Los jornaleros de Huelva arrancan la campaña con un nuevo y polémico convenio colectivo

Los convenios colectivos que regulan el sector agrícola de Huelva nunca han estado exentos de polémica. El último, de 2018 y que había decaído en 2021, solo fue suscrito por la patronal, representada exclusivamente por Asaja, y CC OO, después de que UGT decidiera desvincularse. El preacuerdo sobre el texto que establecerá el marco normativo ...

Los convenios colectivos que regulan el sector agrícola de Huelva nunca han estado exentos de polémica. El último, de 2018 y que había decaído en 2021, solo fue suscrito por la patronal, representada exclusivamente por Asaja, y CC OO, después de que UGT decidiera desvincularse. El preacuerdo sobre el texto que establecerá el marco normativo entre empresarios y trabajadores para los próximos tres años ha contado de nuevo con el rechazo frontal de esta organización sindical, que ha denunciado que “supone un retroceso en los derechos” de los jornaleros del campo. CC OO, el sindicato con la representación mayoritaria del sector, lo defiende como “positivo e innovador” y destaca que, ante todo, es “realista” porque permitirá garantizar su efectivo cumplimiento. Mientras se ultiman los detalles para presentar el nuevo convenio que regirá sobre unas 70.000 personas y se prevé que se firme la próxima semana, los trabajadores, sus verdaderos destinatarios, denuncian la sensación de desamparo y abandono que los acompaña cada campaña al no sentirse ni representados ni defendidos por las organizaciones sindicales.

“Nos sentimos desprotegidísimos y engañados por los sindicatos”, afirma Raquel Álvarez, de 43 años, nacida en Madrid, pero afincada en Aljaraque (Huelva) desde hace dos décadas y que lleva seis campañas recogiendo fresa y frutos rojos bajo los invernaderos. “Los empresarios sostienen que esto solo ocurre en algunas fincas, pero la realidad es que si un día no vas a trabajar, no cobras; si a las tres horas te mandan a casa porque llueve, tampoco cobras el resto. Y esos derechos no vemos que nos los garanticen los sindicatos”, abunda. Una opinión que secunda D. B. —que pide aparecer solo por sus iniciales― jornalero de Escacena (Huelva), que tiene 37 y empezó en los lomos con 16. “Nunca he visto un delegado sindical en el tajo. Nuestra situación en el campo es difícil, por no decir indigna, y no nos vemos representados por nadie”, sostiene.

El texto del preacuerdo que la semana que viene deberá firmarse no ha trascendido, pero tanto CC OO como UGT han abordado con este diario los puntos más polémicos. “Este no es un mal convenio, no hemos firmado un convenio a la baja, sino un convenio realista que va a garantizar que podamos exigir a los empresarios su cumplimiento”, advierte como premisa Mónica Vega, responsable del sector agrícola de CC OO en Andalucía. Vega destaca que se ha recogido el reconocimiento de la figura del trabajador fijo discontinuo, que “pese a entrar en vigor el año pasado con la reforma laboral, en Huelva, no se aplicaba por no estar reconocida en el convenio”. Desde UGT, Luciano Gómez, responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la organización en Huelva, niega la mayor. “El convenio se ha cumplido y no puede alegarse eso para reconocer todo lo que piden los empresarios”, opina.

Principales puntos

Desde CC OO también se hace hincapié en que las tablas salariales garantizan el cumplimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) y su aplicación de manera retroactiva a 2021, “por lo que los trabajadores podrán cobrar los atrasos desde entonces y el incremento en el SMI que no hubieran cobrado en ese tiempo”, subraya Vega. UGT, advierte, sin embargo, de que ese blindaje sueldo base es ficticio porque, sostienen, se parten de las tablas salariales del año anterior, donde no se tenían en cuenta los nuevos aumentos: “El incremento será absorbido y compensado por esa subida”, señala Gómez, quien recuerda, además, que gracias a las denuncias interpuestas por su sindicato, el TSJA falló a favor de que esas tablas se actualizaran de acuerdo con el incremento del SMI ante la oposición de cuatro empresas, fijando esa cantidad para los trabajadores eventuales que prestan servicios para un empleador menos de 120 días al año en 48,55 euros al día.

Con todo, los puntos que mayor oposición suscitan en UGT son la reducción de 30 a 15 minutos del tiempo de descanso para comer el bocadillo —que además correrían a cuenta del trabajador―; o el cambio en el cómputo de la llamada “indemnización de camino”, un plus salarial que cobraban los jornaleros a partir de los dos kilómetros de distancia entre el lugar de trabajo y el de pernoctación y que en el preacuerdo se fija a partir de los seis kilómetros desde el núcleo urbano más cercano. “Esta indefinición hace que en la práctica el gasto en gasolina del trabajador que ponga el coche se haga imposible de cobrar”, señala Gómez. Una argumentación que rebate Vega sosteniendo que lo que hace el nuevo convenio es clarificar la medida y evitar que el empresario la incumpla: “Hasta ahora argumentaban que ellos ofrecían lugares para que el trabajador pernoctara, pero se desentendían si este decidía dormir en otro sitio, ahora es imposible que puedan negarse al pago porque el GPS determina dónde están los seis kilómetros de distancia”.

La reducción del incremento de la cuantía de la primera hora extraordinaria trabajada del 75% al 25% —lo que supone cuatro euros diarios menos― también es otro punto de disenso. “Las horas extraordinarias tampoco es que se cobren habitualmente, pero no podemos entender un abaratamiento tan radical por el tiempo de trabajo sin que, al menos, se establezcan otras medias de compensación”, argumenta Gómez. “Hay un retroceso en los pocos derechos que se reconocían a los trabajadores”, añade. Desde CC OO vuelve a apelarse al pragmatismo, al entender que esa rebaja sí permitirá al empresario poder abonar de manera efectiva las horas extra y destacan, además, el refuerzo de la comisión paritaria que, a diferencia de las que se recogen en el resto de convenios que tienen la función de vigilar y controlar que se cumplen, “tiene la capacidad de poder denunciar a la inspección de trabajo el incumplimiento, sin importar que el trabajador esté afiliado o no”, indica Vega. UGT es escéptico sobre la eficacia práctica de ese organismo, “donde la patronal está representada al 50% y puede impedir su funcionamiento, como lo ha hecho hasta ahora”, indica Gómez.

“Recoger en un convenio lo que ya está reconocido por la ley no se puede considerar una mejora de nuestras condiciones y no entendemos que se justifique el acuerdo en que el anterior convenio no se cumplía, cuando su obligación debería ser velar porque se hiciera efectivo”, señala Ana Pinto, fundadora del sindicato Jornaleras de Huelva en Lucha que, hace dos años consiguió arrancar el compromiso de CC OO y UGT de crear una plataforma para poder trasladar las reivindicaciones de los trabajadores de la fresa y que, finalmente no fructificó. Su organización está canalizando la mayoría de las escasas denuncias por despidos improcedentes o por reclamos de cantidad que se atreven a poner los temporeros, además de denunciar los abusos entre el colectivo inmigrante.

“En Huelva falta la lucha obrera”

Vega, por su parte, insiste en la vía pragmática. “Lo que hemos hecho es ofrecer un marco normativo para las relaciones laborales del trabajador, un marco claro por encima de demagogias”, señala. “Seamos realistas, en Huelva falta la lucha obrera, las cosas se pueden defender con la razón de la fuerza o con la fuerza de la razón, pero si la patronal sabe que no podemos echarnos a la calle, hasta allí llega la demagogia. Este no es un mal convenio, es un convenio que se puede cumplir”, zanja.

“No nos movemos para poner en su sitio al empresario porque muchos se ven obligados a agachar la cabeza porque necesitan trabajo “, reconoce D. B. “Aquí nos conocemos todos y si te quejas te amenazan con no trabajar no solo en tu empresa, sino en otras”, abunda Álvarez. “Este trabajo es muy cansado, sabemos que se concentra en pocos meses y que se necesita intensidad porque si no la fresa se echa a perder, y entendemos que hay que hacer horas extras, pero se tiene que garantizar su cobro y el descanso mínimo de un día y un trato más digno, esos son los derechos que deberían blindar y cuyo cumplimiento deberían defender. Iríamos más contentos a trabajar y eso redunda en beneficio del empresario también”, incide la jornalera.

Ambos apuntan a varias de las razones sociales que explican que la tradición sindical no esté tan arraigada como en otras zonas andaluzas, como el sector de la vid en Cádiz, según señala el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón. “Hay un acumulado de causas, por un lado, la población inmigrante que trabaja en el campo, que es muy importante, y tiene una capacidad más reducida de pedir el cumplimiento de la legalidad y que, en muchos casos, además está en situación irregular; los lugares de trabajo están muy dispersos y eso dificulta que llegue la inspección de trabajo y la rotación tan grande de personas trabajando que, además lo hacen en un período de tiempo muy corto tampoco favorece las denuncias”, señala.

Asaja y CC OO se han emplazado a una última reunión entre el 16 y el 20 de este mes, a la que también está invitada UGT, para firmar el nuevo convenio. Su marco normativo es el que regirá el trabajo de unas 70.000 personas, entre ellas Álvarez, cuando en los próximos meses regrese a los invernaderos. D. B. ha decidido cambiar de sector. “Voy a trabajar en las vías del tren. Allí el convenio se cumple”, señala.