de 2010. Este ajuste formó parte del paquete de medidas para paliar el primer impacto de la crisis financiera de 2008.

En concreto, el Constitucional ha decido estudiar la posible anulación del veto aplicado por la Mesa del Congreso a que el sindicato promoviera esta ILP. El rechazo de la Mesa impidió así que CSIF intentara siquiera recabar el medio millón de firmas necesarias para que este tipo de iniciativas legislativas —que son la única vía directa de participación de los ciudadanos en la elaboración de una ley— se voten en el Parlamento. El tribunal toma esta decisión de admitir a trámite el recurso de este sindicato “porque concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional” debido a que “el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, según indica el texto del Constitucional al que ha tenido acceso este periódico.

Dichas consecuencias podrían derivarse del debate en el Congreso de la proposición de ley que pretende conseguir el sindicato a través de la ILP, que ahora podría tener que aceptar tramitar la Mesa de la Cámara baja si así lo decide el TC. Lo que pretende el CSIF con dicha norma es recuperar la estructura salarial previa al recorte del Gobierno de Zapatero, que dejó las pagas extra mermadas hasta la fecha. Por tanto, la decisión del Constitucional es solo un primer paso, ya que ahora el sindicato debe volver a poner en marcha todo el proceso para promover la ILP, buscando las 500.000 firmas necesarias para que el Parlamento debata la proposición de ley que anula el recorte estructural de las pagas extra de los empleados públicos.

Concretamente, la proposición de ley que esta central sindical quiere sacar adelante a través de la ILP busca derogar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que el Gobierno de Zapatero adoptó medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La primera de dichas medidas, recogida en ese primer artículo de la norma que ahora se pretende anular, establecía un recorte salarial del 5% de media a todos los empleados públicos (que llegó al 10% en los salarios más altos).

Dicho recorte se aplicó en toda la masa salarial pero, fundamentalmente, a través de la aminoración de las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad que cobran los empleados públicos. Según ha denunciado reiteradamente el sindicato CSIF, pese a las subidas salariales aplicadas con posterioridad a lo largo de estos 14 años, el recorte de las pagas extras nunca ha llegado a revertirse ya que quedaron mermadas en la estructura salarial de los empleados públicos hasta ahora.

Según las estimaciones hechas por este sindicato, dichas pagas extra se han visto recortadas en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces, inspectores de Hacienda, entre otros); en 1.020 euros menos al año en el grupo A2 (enfermeros, maestros…) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos…). Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta cinco meses en estos últimos 14 años, añaden. En total, CSIF ha estimado que esta merma salarial acumulada ha restado 30.000 millones de euros de los bolsillos de más de dos millones de trabajadores de todas las Administraciones.

Las razones del recurso

La Mesa del Congreso rechazó la admisión de la iniciativa legislativa popular al considerar que no se adecuaba a lo dispuesto en los artículos 2 y 5.2 de la ley que regula este instrumento legislativo, “en la medida en que afecta a materia presupuestaria”, señalaron los letrados de la Cámara baja en su justificación. Sin embargo, la comisión promotora de la ILP impulsada por el CSIF argumentó que esta supuesta afectación a las cuentas públicas no es una de las causas tasadas y previstas para la inadmisión a trámite de la norma.

Así, la comisión promotora acredita en el escrito del recurso que, además de que la regulación de las ILP no recoge la afectación a materia presupuestaria como causa de inadmisión, la iniciativa presentada, que persigue la anulación legal del recorte salarial de 2010, tampoco incluye propuesta alguna sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado o coste directo por estos conceptos. Lo que reclama únicamente es “una supresión normativa y una negociación en el seno de la Mesa General de las Administraciones Públicas para dar cumplimiento a esta supresión”. Esto significa que la intención del sindicato es llevar a cabo esta anulación de forma negociada con el Gobierno.

Dicho esto, los impulsores de la ILP aportan al Constitucional otros casos de iniciativas legislativas que, en el caso de haber salido adelante como leyes, podrían haber comprometido más gasto público y aun así fueron admitidas a trámite. Entre estas iniciativas que sí llegaron a promoverse están las proposiciones de ley para la reducción de la aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria de los pensionistas y sus beneficiarios, la eliminación del 30% del copago farmacéutico para los usuarios de Muface, o para la equiparación salarial de las Policías del Estado español.