El Gobierno abre la puerta a prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vincula la ampliación de las ayudas a la evolución de la inflación en junio
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el Gobierno abre la puerta a prorrogar las ayudas desplegadas para mitigar el impacto económico causado por la guerra en Ucrania, que expiran el 30 de junio. Entre ellas están la rebaja del IVA de los alimentos básicos y la bonificación al gasóleo profesional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que estas medidas se mantendrán “en función de cómo siga evolucionando la inflación en este mes” de junio. “Tengan la garantía de que mientras persistan los elementos que hacen que la inflación esté en niveles no lógicos, no...
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el Gobierno abre la puerta a prorrogar las ayudas desplegadas para mitigar el impacto económico causado por la guerra en Ucrania, que expiran el 30 de junio. Entre ellas están la rebaja del IVA de los alimentos básicos y la bonificación al gasóleo profesional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que estas medidas se mantendrán “en función de cómo siga evolucionando la inflación en este mes” de junio. “Tengan la garantía de que mientras persistan los elementos que hacen que la inflación esté en niveles no lógicos, no normales, evidentemente el Gobierno continuará con aquellas medidas que estén siendo eficaces en la lucha contra la subida de precios”, ha detallado este martes antes de clausurar un acto sobre gobernanza europea y fiscalidad organizado por CC OO y la Fundación 1 de Mayo.
La ministra no ha aclarado sin embargo cuáles son estos niveles “no lógicos” de inflación, ni qué medidas concretas están “siendo eficaces”. En los últimos meses, los precios se han moderado. Su incremento se mitigó al 3,2% en mayo, según la información disponible más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una tasa superior al objetivo del 2% que tiene el Banco Central Europeo (BCE), pero muy inferior al cierre registrado en España en 2022 (8,4%). También hay que considerar que la interpretación de estos datos se hace en una tesitura delicada, en la que todos los focos están puestos en los comicios generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado al 23 de julio. Algunas fuentes gubernamentales ya han trasladado que este no es el momento para que las ayudas decaigan.
La inflación subyacente, aquella que no incluye los alimentos frescos ni los productos energéticos, alcanzó por su parte el 6,1% en mayo. Si solo se tienen en cuenta comestibles y bebidas no alcohólicas, el aumento de precios superó el 12% con respecto a hace un año —en este caso el dato más reciente es el de abril—, cuando el encarecimiento del coste de la vida ya empezaba a consolidarse. Estos porcentajes superan el que se fijó legalmente como cláusula de escape para retirar la rebaja fiscal a los comestibles: el decreto establecía una desactivación anticipada de la medida si la inflación subyacente bajaba del 5,5%. Una circunstancia que no se dio.
A la espera de los datos de junio, estos resultados auguran una ampliación más allá de las elecciones de la rebaja del IVA al 0% para los alimentos básicos y al 5% para pastas y aceites que entró en vigor en enero. En contra de esta prórroga, sin embargo, hay una recomendación de la Comisión Europea, que ha pedido retirar las ayudas de manera gradual, empezando por las que no están focalizadas a colectivos vulnerables.
Un razonamiento distinto se aplica a la bonificación al carburante profesional. No es una ayuda genérica, sino focalizada, pero el gasóleo se abarató un 7% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Algo parecido ocurre con el bono del transporte urbano. Los precios de la categoría “transporte” del INE solo aumentaron un 0,6%. Otras medidas que deberían finalizar el 30 de junio, porque así lo prevé el decreto que las aprueba, son el límite al precio máximo de la bombona de butano, la rebaja del 80% en los peajes de la industria electrointensiva o las ayudas al transporte por carretera y marítimo.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo al respecto que “las ayudas tienen que irse retirando, pero no en España, en todos los países”. “De hecho, nosotros tenemos la ventaja de que ya hemos metido unos mecanismos automáticos que las van reduciendo, por ejemplo, la bonificación del carburante dejó de ser general a final de año”, afirmó en una entrevista radiofónica el 19 de mayo. Su equipo aclaró después que será a partir de junio cuando se evaluará si se mantienen estas subvenciones, en un contexto en el que Bruselas está metiendo presión.
Montero ha recordado que las medidas con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre, como la rebaja de la fiscalidad del recibo de la luz y el gas, se mantendrán hasta esa fecha. “Igual ocurre con el transporte público gratuito” en Cercanías, Rodalies y Media Distancia, ha añadido, tras estudiar la propuesta del PP de bajar el IRPF para rentas anuales inferiores a los 40.000 euros: “La propia construcción del IRPF conlleva a que la totalidad de las rentas, sobre todo aquellas que están por encima de los 40.000 euros, se benefician de esa rebaja”. La ministra ha subrayado que la reducción beneficiaría más a los que más ingresan y que los contribuyentes de rentas bajas solo se ahorrarían unos 40 euros al año con la propuesta del PP, mientras que el beneficio de la rebaja ya aprobada por el Ejecutivo para rentas menores de 21.000 euros es de 400 euros. “Ya sabemos a qué han conducido propuestas fiscales como en el Reino Unido, que fueron absolutamente castigadas por los mercados y provocaron la dimisión de la primera ministra Liz Truss”, ha zanjado.
El Gobierno calcula que las medidas contra la inflación adoptadas el pasado ejercicio mitigaron la pérdida del poder adquisitivo de los hogares en un 20% y tuvieron un impacto superior en aquellos de menor renta. Estas ayudas costaron 1,7 puntos de PIB en 2022, según detalla el Programa de Estabilidad, y rebajaron el IPC en 2,1 puntos. Es decir: sin ellas, defiende el Gobierno, la inflación hubiera alcanzado el año pasado el 10,5% en lugar del 8,4%.
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