Los bancos extranjeros pagarán unos 300 millones por el impuesto extraordinario al sector

El impuesto extraordinario a la banca impulsado por el Gobierno salió adelante el pasado jueves en el Congreso, tras una sesión maratoniana. A pesar de las reticencias de las instituciones europeas, la nueva tasa queda a expensas de que el Senado le dé luz verde tras solo registrar un cambio: la inclusión de las entidades extranjeras bajo supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE), independienteme...

El impuesto extraordinario a la banca impulsado por el Gobierno salió adelante el pasado jueves en el Congreso, tras una sesión maratoniana. A pesar de las reticencias de las instituciones europeas, la nueva tasa queda a expensas de que el Senado le dé luz verde tras solo registrar un cambio: la inclusión de las entidades extranjeras bajo supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE), independientemente del nivel de actividad en España. De esta forma, habrá más bancos que abonen el gravamen, mientras que el tipo impositivo se mantiene (un 4,8% del margen de intereses y las comisiones netas anotado en el país). Es decir, no se reparte la tarta entre más jugadores, sino que el Estado recaudará más. Solo con la inclusión de los grupos foráneos, la previsión es que se ingresen unos 300 millones adicionales en dos años.

Los más perjudicados serán BNP Paribas, ING y Deutsche Bank, los que tienen mayor negocio en España. Entre los tres aportarán alrededor de 100 millones de euros anuales, según fuentes del sector. Y habrá que añadir lo que aporten otros grupos, por ejemplo Société Générale, Crédit Agricole, UBS, Bank of America y Andbank, entre otros. De esta forma, la recaudación crecerá por esta vía unos 150 millones anuales durante los dos ejercicios que estará vigente la tasa extraordinaria —si a esta cantidad se le suman los 500 millones extra que recaudará el Estado de los bancos nacionales resultan unos 800 millones por encima de los 3.000 millones previstos—. Al menos por el momento, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó en una entrevista en La Sexta que se pudiese modificar para que sea permanente.

Elena Iparraguirre, directora de Estudio de Bancos en España de S&P, sostiene que la inclusión de los bancos extranjeros se justifica para evitar un trato discriminatorio dentro del mercado español, como había advertido el BCE. Y añade: “Penalizará las cuentas de resultados un par de años, haciéndolas comparativamente peores que la de bancos de otros países. Pero lo pueden asumir, ya que no les va a deteriorar su fortaleza financiera. Lo que sí es importante es que efectivamente sea temporal, no permanente”. Marta Alberni y María Rodríguez, consultoras de Analistas Financieros Internacionales (AFI), creen por su parte que, a pesar del cambio, continúa existiendo un daño: “Se mantiene una desventaja de las entidades españolas con respecto al resto de la banca europea con la que compite a la hora de financiarse en los mercados de emisión de deuda”.

Las entidades foráneas han preferido no pronunciarse sobre el impuesto en los últimos meses. No se querían mover para no salir en la foto, aunque al final han entrado como perjudicadas in extremis. Según fuentes financieras, estas tampoco comparten la explicación del Ejecutivo sobre la tasa. El sector en su conjunto rebate que las ganancias por la subida de tipos sean beneficios caídos del cielo, como puede ocurrir con el sector energético. “Lo que ha habido es una normalización de la política monetaria tras años en tipos cero o negativos, aunque más rápido de lo previsto”, inciden estas fuentes. Algo que les ayudará a recuperar su rentabilidad, muy castigada en los últimos años en los que ha estado por debajo incluso del coste de capital. Pero esta inclusión de nuevos costes impedirá al menos una parte de ese avance.

El Ejecutivo se ha mantenido firme en su apuesta y cree que la banca es uno de los vencedores de esta crisis, a pesar de los argumentos dados por las entidades, el BCE —reclamó un análisis exhaustivo y que los bancos puedan repercutir a los clientes el coste— y la Comisión Europea. “El Gobierno tiene que proteger a la ciudadanía, a la mayoría social de este país, y el BCE tiene como competencia fundamental proteger a las entidades financieras. En ese equilibrio es donde los gobiernos tienen que decidir cómo y de qué manera son capaces de asegurar que no haya ningún problema en las cuentas de resultados de los bancos, pero que aporten más, justamente ahora que están repartiendo dividendos y están en cifras históricas”, afirmó el pasado viernes en la SER la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Casi 4.000 millones

El gravamen extraordinario esperaba conseguir 3.000 millones en dos años. Sin embargo, la inclusión de más entidades y la mejora del negocio por el impulso de los tipos de interés va a regar con más ingresos tributarios al sector público, como señala Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universidad de Valencia: “Es obvio que la finalidad del impuesto es maximizar la recaudación y, por tanto, al final se recaudará más de los 1.500 millones anuales previstos si se aplica a más entidades”.

Esto ocurre por un motivo principal: el tipo del 4,8% se calculó para cumplir con el objetivo de recaudación, pero en términos constantes y solo teniendo en cuenta a los grupos españoles. Es decir, en el caso de que el negocio bancario se mantuviese estable y con menos pagadores. Sin embargo, la realidad ha sido otra y la actividad se ha impulsado en lo que va de año. Además, es de esperar que con los tipos al alza el avance continúe con más fuerza el próximo ejercicio. “Los ingresos por el impuesto serán crecientes porque los márgenes están subiendo”, añade Iparraguirre.

De esta forma, la estimación se desborda tanto por la recaudación de los bancos extranjeros como de los nacionales, si es que finalmente se abona (los bancos adelantan que darán batalla en los tribunales). Con datos hasta el tercer trimestre, entre la decena de entidades que deberán abonar el impuesto —CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca, Cajamar e Ibercaja— ya les correspondería pagar 1.213 millones. Y aquí faltan por contabilizar los guarismos del último trimestre. En caso de repetir la misma actividad del cuarto trimestre del año pasado (hasta septiembre creció casi un 2%), la factura fiscal de estos grupos sería de 1.618 millones.

Además, para el segundo ejercicio de aplicación de la tasa se espera un pago aún mayor por el efecto de la subida de tipos. Aunque existen riesgos para el sector financiero, como recuerda Maudos, que abonará cantidades mayores, aunque esto no se tiene por qué reflejar en más beneficios: “Si se produce en paralelo un aumento de la morosidad y, por tanto, de las provisiones, se daría una paradoja: los bancos tendrían que pagar más por el impuesto extraordinario, porque grava ingresos, sin que aumente necesariamente su beneficio”. Según los cálculos de este periódico, en función de la sensibilidad a la subida de tipos de cada entidad, el próximo año los ingresos tributarios del Estado ascenderían hasta alrededor de los 1.900 millones solo de los grupos nacionales. La cifra agregada de bancos españoles y extranjeros para los dos ejercicios acariciaría los 4.000 millones, un tercio más de lo previsto. Al final parece que sí habrá beneficios fiscales caídos del cielo.