La España vacía recibe solo el 14% de la inversión de las empresas públicas estatales
Madrid, Cataluña y Andalucía acaparan el 40% del total, según los datos publicados por Hacienda para calcular las balanzas fiscales
Las empresas públicas estatales solo destinan el 13,9% de sus inversiones a la España vacía. Estas sociedades imputan un gasto de 614.888 millones en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, las comunidades que más sufren los estragos de la despoblación, de un total de 4.422.787 millones. Así se desprende de la primera tanda de datos publicada por el Ministerio de Hacienda para calcular las balanzas fiscales, una exigencia que Junts puso al Gobierno para avalar tres decretos leyes que se votaron en una superjornada en el Congreso el pasado 10 de enero. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son la otra cara de la moneda: acaparan el 40% de toda la inversión, con la región de la capital a la cabeza.
Los datos hacen referencia a 2021 y han sido publicados bajo petición de la formación independentista como primer paso para calcular las balanzas fiscales, es decir el saldo entre los ingresos y los gastos públicos en un determinado territorio. Cataluña lleva años denunciando la existencia de un déficit que le perjudica, y que ha valorado recientemente en más de 20.000 millones aunque no exista una metodología oficial para calcularlo. De hecho, Hacienda ha dejado de publicar hace una década las balanzas fiscales y la información que acaba de divulgar son unos datos brutos —aún incompletos, a la espera en las próximas semanas de sacar una nueva tanda de números— para que cada quien saque sus conclusiones.
Sí está disponible la información sobre cuánto invierten empresas públicas como Adif, Renfe, la SEPI o Enaire en cada territorio. Las cuatro comunidades antes mencionadas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, son destinatarias, respectivamente, de un 6,5%, 1,7%, 4,1% y 1,6% del total. Si se compara con la población real —sin ponderar por criterios geográficos y demográficos—, lo que las sociedades públicas imputan en las autonomías con más sangría residencial supone medio punto menos con respecto a la población que representan (un 13,9% frente a un 14,4%).
Adif-Alta Velocidad es la empresa que más invierte en términos absolutos en Castilla y León y Extremadura. En Castilla-La Mancha, al contrario, el gasto más voluminoso es el de Renfe, al igual que en Aragón. Por otro lado, Castilla y León y Aragón reúnen la casi totalidad de la inversión realizada por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA): acaparan casi el 99% del total. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) destina más de un 16% de su inversión en Castilla-La Mancha, más o menos el mismo porcentaje que dedica Paradores a Extremadura.
La inversión de las empresas públicas del Estado es solo una pequeña parte —y con datos brutos— de la información necesaria para calcular las balanzas fiscales, que se nutren de cifras sobre financiación territorial, Seguridad Social y otros grandes ingresos y gastos de las Administraciones. Existen dos grandes enfoques para computarlas, que dan resultados muy distintos que han sido usados como arma arrojadiza en el debate político: el monetario y el de carga-beneficio. El primero, que utiliza Cataluña, imputa gastos e impuestos directamente en los territorios donde se realiza el desembolso o recauda. El segundo identifica los beneficiarios del gasto o los contribuyentes con independencia de donde vivan.
Un ejemplo: con el criterio monetario, la inversión que supone una base militar en Zaragoza solo computaría ahí, sin considerar que el gasto en Defensa va en beneficio de todo el país. Lo mismo ocurriría con la construcción de una línea ferroviaria que sale de Madrid hacia otras comunidades. El enfoque carga-beneficio, al contrario, intenta repartir los costes y los ingresos entre territorios.
El 20% va a Madrid
La Comunidad de Madrid concentra casi el 20% de la inversión total de las empresas públicas, por un total de 866.074 millones, casi el doble de Cataluña, que le sigue en segunda posición con el 11,6% (515.223 millones) y Andalucía (489.311). Estas tres autonomías suponían en 2021 el 42% de la inversión y el 48% de la población real: 22,9 millones de personas —siempre sin ajustar por criterios demográficos y geográficos, teniendo en cuenta que no es lo mismo una población joven y densa que una envejecida y dispersa—.
Madrid atrae más de la mitad de la inversión que Renfe realiza en el territorio nacional, mientras que Andalucía es la autonomía donde Puertos del Estado y Autoridades Portuarias imputan el grueso de su gasto (24%). Andalucía, por su parte, acapara el 57,4% del gasto de la sociedad de transporte SEITTSA.
Si la mirada se pone en las empresas, las mayores inversiones son las de Adif-Alta Velocidad (1.089.733 millones), Enaire (799.804), Adif (708.576), Renfe (644.583), Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (359.353), SEPI (216.278) y SEITTSA (108.522). Y una buena porción del total, 589.790 millones, no se imputa a ninguna autonomía: no está territorializada.
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