Las empresas cotizadas pagan sus facturas cuatro veces más tarde de lo que les requerirá Bruselas el próximo año

La Unión Europea inicia la cuenta atrás para que las empresas cumplan con el plazo para sus pagos. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a un millón de pymes y autónomos que a su vez emplean a 4,5 millones de trabajadores, pide a las compañías cotizadas que tomen medidas para reaccionar cuanto antes con el futuro reglamento europeo acerca del plazo de pagos, que se aprobará en el mes de febrero y obligará a pagar a 30 días, con sanciones para quien no los cumpla....

La Unión Europea inicia la cuenta atrás para que las empresas cumplan con el plazo para sus pagos. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a un millón de pymes y autónomos que a su vez emplean a 4,5 millones de trabajadores, pide a las compañías cotizadas que tomen medidas para reaccionar cuanto antes con el futuro reglamento europeo acerca del plazo de pagos, que se aprobará en el mes de febrero y obligará a pagar a 30 días, con sanciones para quien no los cumpla.

El informe Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados, con datos referidos al primer semestre de 2022, pone de manifiesto que las empresas cotizadas cobran prácticamente en el plazo fijado, a una media de 61 días, pero que esa agilidad en el trámite no se traduce en sus pagos. Esos tiempos de liquidaciones en las facturas “perjudican gravemente a sus proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el presidente de esta plataforma, Antoni Cañete.

“Algunas de estas grandes compañías van acumulando el líquido en lugar de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores, financiándose, en cierta manera, a costa de ellos y vulnerando la ley a través del uso de su posición de dominio”, afirma el dirigente de la PMcM.

Hace ya un mes y medio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aprobó anunció un paquete de medidas para relajar las medidas económicas de las pequeñas y medianas empresas. Una de esas medidas fue la aprobación de un reglamento que haga frente a la morosidad y que sea una autoridad competente la que se encargue de vigilar a cada uno de los países para asegurar que están cumpliendo con las normas.

Esta iniciativa, prevista de que se apruebe en los próximos meses, establece una sanción a las compañías y Administraciones públicas morosas, además de establecer un plazo de pago máximo de 30 días, en lugar de 60 días como establecido hasta ahora.

Por sectores, el informe presentado este martes plasma que el sector de la información y comunicaciones es el que arroja una mayor demora en la liquidación de sus facturas, con una media de 337 días; seguido por la construcción y actividades inmobiliarias (176 días); en tercer lugar el comercio y la hostelería (132 días); y fuera del ranking se encuentran la industria (78 días) y la energía (72 días).

Por otro lado, los principales sectores de actividad de las empresas cotizadas (IBEX y el resto del mercado continuo) presentan una media de plazos que se encuentra por encima del máximo que permite la legislación actual. El caso más llamativo del informe es el de la información y comunicaciones, que alerta de una mayor demora en la liquidación de las facturas. Los plazos medios de pago de este indicador llegaron a los 337 días durante los primeros seis meses del 2022 (y en el mismo periodo del año anterior a 275 días), por lo que el documento advierte de un aumento del 23%.

Por detrás de este sector se encuentra el de la construcción y actividades inmobiliarias, con un total de 176 días (cinco menos que en el mismo periodo del anterior ejercicio; comercio y hostelería, con 132 días, es decir cuatro días más que en el mismo periodo del pasado año; industria con 78 (cinco días menos); y por último, energía (18 días menos).

Además, Cañete ha denunciado que no se está cumpliendo con los criterios de información para acceder a esas subvenciones. Solo el 34,7% de las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, según el último informe de 2023 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El informe refleja que la construcción y actividades inmobiliarias repite como el sector que presenta unos datos de cobro más largos. Durante los primeros seis meses del pasado año, las empresas de ese ámbito cobraron sus facturas en 99 días, cuatro más que en 2021.

Por otro lado, el plazo de medio de cobro de las compañías del sector información y comunicaciones llegó hasta los 68 días, a continuación se encuentra la energía, con 66 días, en tercer lugar se sitúa la industria con 50 días, y por último está el comercio y la hostelería con 24 días.

La burocracia asfixia a las pymes

El presidente de la Plataforma contra la Movilidad ha lamentado que ya son muchas las compañías que sí que han recibido los cobros a tiempo, pero que la burocracia hace que tarde más a la hora de efectuar los cobros, por lo que “perjudican gravemente a sus proveedores, principalmente a pymes y autónomos”.

No obstante, las grandes plataformas van acumulando el líquido en lugar de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores, financiándose, según ellos, “a costa de ellos” y “vulnerando” la ley por su posición dominante sobre otras empresas con menor tamaño.

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