La ministra de Vivienda afirma que la caída de la oferta del alquiler no se puede vincular solo a la nueva ley

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido este jueves en Barcelona a las voces que aseguran que la ley de vivienda aprobada el año pasado ha provocado una caída de la oferta de pisos de alquiler. “La retirada o no de la oferta de alquiler no es exclusiva del año de vigencia de la ley, ni a los tres meses [de aplicación de la regulación de rentas en Cataluña]. Si se analizan datos anteriores a la ley, de 2019 a 2023, ya se retiraron viviendas residenciales para otros fines. Hay informes privados [de Idealista, en este caso] que hablan de un 28% de retirada en ese periodo”, ha respondido sobre el impacto de la nueva norma en el mercado. “Soy consciente de que los debates políticos trascienden a la norma y a veces es más difícil combatir una sensación que la realidad”, ha zanjado durante un acto en el Círculo de Economía donde también ha revelado que, junto al Ministerio de Universidades, estudian forzar a las universidades privadas a crear residencias cuando se implantan en pequeñas ciudades. Además, ha culpado a las comunidades autónomas de no aplicar el seguro de impago de alquiler que prevé el Plan de Vivienda.

Rodríguez ha sido invitada por el Círculo la misma semana que el grupo de presión barcelonés ha presentado una nota sobre vivienda. Un trabajo donde apuesta por fomentar la colaboración público-privada para hacer pisos sociales, por recurrir al alquiler concertado y cuestiona la regulación del alquiler. Tras exponer la hoja de ruta del Ministerio, las preguntas del coloquio han ido al grano y con peticiones concretas por parte de empresas del sector. De ahí la respuesta de la ministra sobre la retirada de oferta. La pregunta que le había hecho la directiva de Colonial Carmina Ganyet era si el Ministerio tiene alguna intención de transformar las zonas declaradas tensionadas para que la oferta no se retraiga. Rodríguez también ha defendido el “rigor técnico” con el que se puso en marcha el índice de precios en Cataluña, con la colaboración de profesionales de la Generalitat.

La seguridad jurídica que reclama el sector inmobiliario ha sido objeto de otra cuestión, en este caso de Miguel Trias, del despacho Cuatrecasas y vocal de la junta directiva del Círculo. El jurista ha alertado de que los cambios introducidos en la ley de Enjuiciamiento Civil que permiten a las familias vulnerables permanecer en sus viviendas si los caseros son de grandes tenedores, perjudican a los caseros: “El capital está globalizado y si no ofrecemos seguridad jurídica se irá a otra parte”, ha asegurado, y le ha pedido “rectificar de forma inmediata, como en la Ley del sí es sí”. “¿Existe la posibilidad de rectificar en la vulnerabilidad?” ha insistido. La ministra ha respondido que “la vulnerabilidad supera la política de vivienda y “se ha de afrontar desde otras políticas de derechos sociales y atención a las personas”. Y también que “la morosidad no es un problema con el alquiler, es irrelevante según las asociaciones inmobiliarias con las que me reuní recientemente”. En cualquier caso, ha afirmado, el programa 10 de Plan Estatal de Vivienda “preveía apoyar con una garantía las rentas, un seguro de rentas, que podrían utilizar las autonomías, pero no lo han hecho”; y que la Ley de Vivienda prevé “fondos contra los impagos”.

Preguntada por las tensiones que provoca en el mercado el alquiler de temporada, Rodríguez ha revelado que el Gobierno ha detectado que, “en ciudades donde se implantan universidades se tensiona el mercado del alquiler”. “Igual hay que condicionar la implementación de universidades privada a que vengan con una residencia bajo el brazo”. La ministra ha señalado también que este verano el Ministerio comenzará a trabajar en el nuevo Plan de Vivienda, y que para acertar en los diagnósticos se creará una nueva dirección general para trabajar los datos.

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