Las defensas del juicio a Rato multiplican la ofensiva para sacar de la causa miles de documentos intervenidos

Los abogados de los acusados en el juicio contra Rodrigo Rato han intensificado la ofensiva para tratar de anular indicios clave incorporados al sumario, como ya hizo el pasado viernes la abogada del ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno con el PP. La Audiencia Provincial de Madrid ha acogido este lunes la segunda sesión de la vista oral y varias defensas —como la de...

Los abogados de los acusados en el juicio contra Rodrigo Rato han intensificado la ofensiva para tratar de anular indicios clave incorporados al sumario, como ya hizo el pasado viernes la abogada del ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno con el PP. La Audiencia Provincial de Madrid ha acogido este lunes la segunda sesión de la vista oral y varias defensas —como la del asesor fiscal Domingo Plazas y la de Santiago Alarcó, excuñado de Rato— han denunciado irregularidades y vulneraciones de derechos durante la instrucción de la causa, que sienta en el banquillo a más de una quincena de personas físicas y jurídicas por delitos fiscales, blanqueo, falsedad y corrupción, entre otros.

El juicio, que comenzó el viernes, se encuentra inmerso en la fase de cuestiones previas. Después de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la letrada de Rato expusieran las suyas durante la primera jornada, el resto de partes implicadas ha hecho lo propio este lunes. Una vez han acabado todos, pasadas las 15.00, el tribunal ha decidido suspender la sesión del martes (para que puedan estudiarse lo planteado) y han acordado reanudar la vista el próximo miércoles. Después, los magistrados prevén parar hasta el 8 de enero, cuando se retomará el proceso con la declaración de los primeros testigos.

La defensa del asesor fiscal y abogado Domingo Plazas, de quien Rodrigo Rato era cliente, ha protagonizado buena parte de la sesión de este lunes. Según la Fiscalía Anticorrupción, Plazas “administraba” una de las empresas (Kradonara) usadas en la “opaca” trama societaria gestada por el expolítico, y se encargaba de “organizar la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury”. De hecho, cuando se ejecutaron los primeros registros el 16 de abril de 2015, se entró en sus despachos de Cádiz y Madrid, y se intervino documentación.

Una actuación que, en opinión de la defensa de Plazas, fue abusiva. Sobre el registro del inmueble de Cádiz, donde los investigadores situaban la sede de Kradonara, la abogada ha expuesto que se trataba de una de las sedes del despacho de abogados del asesor fiscal y, por tanto, “se registró un despacho de abogados sin permiso”. Sobre la entrada en el despacho de Madrid, la letrada ha expuesto que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinieron información de forma indiscriminada, sin hacer ascos a llevarse papeles de otros clientes que no se encontraban entre los investigados: “Los agentes procedieron al copiado masivo: todo el servidor, todos los clientes... ¡Todo! Se llevaron también una copia de seguridad antigua, copiaron los ordenadores de muchos empleados, de las secretarias. Copiaron lo que quisieron”, ha insistido la defensa, que ha pedido anular los autos judiciales que dieron luz verde a ambos registros. Lo que supondría, por tanto, sacar de la causa todas las pruebas obtenidas durante los mismos.

La abogada de Plazas ha mantenido igualmente que parte de los delitos fiscales atribuibles a su cliente habrían prescrito, y ha añadido que otros no podrían considerarse como tales, ya que la supuesta cuota defraudada no superaría, según su tesis, los 120.000 euros del “umbral” mínimo previsto para poder acusar por ellos en la vía penal. “Estamos aquí sometiendo al plenario a mi patrocinado por unos hechos que no pueden ser considerados delitos. De nuevo, rogamos la expulsión de estos concretos hechos del enjuiciamiento”, ha apuntado la letrada.

El abogado de Santiago Alarcó, excuñado de Rato, se ha movido en una línea similar y ha argumentado que los delitos de blanqueo que se le imputan habrían prescrito. Esta defensa, que ha pedido la nulidad de las actuaciones y la absolución, ha dicho que se han vulnerado sus derechos al no haberle dado acceso a la documentación del sumario hasta pocas semanas antes de procesarlo: “Se ha dado una vulneración del principio de igualdad de armas”, ha indicado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Alarcó “manejaba las cuentas en el extranjero” de Rato y gestionaba sus “estructuras societarias”.

La Fiscalía, que ha pedido una condena de cerca de 70 años de prisión para el exministro por esta causa, asegura que Rato “mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades” extranjeras, con las que ejecutaba “actividades de inversión financiera” mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en “Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza y Mónaco, entre otros lugares”. El ministerio público calcula que el incremento patrimonial no justificado del expolítico, entre 2005 y 2015, supera los 15 millones de euros; y cifra las cuotas defraudadas a Hacienda en más de ocho millones y medio. La acusación añade que, durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia, cobró “comisiones” ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios.

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