Luces largas y consensos para generar confianza
El Gobierno tiene que presentar el nuevo plan fiscal a siete años con reformas y medidas de ajuste antes del 20 de septiembre
En menos de tres semanas, España deberá comprometer con las instituciones comunitarias el núcleo de su política económica (presupuestos y reformas) para los próximos hasta siete años. Sería deseable un debate transparente y constructivo con agentes económicos, políticos y sociales relevantes para dar credibilidad y generar confianza al nuevo plan fiscal.
De acuerdo con las nuevas reglas europeas de coordinación eficaz de las políticas económicas y con la supervisión presupuestaria multilateral (Reglamento UE 2024/1263), los Estados miembros deberán preparar y presentar su plan fiscal-estructural nacional a medio plazo antes del próximo 20 de septiembre. Un plan que deberá ser implementado desde el inicio de 2025.
El elemento central de estos proyectos es el compromiso de que la tasa de crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional se mantenga en términos nominales por debajo de las tasas de crecimiento anuales que garanticen el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad de la deuda y cumplan con las salvaguardias previstas en las nuevas reglas. Deben incorporar, a su vez, la estrategia económica y fiscal (una descripción clara y con calendario concreto de medidas de ingresos o gastos y reformas estructurales) que se pretende aplicar para garantizar el cumplimiento de los compromisos que en él se establezcan.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, de acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la aplicación de las nuevas reglas comunitarias en España requerirá un ajuste fiscal (por la vía de ingresos, gastos o de ambos) de 0,43 puntos de PIB si se extiende a siete años (2025-2031), más de 6.000 millones anuales. Los presupuestos anuales de las diferentes Administraciones Públicas nacionales deberán ir aplicando anualmente los citados compromisos.
Dada la trascendencia de los compromisos presupuestarios y de reformas que debe contener este plan, la Comisión anima a los Estados a, además de mantener un diálogo previo con ella, que ya se ha iniciado, llevar a cabo un proceso de consulta con sus parlamentos nacionales, su institución fiscal independiente, la sociedad civil, los interlocutores sociales, las autoridades regionales y otras partes interesadas pertinentes. La propia Airef ya destacó que los planes deben establecerse para un período mínimo de cuatro años, sin posibilidad de revisión, salvo en circunstancias excepcionales. Eso hace conveniente la búsqueda de consenso en las medidas que subyacen a esos planes.
Mientras se atisba la segunda prórroga presupuestaria de la nueva legislatura, no se han aprobado aún los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027, están pendientes de aprobación antes de final de este año más de diez normas con rango de ley para cumplir con los compromisos del 5º y 6º pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ―entre otras, una reforma fiscal― y se ha comprometido una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica, Bruselas requiere poner las luces largas de la planificación económica.
Urge, en consecuencia, activar un proceso de diálogo transparente y constructivo con los agentes económicos, políticos y sociales relevantes para dar credibilidad a la senda económico fiscal para los próximos años y generar confianza en torno a ella.
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