Trabajo condiciona las ayudas de 6.000 euros por empresa al apoyo patronal para la reducción de jornada

El acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral por ley de 40 a 37,5 horas semanales en 2025 sigue sin estar al alcance del Gobierno. Los responsables del Ministerio de Trabajo han vuelto a fracasar este martes en el que ha sido un último intento de atraer a las patronales CEOE-Cepyme a este pacto: los representantes empresariales siguen sin estar dispuestos a respaldar una de las medidas estrellas del Ejecutivo de coalición. Si bien Trabajo ha emplazado a los agentes sociales a que, el próximo lunes 11 de noviembre, “den un sí o un no” definitivo a su propuesta final conocida este martes.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey ha puesto encima de la mesa “la última propuesta” del Gobierno, con la que “el perímetro de negociación ha quedado cerrado”, según ha dicho el número dos de Trabajo. Esta ha incluido como novedad la propuesta de dar ayudas económicas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura, tal y como adelantó este periódico.

Estas ayudas de las que podrían beneficiarse alrededor de 470.000 empresas, según los cálculos de Trabajo, y a las que el Gobierno está dispuesto a destinar 350 millones de euros estarán vinculadas a la mejora de la productividad digital en las microempresas. “Hablamos de estimular fórmulas de producción más eficaces, digitales, con nuevos canales de negocio”, ha dicho Pérez Rey, quien ha explicado que se ha escogido a los sectores mencionados por ser los que el Gobierno ha detectado que aún tenían jornadas más pegadas a las 40 horas semanales (la jornada media pactada en los convenios colectivos de más de 11 millones de trabajadores es de 38,2 horas semanales).

Sin embargo, los representantes empresariales, que han sido los únicos que no han comparecido este martes ante los medios de comunicación tras la reunión con Trabajo, no parecen contentos tampoco con estas ayudas. De hecho, fuentes patronales han calculado rápidamente que si se beneficiaran todas las empresas potenciales las ayudas no serían ni de 1.000 euros para cada una de ellas. En esta línea, los negociadores sindicales han asegurado que “no son optimistas” respecto a que la patronal vaya a respaldar un acuerdo para reducir la jornada tampoco con lo ofrecido ahora por el Gobierno. Es más, según estimaciones hechas por las empresas, el recorte de la jornada puede tener un impacto de entre 11.800 y 40.000 millones de euros, “mientras que las medidas del Gobierno para compensar no son reales”.

El número dos del Ministerio de Trabajo también ha sugerido que la postura de rechazo frontal de la patronal a este acuerdo obedece a planteamientos políticos. Por ello, ha pedido, tal y como ya hizo la semana pasada en el Congreso, “en especial a los representantes de las pymes y de los autónomos, que se centren en la representación de sus intereses y no en la política o en qué partidos o que personas están detrás de esta medida, que quieren la mayoría de la sociedad y de los trabajadores del país”. Y ha añadido: “Les pido que abandonen toda suerte de comportamiento ajeno a la representación de los intereses empresariales que representan”.

Las ayudas directas se sumarían al Plan pyme 375, consistente en bonificaciones en las cotizaciones de las nuevas contrataciones o conversiones de contratos a tiempo parcial en jornada completa que hagan las empresas de menos de 10 trabajadores y con volumen de negocio inferior a dos millones de euros anuales. Este plan ya fue rechazado por los empresarios a pesar de que Trabajo puso un cheque en blanco para que la patronal fijara el porcentaje de bonificaciones que incluirían estas subvenciones. Este martes, Pérez Rey ha precisado que, ante el silencio de los empresarios, “que no han hecho ninguna propuesta hasta la fecha”, Trabajo planteará que las bonificaciones estén entre el 20% y el 100%, primando la contratación de colectivos como jóvenes o mujeres subrepresentadas en determinados sectores de actividad.

Pero además, a la intención de cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ponga que la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales en cómputo anual para todos los trabajadores y de aprobar las citadas ayudas para incentivar este cambio, Trabajo pretende sumar también una reforma del actual modelo de registro horario diario de la jornada, que es obligatorio en todas las empresas. El cambio consiste en obligar a que dicho registro sea forzosamente digital (ahora puede realizarse por el sistema que escojan las empresas, incluido el papel) e interoperable desde la Inspección de Trabajo, de forma que los inspectores puedan acceder a estos registros de forma remonta siempre que lo requieran.

Es más, el Ministerio de Díaz ya ha dicho en varias ocasiones —y este martes se lo han exigido los sindicatos— que, de no salir adelante la reducción de jornada en el Parlamento, acometerá igualmente este cambio en el registro horario, ya que es algo que puede hacer unilateralmente en un desarrollo reglamentario. Además, la norma desarrollará algo más el derecho a la desconexión laboral de los trabajadores fuera de su jornada, algo que, en principio, no ha despertado el rechazo de ninguna de las partes.

Dicho esto, Pérez Rey ha advertido públicamente a los empresarios que si el próximo día 11 su respuesta es un no a esta última oferta del Ejecutivo, los dos paquetes de ayudas ofertados podrían decaer y no incluirse como acompañamiento al proyecto de ley. Y ha reiterado que el Ejecutivo llevará su propuesta “con toda celeridad” al Parlamento para recortar por ley la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual. “Si la patronal no entra en el acuerdo, el Gobierno intentará acordarla inmediatamente después con los sindicatos y la geometría de la propuesta cambiará y es probable que algunos elementos queden fuera”, ha advertido a las organizaciones empresariales el secretario de Estado.

Los negociadores sindicales, en la misma línea del ministerio, han dicho que respaldan las ayudas a las empresas “siempre en un marco de negociación tripartita”, según el negociador de CC OO, Carlos Bravo. Pero si el acuerdo final fuera solo entre Gobierno y sindicatos, ha añadido, estos últimos “tendrían otras prioridades” como la reforma del registro horario y el desarrollo del derecho de desconexión “porque las ayudas no son para las organizaciones sindicales ni para los trabajadores”.

Las patronales, sin embargo, no tienen hasta el momento intención de firmar ningún acuerdo que suponga la entrada inmediata de la reducción de jornada para todas las empresas en algún momento de 2025. Es decir, han vuelto a exigir —pero nunca por escrito en un documento de propuestas, ha resaltado Pérez Rey— que se respeten los convenios colectivos actualmente vigentes hasta que estos finalicen su vigencia (el periodo media de vigencia de los convenios es tres años). Sin embargo, ni el Gobierno ni los sindicatos están dispuestos a aceptar esta transitoriedad, que supondría un retraso considerable en la puesta en marcha de la medida y dejar a fuera a muchos trabajadores. “Los empresarios tampoco han propuesto cómo se recortaría por ley la jornada después de ese periodo transitorio”, se ha quejado el vicesecretario de Política sindical de UGT, Fernando Luján.