Vodafone deja a su suerte a la plantilla, que sufrirá otra oleada de despidos tras la compra por Zegona

Margherita Della Valle, la consejera delegada del grupo Vodafone, ha decidido deshacerse de la filial española lo antes posible. Para ello, ha dejado manos libres a Zegona para que, entre otras cosas, realice despidos una vez se complete el traspaso de la gestión, previsto para el primer trimestre de 2024...

Margherita Della Valle, la consejera delegada del grupo Vodafone, ha decidido deshacerse de la filial española lo antes posible. Para ello, ha dejado manos libres a Zegona para que, entre otras cosas, realice despidos una vez se complete el traspaso de la gestión, previsto para el primer trimestre de 2024 tras acordar la venta de la operadora por 5.000 millones de euros. La plantilla, ahora integrada por unos 4.000 empleados, sufrirá una nueva oleada de despidos, como ha admitido el fondo británico en la documentación remitida a la Bolsa de Londres con los detalles de la operación.

Y es que, a diferencia de otras operaciones en el sector y pese a las reiteradas llamadas a la tranquilidad de la actual dirección de Vodafone España, en el acuerdo de venta a Zegona no se contempla ninguna garantía para mantener el empleo ni se ha contado con los sindicatos para la negociación del acuerdo.

En efecto, Zegona ha señalado oficialmente su intención de aplicar un plan de “despidos selectivos” para aligerar los costes de personal que considera excesivos y muy por encima del resto de grandes operadores. Unos despidos “selectivos” que pueden convertirse en masivos, ya que el fondo destaca en el prospecto la ineficiencia de la estructura de costes de personal, y pone como ejemplo a seguir a MásMóvil, el rival que con la mitad de plantilla (1.900 trabajadores actualmente) consigue mejores resultados que Vodafone España, tanto en ingresos como en captación de clientes. También relata que los costes de personal de la empresa adquirida suponen el 7,1% de los ingresos en el último año fiscal (terminado en marzo de 2023), un 16% mayores que los de Euskaltel, cuando Zegona controlaba la cablera vasca.

El fondo no oculta su animadversión a la política laboral seguida hasta ahora por la multinacional, y alerta de la fuerte implantación sindical en la compañía, el convenio colectivo vigente e incluso la legislación española, al restarle “flexibilidad” a la hora de acometer una reestructuración de plantilla y avisa de las previsibles huelgas que provocarán esos ajustes. “El convenio colectivo de Vodafone España impone determinadas obligaciones y restricciones impuestas por la legislación española que pueden afectar negativamente a su flexibilidad para emprender ajustes en su plantilla, reestructuraciones, reorganizaciones y acciones corporativas similares en el momento oportuno. Además, cualquier medida de reestructuración o reorganización que Vodafone España tenga éxito en su ejecución puede tensar las relaciones con los empleados y sus representantes”, se lee en el folleto.

Hasta la mitad de la plantilla

Un ajuste de plantilla que se da por seguro y que, según fuentes sindicales consultadas por este diario, se temen que pueda afectar incluso hasta a la mitad de la plantilla. Y es que el acuerdo de venta, al haberse negociado directamente desde Inglaterra y sin ninguna participación de los gestores de la filial española, no introduce ninguna cláusula de salvaguarda para los trabajadores como suele suceder en este tipo de operaciones.

MásMóvil se comprometió a no realizar ningún expediente de regulación de empleo en cinco años cuando adquirió en 2021 Euskaltel, entonces controlada por la propia Zegona. Vodafone España aplicó a comienzos de 2021 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 442 empleados, alrededor del 10% de la plantilla, y desde 2013 ha realizado cuatro grandes ajustes de plantilla.

Los sindicatos se quejan de la opacidad con la que se han llevado a cabo las negociaciones de las que, en ningún momento, les ha informado la actual dirección encabezada por el consejero delegado, Mario Vaz. Al contrario, el directivo portugués, en el marco de unas jornadas de la asociación DigalEs, manifestó a finales de junio pasado el compromiso de Vodafone de mantenerse en España “frente a los rumores de venta”. Y una vez anunciada la transacción por la prensa en septiembre pasado, mandó un mensaje de tranquilidad a los trabajadores sobre su futuro laboral. Vaz, elegido el pasado mes de abril por Della Valle para dirigir la reestructuración de la filial española que ha derivado en la venta a Zegona, también dejará su cargo, ya que el fondo británico ha elegido a José Miguel García para tomar las riendas de la nueva compañía.

García, que ya reflotó Jazztel y Euskaltel antes de su venta a Orange y MásMóvil, respectivamente, es conocido en el sector por sus agresivas políticas tanto en el plano laboral como comercial. Además de aligerar la plantilla en Vodafone, se prevé que elimine prácticamente la red de tiendas franquiciadas para apostar por la venta online.

Vodafone ya suprimió en verano pasado 90 tiendas franquiciadas en España, el 15% del total, y anteriormente liquidó todas sus tiendas propias. García se centrará también en fomentar una poderosa oferta low cost para hacer frente a los rivales como Digi o MásMóvil, como admite Zegona en el prospecto. La medida ya fue ensayada en Euskaltel por el directivo cuando creó la marca de bajo coste Virgin, que se contrata por internet.

Zegona también se replanteará su política de televisión de pago renegociando a la baja los contratos de exclusividad firmados por las grandes plataformas de contenido bajo demanda como HBO y Filmin (el fútbol ya lo abandonó). Asimismo, recortará la inversión, “cancelando proyectos tecnológicos improductivos”, y simplificará las redes, recortando el alquiler de que paga a Telefónica (14 euros) y Orange (12 euros) por el alquiler de las suyas. Con todas estas medidas, el fondo pretende conseguir unos ahorros anuales de 320 millones, e incrementar el margen de flujo de caja un 50%.

En el plano de los riesgos generales, la firma advierte de que la actual “inestabilidad política nacional y regional” podría afectar a la capacidad de España para acceder a los mercados financieros internacionales, y provocar un incremento de los costes de financiación para empresas como Vodafone España.

Resultados

Della Valle ha admitido este martes, en la presentación de resultados del grupo, que la salida de España se debe a que el mercado de las telecomunicaciones en el país es “muy desafiante”, con pocas oportunidades de crecimiento y mucha competencia. “Decidimos salir de España porque es un mercado muy desafiante y es realmente importante que en Vodafone centremos nuestro tiempo, atención y recursos en mercados donde tenemos buenas oportunidades para crecer, con estructuras sostenibles y en los que tenemos una escala suficiente para tener beneficios”. También ha hecho hincapié en que en España hay “más de 70 marcas comerciales” minoristas y que hay cinco infraestructuras de fibra compitiendo en las mismas regiones.

En el primer semestre de su año fiscal (del 1 de abril al 30 de septiembre), Vodafone España registró una reducción de los ingresos totales del 1,8% hasta los 1.929 millones de euros, debido a la menor facturación por servicios, que alcanzó los 1.731 millones (-2,8%) por la elevada competencia en el segmento de bajo coste, una menor base de clientes y la reducción de las tarifas de terminación móvil, parcialmente compensadas por el crecimiento de los servicios digitales para empresas y por la actualización de planes de precios con el IPC. El beneficio bruto operativo (ebitda) alcanzó los 394 millones de euros, un 11,6% menos.

Por su parte, el grupo perdió a escala mundial 155 millones de euros en su primer semestre fiscal, frente al beneficio positivo de 1.202 millones del mismo periodo de hace un año, debido a los movimientos desfavorables en los tipos de cambio y los extraordinarios computados en el semestre del ejercicio anterior (venta de Vantage Towers, Vodafone Hungría y Vodafone Ghana). Los ingresos de la operadora en su primer semestre fiscal cayeron un 4,3%, hasta 21.937 millones de euros.

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