El Supremo reduce a seis años la pena a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova

El Tribunal Supremo ha rebajado en dos años, de ocho a seis, la pena impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al absolverle de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil por los que que fue condenado por la Audiencia Nacional. Además, el fallo también aplica una atenuante por dilaciones indebidas, aunque mantiene el resto de las condenas por delito continuado de falsedad en las cuentas anuales y falseamiento de l...

El Tribunal Supremo ha rebajado en dos años, de ocho a seis, la pena impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al absolverle de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil por los que que fue condenado por la Audiencia Nacional. Además, el fallo también aplica una atenuante por dilaciones indebidas, aunque mantiene el resto de las condenas por delito continuado de falsedad en las cuentas anuales y falseamiento de la información económico-financiera. Las penas suman, por una parte, cuatro años y seis meses de prisión y multa de diez meses por los delitos mencionados, manteniendo la cuota diaria de cincuenta euros de multa; y un año y seis meses por un delito de alzamiento de bienes por el que también ha sido condenada a seis meses su esposa, María del Rosario Andrade, como cooperadora necesaria.

La empresa pesquera quebró en 2013 con un agujero de casi 2.400 millones de deuda oculta y tuvo que ser rescatada por la banca —actual propietaria, con Abanca como accionista mayoritario—.

El fallo, emitido el pasado 10 de febrero, mantiene que Fernández de Sousa deberá indemnizar con más de 125 millones, solidariamente con la antigua Pescanova (Pescanova SA), a los inversores perjudicados, tanto compañías como particulares. La empresa ha sido absuelta por el delito de estafa agravada por el que fue condenada en la primera instancia. Se mantiene, sin embargo, su condena por el delito de falseamiento de información económica y financiera, con la atenuante de confesión, a la misma pena de dos años de multa (21.600 euros).

Los acusados Santiago Sañé Figueras, Manuel López Rodríguez y José Manuel Gil González, así como las empresas BDO Auditores, Quinta do Sobreiro, Kiwi España, quedan absueltas de los delitos por los que fueron condenados por la Audiencia Nacional.

Los exdirectores financieros Antonio Taboas y Carlos Turi, el de administración Alfredo López y el de relación con inversores, Joaquín Viña, han sido absueltos de falsedad en documento mercantil y estafa, pero se mantienen sus condenas como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales. Sus penas pasan de tres años y seis meses a un año y tres meses. Ángel González, exjefe de contabilidad, ve reducida su pena a un año de prisión. Alfonso García Calvo, que ocupaba el puesto de jefe de servicio, mantiene su condena de un año y tres meses como cooperador necesario del delito de falsedad en las cuentas anuales, el único por el que resultó condenado en la Audiencia Nacional.

La auditora, sin cargos

El Supremo ha absuelto a la auditora BDO y a su aseguradora, Mapfre, al estimar que la supervisora de las cuentas tuvo una conducta descuidada, pero no presentó un comportamiento doloso, como estimaba inicialmente la Audiencia Nacional. La sentencia dice, literalmente, que la Audiencia nacional, “entendió que la auditora externa, BDO (si se quiere, también el acusado Santiago Sañé) desempeñaron su función de manera descuidada, desatendiendo las facultades de supervisión a las que se había comprometido, y pasándole inadvertidas deficiencias relevantes que, en una praxis profesional adecuada, hubiera podido y debido detectar”. Esa conducta, admite el Supremo, pudo causar perjuicios económicos a la propia sociedad y a terceros, “pero no equivale a la comisión de un delito doloso. Las consideraciones anteriores, a nuestro juicio, no evidencian, que el acusado Santiago Sañé tuviera conocimiento de la falsedad de las cuentas que supervisó, ni tampoco que albergara el propósito de coadyuvar a la consecución de los objetivos propuestos por quienes decidieron distorsionarlas”.

Las cuentas bancarias en Portugal de Manuel Fernández de Sousa-Faro por importe de 4,6 millones de euros, que fueron inicialmente congeladas por mandato judicial, serán embargadas para el pago de las responsabilidades del expresidente de la compañía gallega.

Los hechos

La justicia considera probado que el expresidente de Pescanova, que ocupó el cargo desde 1985 hasta 2013, ideó, desde finales de 2007, “una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria”. Para ello utilizó a los responsables de los departamentos de administración y financieros para simular operaciones que ocultasen deudas con las que pagar sus cada vez más costosos proyectos en acuicultura. Uno de sus recursos fue pedir a los bancos créditos documentarios, que habitualmente se utilizan en operaciones de comercio exterior, con empresas que, en realidad, eran filiales propias creadas para ese fin, “sin que existiera ninguna relación comercial, con la única finalidad de autofinanciarse”.

El abanico de recursos para el fraude continuaba en otras operaciones. Se crearon, por ejemplo, sociedades instrumentales para aparentar relaciones comerciales de compraventa de pescado, en realidad inexistentes, “pero aptas para conseguir líneas de factoring o pólizas de descuento bancario, con la misma finalidad de financiarse”. Pescanova también utilizó datos de antiguos clientes sin su consentimiento para aparentar, frente a los bancos, una fluida relación comercial que no existía, y así conseguir pólizas de crédito. Las malas prácticas contables se extendieron ocultando sociedades filiales que deberían haber estado en el perímetro de consolidación de Pescanova, que cotizaba (y cotiza, aunque con una actividad ya residual) en Bolsa.

La crisis, como recuerdan los hechos recogidos en la sentencia, se desencadenó un viernes, el 22 de febrero de 2013. La tesorería hacía aguas por todas partes y el presidente convocó a cuatro accionistas “para explicarles que la situación de la empresa era buena”, como confirmaba el borrador de cuentas anuales que iban a ser enviadas al consejo de administración que se iba a convocar poco después. Sin embargo, había, según él, un pequeño problema: no se vendía el salmón de la planta de acuicultura de Chile por la caída de los precios y vencía una cuota de 50 millones de un préstamo de 150 millones. Les propuso poner entre todos esos 50 millones diciéndoles que él ya había aportado15,3 millones. No solo no le respaldaron, sino que alguno de los asistentes dijo no entender nada, porque diez días antes el presidente aseguraba que los resultados eran mejores que los del año anterior.

Llegó la reunión del consejo del 27 de febrero -en la que se explicó que la auditoría de BDO no ponía reparos a las cuentas- y el accionista Demetrio Carceller, presente en la primera reunión, leyó una carta al resto para informar de la falta evidente de tesorería. El desconcierto se abrió paso. La compañía informó en un hecho relevante a la CNMV el 28 de febrero que no presentaría las cuentas de 2012 en el periodo legal, que terminaba ese día, porque había “incertidumbre de poder afirmar el principio contable de gestión continuada”. La CNMV suspendió la cotización de Pescanova que, a la postre, ha quedado como accionista casi residual de Nueva Pescanova. La quiebra estaba en camino.

Han pasado ya diez años. La empresa en manos de la banca que surgió de las cenizas de la antigua pesquera facturó en su último año fiscal, que terminó en marzo de 2022, 1.087 millones de euros, con beneficios tras años de pérdidas.

Ante la prensa, los días posteriores, y en el juicio que se celebró años más tarde, Manuel Fernández de Sousa siempre ha insistido en su inocencia y en que todo fue un problema con los precios del salmón.

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