El Gobierno prolongará dos años más el blindaje de empresas estratégicas frente al capital extranjero

El Gobierno seguirá con la llamada acción de oro en su mano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prolongará dos años más, hasta finales de 2024, la potestad de vetar grandes compras de empresas por parte de inversores foráneos, según explican fuentes gubernamentales. Los inversores extranjeros, ...

El Gobierno seguirá con la llamada acción de oro en su mano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prolongará dos años más, hasta finales de 2024, la potestad de vetar grandes compras de empresas por parte de inversores foráneos, según explican fuentes gubernamentales. Los inversores extranjeros, incluidas las sociedades de la Unión Europea, seguirán requiriendo la luz verde del Gobierno para adquirir más del 10% de una empresa estratégica que cotice en Bolsa o si la compra asciende a más de 500 millones de euros. Según estas fuentes, se introducirán modificaciones para atar el control también sobre operaciones de activos que sean considerados estratégicos. De ese modo, el Gobierno quiere evitar que se pueda sortear la norma con la venta de partes de un negocio.

El Gobierno lanzó en 2020 el llamado escudo antiopas para proteger a las empresas estratégicas tras el batacazo que habían sufrido sus valoraciones. El varapalo que sufrieron muchas compañías en Bolsa las hacía apetecibles para inversores que buscasen adquirir compañías a precios de derribo. Por ejemplo, apenas unas semanas después de que estallase la pandemia IAG se había dejado dos terceras partes de su capitalización bursátil; la banca se desplomó hasta casi la mitad de su valor, y las energéticas cedieron hasta un 40%.

La protección de empresas estratégicas se llevó a cabo añadiendo un artículo nuevo a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. La disposición se prorrogó en dos ocasiones para que rigiera hasta finales de 2022, a pesar de que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, sugirió a comienzos de año que debían ir levantándose las restricciones.

El Gobierno entiende, sin embargo, que ese escudo no está obstaculizando la llegada de inversiones extranjeras, en especial gracias al despliegue de los fondos europeos de recuperación. Prueba de ello es la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto, que supondrá una inyección de más de 4.500 millones de euros, o el anuncio del gigante danés de transportes Maersk de que desembolsará 10.000 millones de euros para desarrollar varios centros de producción de hidrógeno verde. Según el Ministerio de Industria, la inversión extranjera directa en España ascendió en 2021 a 31.050,6 millones, lo cual supone superar los datos de antes de la pandemia.

Según las memorias del ministerio, en 2020 y 2021 llegaron 565 consultas, aunque se consideró que solo 84 operaciones, la mayoría de capital estadounidense o chino, debían tener una autorización previa. El Gobierno dio luz verde a todas, pero en seis de ellas puso condiciones. Una de ellas fue la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy, que esperó seis meses para recibir el beneplácito del Ejecutivo. Este puso sobre la mesa varias exigencias para garantizar que la empresa siguiera siendo española y se realizaran varias inversiones estratégicas. Precisamente, se esperaba un nuevo baile accionarial en esa empresa para 2023, pero falta por ver qué ocurrirá si se mantiene el blindaje.

Vetos en Alemania

Las fuentes consultadas explican que el contexto geopolítico y la crisis energética aconsejan mantener esa medida, que se aprobará este mes. Y señalan que otros países de la UE han desplegado escudos similares. Alemania ha decidido recientemente vetar dos ventas de empresas dedicadas a chips por razones de seguridad nacional. De hecho, la Unión Europea aprobó en 2020 un reglamento para que los socios controlaran la entrada de capital foráneo en infraestructuras críticas para la soberanía europea, que iban desde compañías sanitarias a empresas de almacenaje de datos o de tecnología de procesos electorales.

El mecanismo respondía a la creciente preocupación de París y Berlín por el desembarco de Pekín en varias capitales del Viejo Continente bajo el paraguas de la llamada nueva ruta de la seda, un plan de inversiones exteriores con el que busca ganar influencia en el mundo. Empezó en los Balcanes y luego se expandió al este de Europa, pero las alarmas saltaron cuando Italia, un socio fundador de la UE, tendió la alfombra roja al régimen de Xi Jinping.

Todo ello lleva al Gobierno español a extender ese mecanismo dos años más, hasta 2024. Según las mismas fuentes, no obstante, se introducirán modificaciones a la disposición para garantizar la seguridad jurídica del escudo. En concreto, el Ejecutivo ha detectado que la norma no aclaraba si el control de las inversiones también podía ejercerse más allá de las empresas, sobre activos o partes de un negocio que se vendieran de forma individual. Por ello, el Gobierno planea clarificar que también puede poner la lupa sobre ese tipo de transacciones. Eso evitará que una empresa planee comprar otra firma por partes o bien quedarse con la unidad productiva o una división del negocio.

La norma actual considera como sectores estratégicos las infraestructuras críticas ―físicas o virtuales―, incluyendo energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, sector aeroespacial, defensa, procesos electorales o finanzas. Además, se incluyen instalaciones sensibles y terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras. También engloba tecnologías críticas y áreas como la inteligencia artificial (IA), la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.