España pide a Bruselas 84.000 millones en préstamos con carencias de 10 años

El Gobierno ha presentado la adenda al Plan de Recuperación que enviará a Bruselas para que lo apruebe. El Ejecutivo va a pedir en este documento todos los préstamos que tenía concedidos, por valor de 84.000 millones de euros, aprovechando que los costes de financiación están subiendo y que estos créditos tendrán el coste de emisión de la Comisión Europea, por debajo del que consigue el Tesoro español. La idea es trasladar a los ag...

El Gobierno ha presentado la adenda al Plan de Recuperación que enviará a Bruselas para que lo apruebe. El Ejecutivo va a pedir en este documento todos los préstamos que tenía concedidos, por valor de 84.000 millones de euros, aprovechando que los costes de financiación están subiendo y que estos créditos tendrán el coste de emisión de la Comisión Europea, por debajo del que consigue el Tesoro español. La idea es trasladar a los agentes privados esas mejores condiciones, que incluyen unas carencias de 10 años. El Gobierno no ha querido aclarar cuál espera que sea el tipo que tendrán que abonar estos préstamos, que pasarán a engrosar la deuda pública y tendrán que ser devueltos de forma íntegra.

Además, en esta adenda se incluyen los 7.600 millones en transferencias nuevas que habían tocado a España porque su economía se había quedado rezagada. Y otros 2.000 millones del Repower, un fondo creado por la Comisión a raíz de la guerra de Ucrania con 20.000 millones para financiar que se acelere la transición energética y la diversificación del suministro de energía.

Buena parte de los nuevos recursos se destinarán a los llamados proyectos estratégicos o PERTE, pensados para reforzar la autonomía estratégica y la capacidad industrial. Estos obtendrán unos 26.000 millones, de los cuales 18.000 serán préstamos, ya sea en la forma de créditos, avales o inyecciones de capital. En general, todo tipo de instrumentos financieros. Y otros 7.600 millones, antes mencionados, de las nuevas transferencias no reembolsables que dará Bruselas a España.

El Gobierno también dedicará unos 20.000 millones de estos préstamos a un fondo de financiación de proyectos para las comunidades autónomas. Entre los objetivos se señalan la vivienda social, el transporte sostenible, la sostenibilidad turística y la economía de los cuidados. El Gobierno no ha explicado con qué criterio se repartirán. Pero sí ha dejado claro que las autonomías asumirán el riesgo y tendrán que reintegrar todos los recursos que empleen.

El Ejecutivo solicitará además a la UE como parte de la adenda que se puedan retrasar hitos intermedios de inversiones. Fuentes gubernamentales explican que el reglamento ya lo prevé para causas justificadas y señalan que todo lo relacionado con la construcción está sufriendo fuertes subidas de costes por las materias primas y que está habiendo problemas de suministros. Así, se planteará retrasar, por ejemplo, los objetivos intermedios de rehabilitación energética de vivienda o de construcción de residencias para mayores. Aunque en realidad el problema de estos era que se habían fijado unas metas tremendamente ambiciosas para unas inversiones difíciles de desplegar. El límite seguirá estando en el verano de 2026, cuando se podrá hacer la última petición de desembolsos a Bruselas. Para entonces todo tendrá que haber sido gastado. De no ser así, se perderían las ayudas no empleadas. El Gobierno negó este martes que haya propuesto retrasar reformas.

El Ejecutivo también aseguró que se cumplirá en tiempo y forma con todos los compromisos adquiridos. Sin embargo, empieza a surgir un debate sobre la necesidad de aplazar la meta final de 2026 porque muchos países apenas han avanzado. De hecho, España es uno de los que están más adelantados con el plan. Si bien es verdad que también es de los que más tiene que gastar. El desafío es mayúsculo.

A cambio de estos nuevos fondos, el Gobierno tendrá que cumplir con una nueva lista de 30 reformas de las que apenas detalló nada. Fuentes gubernamentales apuntaron que no había nada de pensiones ni de reforma fiscal. Y comentaron que se trataba, sobre todo, de reformas vinculadas con la transición energética y para mejorar la formación en perfiles laborales que no se encontraban.

Fondos para articular los préstamos europeos

El Gobierno creará hasta 12 fondos para vehicular los préstamos europeos y con el objetivo de asegurarse que se devuelven. Aparte del de las comunidades, se creará uno nuevo del ICO dotado con 15.000 millones para apoyar a las empresas. Una línea será un ICO verde. La otra, con el foco en lo digital. Y se gestionarán como se hacen otras líneas de intermediación a través de las entidades, que asumirán parte del riesgo.

El fondo Red, con el que se financiarán los nuevos ERTE, recibirá unos 5.000 millones, que también se utilizarán para recualificar trabajadores inmersos en estas regulaciones de empleo. Y se constituirá un fondo con hasta 9.000 millones para respaldar el despliegue del ingreso mínimo vital con itinerarios de inserción social. Habrá otro instrumento con 2.000 millones para financiar las bonificaciones y deducciones fiscales que ya se usan en el Plan de Recuperación para inversiones de eficiencia energética e I+D. Y se dedicarán 400 millones a un fondo para iniciativas con impacto social.

El Fondo Next Tech, que ya se había lanzado con el fin de cofinanciar y escalar proyectos innovadores, de digitalización y empresas emergentes, ampliará su dotación desde los 2.000 millones hasta los 4.000. Y se crea otro vehículo financiero, que se gestionará a través de Sepides, para fomentar la inversión industrial, destinándole 2.500 millones.

Los dos fondos creados para rescatar a empresas en problemas por la pandemia también obtienen recursos a fin de mejorar la financiación que tienen. El de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, del que se habían gastado 4.000 de los 10.000 millones destinados, recibirá esa cantidad ya desembolsada para abaratar sus gastos financieros. Y el de Cofides, cuyo objeto eran empresas de tamaño medio no estratégicas, consigue 1.000 millones para el mismo propósito.

También se monta un fondo de coinversiones, con el objetivo de invertir en empresas españolas junto a fondos soberanos. Estos suelen pedir que el país también se involucre en la operación. El Gobierno asegura que así se facilitará la entrada de capitales.

Por último, se consignan préstamos europeos para el proyecto de hub audiovisual español, que busca potenciar el atractivo de esta industria.

El reparto de los proyectos estratégicos

Los proyectos estratégicos o PERTE recibirán de los fondos europeos 26.000 millones adicionales, de los que 7.600 son transferencias y 18.600 préstamos. El de los chips contaba con 275 millones en subvenciones y ahora dispondrá de 1.200 millones más en transferencias y unos 10.000 millones en financiación. El de las energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento alcanza 10.000 millones, tras añadir 1.500 millones en subvenciones y 2.000 de préstamos. El vehículo eléctrico suma 1.425 millones en créditos para superar los 4.200 millones en recursos. Al del ciclo del agua se le asignan 1.100 millones en préstamos y 1.200 millones en nuevas ayudas directas.

Se crea un nuevo PERTE para la descarbonización de la industria con una dotación de 3.100 millones, que incluyen 1.500 de financiación y 1.600 en subvenciones. La economía de los cuidados tenía 800 millones presupuestados y se aportan otros 1.000 millones de transferencias. Para el de salud de vanguardia ya había 820 millones, que se amplían con 1.500 millones en subvenciones y 330 en créditos. El de industria agroalimentaria tenía 500 millones y se añaden 150 de ayudas y 800 en préstamos. La nueva economía de la lengua contaba con 700 millones y se agregan 400 millones en financiación. 500 millones eran las subvenciones del PERTE aeroespacial, al que se brindan 100 millones en subsidios y 240 en préstamos. Y 200 millones el del naval, que logrará 100 millones más de crédito. El de economía circular disponía de 159 millones y obtiene 600 más en transferencias. En su conjunto ya hay anunciados 12 PERTE.

En paralelo a la adenda, España ha solicitado al departamento de Competencia de la Comisión Europea que se agilicen los permisos para dar ayudas de Estado con el Plan de Recuperación. Mientras que en Estados Unidos se dan en dos semanas, en Europa tardan 18 meses con numerosos criterios que rellenar y cumplir, explican fuentes gubernamentales. De esta forma, Bruselas está constriñendo la capacidad de maniobra de los Gobiernos para impulsar sus industrias nacionales. El Ejecutivo español pretende que Competencia acelere el visto bueno a las subvenciones que tiene que conceder con fondos europeos, sobre todo en los llamados proyectos estratégicos o PERTE.