Podemos propone la creación de un fondo con aportaciones de los bancos para ayudar a las familias con la subida de las hipotecas
El partido que dirige Belarra anuncia en campaña una proposición de ley que pretende recuperar las ayudas del rescate bancario de la crisis de 2008
A cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas, Podemos trata de recuperar la iniciativa sobre vivienda. Tras un inicio de campaña marcado por el discurso de la derecha sobre EH Bildu, la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles que su formación impulsará próximamente en el Congreso una proposición de ley que contempla la creación de u...
A cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas, Podemos trata de recuperar la iniciativa sobre vivienda. Tras un inicio de campaña marcado por el discurso de la derecha sobre EH Bildu, la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles que su formación impulsará próximamente en el Congreso una proposición de ley que contempla la creación de un Fondo de Responsabilidad Social con aportaciones de los bancos que operan en España para “proteger” a las familias del encarecimiento de las hipotecas. Además de ayudar a aquellos hogares que no puedan afrontar las cuotas por el fuerte repunte del euríbor en los últimos meses, este fondo tendría un carácter compensatorio y serviría para recuperar el rescate bancario de la crisis de 2008, precisan fuentes del Podemos.
La formación vuelve a la carga con la devolución de las ayudas públicas del rescate financiero derivado de la Gran Recesión, aunque en la práctica las entidades que recibieron la mayor parte de las ayudas, las antiguas cajas de ahorros, ya no operan al haber sido engullidas por otras entidades. La banca sería la que encargada de abonar una cuota compensatoria en función de su tamaño, de la cartera de clientes, del riesgo crediticio y con una estimación de posibles contingencias negativas del sector financiero. En concreto, el partido que dirige Belarra calcula que el fondo contaría con unos 1.500 millones de euros al año (las entidades pagarían un 0,15% anual de su volumen de crédito).
Podemos intenta así paliar los posibles daños que pueden sufrir los hipotecados a tipo variable. “Es indecente que las familias trabajadoras vean que el tipo variable sube 100, 200 o 300 euros al mes”, ha subrayado la también ministra de Derechos Sociales en un acto con los candidatos del 28-M en Tarragona. En España hay unos cinco millones de hipotecas, de las que 3,7 millones son a tipo variable (estos préstamos se actualizan en función del euríbor, habitualmente una vez al año), según las últimas cifras que maneja el Banco de España. Es decir, sufrirán el golpe del aumento del euríbor en el último año, en paralelo a las subidas de los tipos de interés dictadas por el Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación.
El Fondo de Responsabilidad Social del Sector Financiero, según explican fuentes del partido, sería una “suerte de seguro” para proteger a la población de crisis económicas futuras, subidas de tipos o ejecuciones hipotecarias masivas. En la práctica, serían quitas obligatorias de las cuotas de los préstamos. Este fondo estaría constituido obligatoriamente por todas las entidades que desarrollen su actividad en el país y se crearía de una forma similar al Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía Salarial. Además, tendría carácter permanente y estaría dirigido por una comisión gestora con una mayoría de representantes del sector público (los ministerios responsables de las materias correspondientes y el Banco de España), así como representantes de las entidades financieras.
La propuesta de Podemos —cuya redacción aún no está terminada— contemplará, además, la limitación de la responsabilidad del deudor al bien hipotecado. Esto es, se reduce a la vivienda los bienes que el banco podría usar en caso de impago. Hasta ahora, inciden desde el partido, las familias “responden con sus bienes presentes y futuros, ya que la responsabilidad es universal e ilimitada”. Con la modificación, la deuda se saldaría con la entrega de la vivienda, lo que ahora se regula mediante la dación en pago, aunque se trata de un mecanismo no obligatorio que depende del acuerdo entre cliente y banco.
Más impagos
La formación morada justifica la medida en la previsión de un incremento masivo de la morosidad bancaria una vez se actualicen las cuotas mensuales al nuevo nivel del euríbor. Hasta el momento, los temidos impagos no han aflorado. Aunque el partido que dirige Belarra cree que la revisión anual de las cuotas tendrá un enorme impacto en el bolsillo de los ciudadanos, que se materializará a partir de junio.
Según los datos del Banco de España, la mora en el sector financiero cerró febrero en el 3,55%, en niveles históricamente bajos (en la Gran Recesión, la tasa llegó al 13,6% en diciembre de 2013). Pese a ello, el Gobierno de coalición trató de prevenir esta situación y por ello pactó con la banca la ampliación del Código de Buenas Prácticas para auxiliar a hasta un millón de hipotecados en apuros. Una cifra que el Banco de España rebajó y considera que este escudo social llegará de forma efectiva a unos 200.000 hogares, según recoge en su último Informe de Estabilidad Financiera. Fuentes del sector no quieren entrar en la batalla política de las elecciones e insisten en que hay que dar tiempo para ver cómo funciona el nuevo protocolo de ayuda.
“La crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania hace prever un incremento masivo de los impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo con terribles consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la población. Y es esto lo que ha llevado a Podemos, junto a la no devolución del rescate bancario, a proponer una serie de medidas estructurales, antiinflacionarias y de protección a las familias que pague el sector financiero”, explican fuentes de Podemos. La propuesta pretende, entre otras cuestiones, minimizar las ejecuciones hipotecarias y que no se castigue a la población con deudas perpetuas.
Cuarta propuesta
Con este anuncio, ya son cuatro las propuestas sobre hipotecas planteada por el partido de Belarra desde septiembre. El derecho a la vivienda ha sido una de las principales banderas de la organización esta legislatura, y en los últimos tiempos ya ha reclamado al PSOE que el paso de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo sea gratuito permanentemente o limitar de forma temporal la subida de las hipotecas para las familias vulnerables. Podemos subraya que se trata de una proposición “solvente” y “técnicamente viable”, aunque no se ha abordado su redacción con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en manos de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El texto, además, recogerá otras cuestiones. Por ejemplo, obligará a las entidades a informar de las condiciones de la operación de cesión del crédito al deudor, con el fin de que pueda ejercitar sus derechos de tanteo, adquisición preferente o retracto. Sobre esta cuestión, aunque no en los mismos términos, trabaja desde hace meses el Gobierno para trasponer una directiva europea. La previsión es que se cierre antes de acabar el año e incluirá esa obligación de informar a los clientes cuando un préstamo se traspase a un tercero, así como que se mantengan las excepciones que tuviera el contrato en origen.
Pese a ello, la propuesta de Podemos va más allá y quiere dar la opción a los deudores hipotecarios más alternativas. Por ejemplo, el derecho de retracto, que permitiría a los clientes “pagar el montante o el importe por el que se ha cedido el crédito con sus intereses al nuevo acreedor”, explican desde la formación. Es decir, si la entidad vende el préstamo con un descuento, se entiende que el cliente final solo tendrá que hacer frente a esa cantidad, no a la adeudada en origen.
La propuesta también plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger a los deudores. En este apartado, el texto incluirá que se prohíba ordenar una ejecución en caso de que el banco haya incumplido el Código de Buenas Prácticas. Además, la norma regula la cláusula Rebus sic stantibus, que es la que permite que los contratos sean revisados siempre que concurran circunstancias nuevas que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones. Por otra parte, habrá una regulación específica para cuando los bancos se nieguen a renegociar los contratos. En estos casos, una vez acreditada la motivación para activar la cláusula, así como la nula voluntad de la entidad, se podrán aplicar quitas obligatorias y la dación en pago.
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