Los empresarios catalanes exigen en bloque un nuevo sistema de financiación autonómica

La mejora de la financiación autonómica es desde hace muchos años una de las piezas más preciadas para los empresarios en Cataluña, entendida como una de las fórmulas que podría calmar los ánimos políticos en la comunidad autónoma. Ahora una veintena de organizaciones económicas y empresariales, en un gesto de unanimidad que no se recuerda en material fiscal, se han unido para exigir “una reforma ambiciosa”, con tres propuestas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, sin cifras que van desde una “profunda” mejora del actual sistema a un pacto fiscal.

El momento no es casual. El ...

La mejora de la financiación autonómica es desde hace muchos años una de las piezas más preciadas para los empresarios en Cataluña, entendida como una de las fórmulas que podría calmar los ánimos políticos en la comunidad autónoma. Ahora una veintena de organizaciones económicas y empresariales, en un gesto de unanimidad que no se recuerda en material fiscal, se han unido para exigir “una reforma ambiciosa”, con tres propuestas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, sin cifras que van desde una “profunda” mejora del actual sistema a un pacto fiscal.

El momento no es casual. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, tiene intención de presentar este mes de marzo su propuesta de financiación singular, que pactó negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante su última investidura. Y el PSC está elaborando también un documento para acabar de fijar su posición en el debate. Instituciones del peso de la Cámara de Comercio de Barcelona ―que ha liderado los trabajos según diversas fuentes consultadas―, el Círculo de Economía o las patronales Foment del Treball y Pimec rubrican la petición conjunta (que previsiblemente se oficializará este martes), que muestra el apoyo a las formaciones catalanas y, sobre todo, mete presión a La Moncloa, que tiene pendiente ese debate desde hace al menos 10 años y que ahora lo tiene complicado por el predominio autonómico del PP.

Las entidades no han fijado una propuesta concreta como preferida, pero marcan como máximos el pacto fiscal del que disfrutan País Vasco y Navarra. Es decir, Cataluña podría administrar y recaudar todos los tributos que se pagan en la comunidad, acabando con la participación en la cesta de impuestos actual y los tres fondos que acaban definiendo el reparto. Los firmantes del documento consideran que ese sistema, que ya fue demandado por Artur Mas en octubre de 2012 cuando era presidente antes del inicio del proceso independentista, obligaría a la Generalitat a hacer una gestión responsable y a asumir un mecanismo de solidaridad.

El pacto fiscal es también la base de lo que anhela el Govern, como parte para resolver el repetido déficit fiscal: la diferencia de recursos que se pagan en Cataluña como impuestos y los que vuelven, ya sea en forma de transferencias para los Presupuestos, gastos de la Administración central en Cataluña o inversiones en infraestructuras. Según los últimos cálculos de la Generalitat, ese agujero fue de casi 22.000 millones de euros, el equivalente al 9,6% del PIB, que la consejera Natàlia Mas ha calificado de “castigo”.

El otro modelo más ambicioso que han puesto en el radar las instituciones es el federal, utilizado en Estados Unidos, que se abriría al resto de territorios. Estado y comunidades autónomas compartirían ingresos, pero el gran cambio respecto al modelo actual es que los gobiernos regionales contarían con los recursos que ingresan el mismo año, sin esperar al sistema de adelantos y liquidaciones posteriores para equilibrar previsiones e ingresos reales que caracterizan al actual modelo de financiación.

Un reparto más claro de los recursos

La tercera gran opción es actualizar el modelo actual, con un reparto más claro de los recursos entre comunidades y asegurando su autonomía financiera, además de capacidad de gestión tributaria. Los empresarios consideran que las comunidades deberían tener mayor participación en los impuestos estatales, que en definitiva representan el grueso de sus ingresos a través del modelo de financiación.

En el caso de Cataluña, es del 84%. Pero en el fondo, lo que hay detrás de la demanda es mayor claridad y dotar de mayor capacidad para conocer los recursos con los que se contarán antes de cada ejercicio. Por ejemplo, reformar o finiquitar el modelo de adelantos a cuenta del sistema de financiación. Pero, sobre todo, acabar con los tres fondos de reparto existentes actualmente, que acaban desvirtuando los criterios generales de reparto.

Las organizaciones económicas y empresariales firmantes, entre las que también se encuentran el lobby FemCat, el club automovilístico RACC o el Colegio de Economistas de Cataluña, se ponen al lado de la Generalitat en una de sus reivindicaciones históricas: el respeto al principio de ordinalidad, incluido además en el Estatuto de Autonomía. Es decir, que una comunidad autónoma no pueda superar a otra en la clasificación de ingresos disponibles per cápita después de producirse la redistribución de recursos a partir de los mecanismos de solidaridad.

Cada verano, el Departamento de Economía y Finanzas repite el mismo ejercicio: toma los datos de la liquidación del último ejercicio publicado y calcula cuántos euros aportó a la caja común de promedio cada catalán y cuántos acabó recibiendo —de hecho, lo hace para todas las comunidades autónomas—. En 2021, por ejemplo, y siempre según sus cálculos, aportó al sistema común 3.153 euros y recibió 2.848. Es decir, siendo la tercera comunidad que más aporta, después de la redistribución queda en la décima posición. Es un problema que padecen también Baleares y Madrid.

Desde que se aprobó el actual modelo, solo se ha cumplido ese demandado principio de ordinalidad en una ocasión, en 2009. Y las instituciones empresariales que ahora se suman a la reivindicación consideran que ese desajuste no es equitativo y que condiciona las mejoras de la actividad económica de las comunidades más ricas. Hay otro elemento más novedoso que esta propuesta exige incluir en los fondos de redistribución, que actualmente se fijan básicamente en cuestiones de población o insularidad. Se trata de las diferencias del coste de la vida, al considerar que ese elemento acaba impactando como una pérdida de renta familiar disponible real.

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