La Airef pide que el plan de ajuste que exige la UE se pacte con la oposición y las comunidades

Falta poco para que España y sus socios comunitarios pongan negro sobre blanco los deberes que les exige el nuevo marco fiscal europeo. A la vuelta del verano, el próximo septiembre, los Estados miembros con desfases en sus cuentas —como es el caso de España, pero también de otros grandes del bloque, con Francia a la cabeza— deberán presentar a Bruselas sus planes de ajuste, que serán a cuatro o a siete años y que ya no podrán ...

Falta poco para que España y sus socios comunitarios pongan negro sobre blanco los deberes que les exige el nuevo marco fiscal europeo. A la vuelta del verano, el próximo septiembre, los Estados miembros con desfases en sus cuentas —como es el caso de España, pero también de otros grandes del bloque, con Francia a la cabeza— deberán presentar a Bruselas sus planes de ajuste, que serán a cuatro o a siete años y que ya no podrán actualizarse cada primavera como ocurría hasta ahora. Por ello, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal (Fiscal), ha pedido que en su diseño participen también la oposición y las demás Administraciones, en particular las comunidades autónomas, responsables de gestionar la mitad del gasto público. “Vamos a necesitar consenso”, ha dicho este miércoles en la clausura del III Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol.

Herrero ha pedido que el plan se presente en el Congreso tras recordar que, en el flamante marco presupuestario de la UE, el déficit estructural ya no será la variable crítica de control. Los focos estarán puestos sobre el gasto primario neto de medidas de ingresos. Es decir, los desembolsos públicos excluidos los intereses, el componente cíclico del desempleo y los proyectos europeos, también aquellos que tienen una parte cofinanciada nacionalmente. “No es baladí el cambio de variable. Supone una nueva forma de enfrentarnos a la política presupuestaria”, ha subrayado. “Las comunidades autónomas gestionan el 50% del gasto del país y deben interiorizar el plan, pero no se puede contar con ellas si no se incluyen en su elaboración”, ha detallado la presidenta de la Airef a modo de ejemplo. “Es verdad que el momento político es difícil, pero no puede ser como una profecía autocumplida. Vamos a necesitar un consenso, aunque solo sea una hoja de ruta, para los próximos años”.

Otra de las grandes novedades del esquema, que reduce la rigidez, es que los países podrán presentar planes individualizados, en principio de cuatro años, ampliables a siete bajo el compromiso de llevar a cabo reformas e inversiones en ámbitos considerados estratégicos por la UE —transiciones digital y ecológica y seguridad—. No se trata de una hoja en blanco, de hecho los países recibirán en junio una trayectoria técnica de la Comisión. El objetivo es asegurarse la sostenibilidad de las finanzas públicas colocando la tasa de deuda en una senda decreciente y el déficit por debajo del 3% del PIB. Según los cálculos de la Airef, será necesario un ajuste del 0,64% al año si el plan es a cuatro años, y del 0,43% si abarca un periodo de siete —que parece la opción más probable para España—.

“Es necesario implementar sin demora plan de sostenibilidad a medio plazo”, ha coincidido Carlos Thomas, director general adjunto de Economía e Investigación del Banco de España y uno de los asistentes del foro, titulado La fiscalidad española ante el nuevo escenario económico global. Thomas ha subrayado que, sin consolidación, la deuda volverá a situarse en el entorno del 120% del PIB para 2030. “El plan de consolidación debería basarse en amplios consensos económicos, políticos y sociales e involucrar a todas administraciones públicas con responsabilidad en materia presupuestaria”.

“El déficit se va a estabilizar en 3,2% [hasta 2028] sin medidas”, ha añadido Esther Gordo, directora de Análisis Económico de la Airef. “Hay presiones sobre el gasto que afectan a todas las Administraciones públicas”, ha añadido, antes de que Judith Arnal, investigadora sénior asociada en el Real Instituto Elcano, hiciera hincapié en la importancia que también tiene la gestión de la deuda.

Retos

España ya ha reducido con fuerza su tasa de pasivo desde el pico alcanzado por la pandemia, que sin embargo continúa siendo una de las más elevadas del entorno, del 107,7% del PIB a cierre de 2023. Además, el descenso ha sido más bien inercial, impulsado por un crecimiento económico intenso tras el hundimiento de 2020 y aupado por la inflación que ha disparado la recaudación fiscal y funcionado como un bálsamo sobre la tasa de deuda. Pero las previsiones para el futuro son menos halagüeñas. Es cierto que España seguirá creciendo en el corto plazo por encima de la media de la eurozona, pero lo hará con menos brío. Además, los precios están amainando, lo que se reflejará en los ingresos; los tipos de interés son más altos, y hay grandes retos por delante como el envejecimiento de la población y la lucha contra el cambio climático.

“En el caso de España, [la Comisión Europea] se espera un crecimiento superior a la zona euro, pero la composición importa a la hora de determinar perdurabilidad del crecimiento”, ha matizado Herrero al señalar la imperante necesidad mejorar la productividad y dar un así un impulso decidido al PIB que modifique la curva de la actividad de manera estructural. “En el caso de la deuda importa la dinámica. No sé decir qué nivel es sostenible, pero una senda ascendente no lo es, encima en un contexto de tipos de interés más altos”, ha añadido.

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