CEOE acusa al Gobierno de “querer romper el diálogo social” por abrir la puerta del CES a las patronales autonómicas

Las cúpulas patronales de CEOE, Cepyme y ATA han salido en bloque este miércoles para rechazar varias de las cuestiones incorporadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley que reforma la protección por desempleo aprobado este martes. Tras reunirse el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE, los empresarios han emitido un comunicado en el que acusan al Ejecutivo de “querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses”.

De esta forma se han referido a la modificación normativa del Consejo Económico y Social (CES), incluida en dicho decreto, con la que el Gobierno ha abierto la puerta de este organismo a las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito autonómico y no solo a las estatales, que eran las únicas presentes hasta ahora.

Pero más duros aún han sido los empresarios catalanes de CEOE. La patronal Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, y que podría resultar una de las más perjudicadas por la apertura del CES a las asociaciones empresariales autonómicas más representativas, ya que su rival Pimec podría acceder a este organismo gracias a este cambio legislativo, ha acusado directamente al Gobierno de “filibustero y autoritario por dinamitar conscientemente el diálogo social”. Es más, en otro comunicado, Foment considera que estas actuaciones unilaterales del Ejecutivo “llevan a pensar que su intención es legislar contra los empresarios”.

En esta misma línea, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha rechazado también este miércoles “el intervencionismo al alza del Gobierno” y ha advertido que “las iniciativas legislativas unilaterales, prescindiendo del marco del diálogo social, están haciendo tambalear los equilibrios alcanzados en la reforma laboral”.

Reprobación

Estas acusaciones de CEOE han llegado precedidas en el comunicado de firmes críticas, ya manifestadas este martes por fuentes empresariales, a la medida, también incluida en el citado decreto, que aprueba la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales si se cumplen determinadas circunstancias. Los representantes empresariales —al igual que también hicieron ayer los sindicales de UGT y CC OO— han rechazado que con este cambio el Gobierno haya modificado “de forma radical” la estructura de la negociación colectiva.

Por ello, las patronales reprueban que el Ejecutivo “siga ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores”.

En este sentido, los empresarios vuelven a recordar que el hecho de que estos cambios no hayan sido negociados formalmente con empresarios y sindicatos supone “saltarse la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución” cuando se abordan cuestiones de calado de la negociación colectiva.

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