La RAE cambiará la definición de ‘paraíso fiscal’ para que sea menos complaciente

¿Un paraíso fiscal debería describirse como un régimen atractivo o como dañino? La definición del Diccionario de la lengua española se inclina hacia el adjetivo más benigno: “Un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Pero pronto cambiará, según trasladan fuentes próximas a la Real Academia Española (RAE). El objetivo es eliminar, o al menos reducir, esa valoración positiva ...

¿Un paraíso fiscal debería describirse como un régimen atractivo o como dañino? La definición del Diccionario de la lengua española se inclina hacia el adjetivo más benigno: “Un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Pero pronto cambiará, según trasladan fuentes próximas a la Real Academia Española (RAE). El objetivo es eliminar, o al menos reducir, esa valoración positiva de la elusión y evasión fiscal que ahora refleja la descripción que proporciona el diccionario.

En una sesión celebrada el pasado 20 de abril, la Comisión de Ciencias Sociales de la Academia decidió que la nueva definición se alineará a la del Diccionario panhispánico del español jurídico, que describe a un paraíso fiscal como a un “territorio caracterizado por su baja o nula tributación, la ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados”. Un texto que evita sugerir que los sistemas tributarios de estas jurisdicciones y los pocos o nulos controles sobre los flujos de dinero que por ahí transitan son un reclamo para la inversión.

Fuentes de la Academia, sin embargo, matizan que podrían mantenerse ambas descripciones, la popular y la jurídica. La enmienda, comentan otras fuentes próximas a la institución, será incluida en la actualización de diciembre, y se baraja incluir la expresión refugio fiscal como equivalente a paraíso fiscal.

Hace tres meses, la Plataforma por la Reforma Fiscal —en la que confluyen asociaciones como Economistas sin Fronteras, Oxfam Intermón, ATTAC o los sindicatos CC OO y UGT— había lanzado una campaña en change.org bajo el lema Pidamos a la RAE que hable de “guaridas fiscales”. En ella, reclamaba a la Academia que modificara la definición de paraíso fiscal y empezara a usar el término guarida o refugio en lugar de paraíso.

“Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal lamentamos que, con la actual definición, la RAE parezca defender que es un magnífico objetivo de política económica que la tributación sea nula o muy baja y que se evite todo control financiero”, explica el texto que acompaña la petición, que a día de hoy cuenta con unas 31.000 firmas. Añade que la traducción del inglés tax haven no debería ser paraíso fiscal, sino refugio o guarida fiscal. “En inglés, con mayor propiedad, a estos lugares se les denomina tax haven, es decir, refugio o guarida fiscal”, puntualiza el texto. Se trata, probablemente, de una mala traducción que confunde haven (refugio) con heaven (cielo, paraíso). El mismo error se reproduce en otros idiomas, como el italiano, el francés o el alemán.

“Consideramos imperativo sensibilizar a la ciudadanía en que la defensa de nuestros derechos básicos pasa por la lucha decidida contra cualquier tipo de fraude o evasión fiscal y por la erradicación de las guaridas fiscales. Empezando por denominarlas y definirlas correctamente”, concluye la petición.

Pérdidas millonarias

Los paraísos fiscales causan pérdidas millonarias cada año a las arcas públicas de los países, reduciendo los recursos a disposición del Estado de Bienestar. Su elevada opacidad dificulta la trazabilidad de los flujos de dinero en entrada y salida y conocer la operativa real de las actividades que ahí se realizan. Por un lado, son el destino favorito de la evasión de capitales de empresas, pudientes y negocios ilícitos. Por el otro, suponen una vía legal para rebajar impuestos, lo que se conoce como elusión fiscal. Invertir en paraísos fiscales está permitido, siempre y cuando se cumpla con unos controles reforzados. También lo es constituir ahí empresas y filiales y diseñar triangulaciones para desviar ingresos y beneficios corporativos a estos territorios.

La organización independiente Tax Justice Network calcula que el traslado a paraísos fiscales de las ganancias de grupos corporativos y del patrimonio de los más ricos causa una merma de 483.000 millones de dólares anuales a los demás países. Según el trabajo de investigación Missing Profits, cerca del 40% del beneficio de las multinacionales —alrededor de un billón de dólares en 2019— acaba cada año en jurisdicciones de fiscalidad laxa o nula, rebajando los ingresos fiscales en más de 200.000 millones. En el caso de España, el desvío es de 21.086 millones, que supone unos 5.000 millones menos de recaudación o el 18% de los ingresos anuales por el impuesto de sociedades.

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