Los agujeros legales de las finanzas sostenibles: así acaba el dinero de los fondos de inversión más verdes en empresas contaminantes

Uno de los fondos de inversión europeos más sostenibles con el medio ambiente, propiedad de la gestora de activos estadounidense Blackrock, dedica más de 300 millones de euros a una de las empresas más contaminantes del Viejo Continente, la alemana RWE. Otro vehículo financiero con la misma etiqueta verde, de la entidad suiza Pictet, ha transferido más de 200 millones al principal productor de electricidad de Estados Unidos. Un fo...

Uno de los fondos de inversión europeos más sostenibles con el medio ambiente, propiedad de la gestora de activos estadounidense Blackrock, dedica más de 300 millones de euros a una de las empresas más contaminantes del Viejo Continente, la alemana RWE. Otro vehículo financiero con la misma etiqueta verde, de la entidad suiza Pictet, ha transferido más de 200 millones al principal productor de electricidad de Estados Unidos. Un fondo también catalogado como verde, de la sociedad francesa Carmignac, invierte 1,6 millones de euros en Ryanair, la aerolínea europea que emitió más toneladas de CO2 en 2019.

La etiqueta verde la garantiza el reglamento que la Comisión Europea puso en marcha para alimentar inversiones sostenibles con el planeta, un sector en expansión que intenta cuidar cada vez más el impacto del dinero. Pero una normativa poco definida ha llevado a muchos fondos a dar marcha atrás y a otros a aprovechar los agujeros legales para mover millones de euros hacia sectores contaminantes.

Al menos la mitad (46,3%) de los fondos europeos más sostenibles, conocidos como verde oscuro o Artículo 9, tienen en su cartera empresas que explotan los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Tras analizar 130.000 inversiones de 838 fondos, el proyecto de investigación periodística The Great Green Investment Investigation, coordinado por los medios Follow The Money e Investico y en el que participa EL PAÍS junto a otros diez medios, desvela que más de 8.500 millones de euros en inversiones a empresas contaminantes salen de los fondos más verdes de Europa.

Los inversores españoles pueden acceder a cerca de 500 de estos fondos Artículo 9 y, en línea con los datos del continente, la mitad invierte también en empresas contaminantes. 70 fondos reparten al menos 645 millones de euros entre cinco de las empresas que más toneladas de C02 emiten en Europa: Enel (31 fondos), Total (15 fondos), Engie (12 fondos), RWE (7 fondos) y ENI (5 fondos).

Seis fondos de grandes gestoras, como Principal Global, Pictet o Blackrock, dedican más de un 10% de sus inversiones a empresas contaminantes, lo suficiente para mover más de mil millones de euros hacia ese sector más dañino con el planeta. La normal es que, de media, un 3% de la cartera de estos fondos vaya a compañías de combustibles fósiles, sin que el resto se destine a empresas con un claro impacto ambiental. Entre las que más dinero reciben de los fondos Artículo 9 se encuentran la automovilística Toyota (2,8 millones en inversiones), las farmacéuticas Thermo Fisher y Novo Nordisk (2,1 y 1,1 millones), Microsoft (1,9), Sony (1,1) o L’Oreal.

Las grandes gestoras, desde Pictet hasta Principal Global, aseguran que si tuvieran que centrarse solo en empresas sin impacto sobre el planeta apenas tendrían a disposición un puñado de compañías. Y que, de acuerdo con la normativa, invierten en empresas de combustibles fósiles solo cuando están mostrando un cambio hacia las energías renovables o no dependen demasiado del carbón.

Ganadores inesperados

¿Cómo pueden ser verdes unos instrumentos financieros que inyectan capital en los combustibles fósiles? Es la pregunta que los medios que han colaborado en esta investigación han planteado a decenas de gestores de fondos, analistas e instituciones financieras. La respuesta está en una norma europea que la mayoría de ellos definen “débil” e “indefinida”.

El reglamento europeo (Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenible o SFDR, por su abreviatura en inglés) pide que desde marzo de 2021 cada fondo se presente a los inversores con una etiqueta que aclare cómo de sostenible es. Hay tres niveles: Artículo 9 o verde oscuro, con un objetivo de inversiones sostenibles; Artículo 8 o verde claro, que simplemente promueve características medioambientales; y Artículo 6 o amarillo, que no tiene criterios de sostenibilidad. Las dos categorías más sostenibles acumulan 4,3 billones de euros en inversiones (60 veces lo que factura en un año Alphabet, matriz de Google) y los verde oscuro se han duplicado en un año. En 2022, en medio del mal panorama económico, los Artículo 9 son los más atractivos: han crecido en 31.000 millones de euros mientras los fondos 6 y 8 perdían decenas de millones, según la Asociación Europea de Fondos y Gestoras (EFAMA).

La norma vino a poner orden en las finanzas sostenibles, que ya tenían gran atractivo. Como recuerda Alfredo Echevarría, del Instituto Español de Analistas Financieros (IAF), con los Artículo 9 “se crea un producto claramente diferenciado de los fondos tradicionales, facilitando la decisión del ahorrador que busca productos de inversión sostenibles. El carácter o no de fondo sostenible ya no es puramente nominal (”soy verde porque lo digo yo”) sino que pasa a depender del cumplimiento de una exigencia regulatoria”.

Ser un fondo Artículo 9 requiere no generar “daño significativo” y que las inversiones sean sostenibles, según la normativa europea. El problema es que no está claro ni cómo medir ese daño ni qué es o cómo se identifica la sostenibilidad real de una inversión.

Esta falta de un marco claro generó dudas ya tras su aprobación, como recuerda Carlos Magán, socio de Analista Financieros Internacionales: “En ese momento, algunas gestoras pasaron toda su gama de productos a Artículo 8 o 9.-Costaba entender cómo era posible, pero lo era porque había confusión sobre qué tipo de inversiones se podían realizar o no”.

Fuentes del departamento jurídico de Inverco, la asociación que incorpora las instituciones de inversión colectiva en España, coinciden en que en la norma quedan dudas por aclarar sobre el concepto mismo de inversión sostenible: “Estamos asistiendo a procesos acelerados de normativas, que se está haciendo sobre la marcha: no es lo normal”, explican. De hecho, “no hay materia sólida legislativa para saber si el 100% de las inversiones de un fondo Artículo 9 tienen que ser sostenibles. Son los que tienen mayor ambición en materia de sostenibilidad, y deberían ser sostenible casi al 100%, pero es una cuestión abierta”, añaden.

El supervisor europeo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, dice que “no hay una prohibición explícita para hacer inversiones en combustibles fósiles”, pero “debería resultar bastante difícil hacerlo, debido a la necesidad de demostrar que esa inversión no provoca ningún tipo de daño ambiental o social”. Pero es algo que en Europa ha dejado la puerta abierta a distintas interpretaciones con un ganador inesperado: las empresas de combustibles fósiles que han conseguido captar dinero pensado para compañías sostenibles.

El director adjunto de la autoridad francesa de productos financieros (AMF), Philippe Sourlas, cree que “hay un gran margen de interpretación, el texto no es lo suficientemente preciso como para sacar conclusiones”. Hugo Gallagher, de Eurosif, asociación que impulsa las finanzas sostenibles en Europa, coincide en que algunos conceptos fundamentales del artículo 9 no están suficientemente desarrollados y que los objetivos del reglamento no son claros. Y, añade, esto tiene consecuencias directas: “Al menos un 25% de los fondos artículo 9 deberían ser recalificados como 8 porque no cumplen con la condición de que todas las inversiones sean sostenibles”, estima.

En España, fuentes de la CNMV detallan que sí se podrían admitir inversiones no sostenibles en los Artículo 9 aunque “estas deben cumplir salvaguardias ambientales o sociales mínimas, es decir, las inversiones para propósitos específicos deben estar en línea con el objetivo de inversión sostenible y cumplir con el principio de “ausencia de daño significativo”. La CNMV, de hecho, está llevando a cabo un análisis de la consistencia de la información aportada por estos fondos.

Miedo al ‘ecoblanqueo’

Las consecuencias de esta inestabilidad legal ya se están viendo en el mercado europeo. La pasada semana, Amundi, el mayor gestor de fondos de Europa, ha anunciado la de-clasificación de 100 fondos con más de 45.000 millones en activos: eran artículo 9 pero los han pasado a Artículo 8. En los últimos días y como han confirmado ante las preguntas para esta investigación, tanto BalckRock como RobecoSAM o BNP Paribas han indicado estar actuando en la misma línea. Además de estos, la plataforma de análisis Morningstar ha identificado al menos otros 43 fondos que han pasado de verde oscuro a verde claro desde junio de este año.

Si el dinero fluye hacia fondos que no cumplen sus promesas, existe la posibilidad de que los precios se inflen. El inversor minorista puede ser víctima de esto

Los primeros perjudicados pueden ser los inversores, como comenta, al conocer los resultados de esta investigación periodística, la Asociación de Inversores Europeos a través de su portavoz Joost Schmets: “Es reprobable si, sin ser completamente sostenible, que un fondo utilice una etiqueta verde oscuro para recaudar miles de millones. El artículo 9 no es una herramienta de marketing, es una promesa para el inversor”. Y van más allá: “Si el dinero fluye hacia fondos que no cumplen sus promesas, existe la posibilidad de que los precios se inflen. El inversor minorista puede ser víctima de esto”.

Un toque de alarma para el sector de las finanzas sostenibles llegó ya hace algo más de un año. La SEC, autoridad que vigila los mercados financieros de Estados Unidos, intervino las oficinas de DWS, la gestora de fondos del banco alemán Deutsche Bank, por vender como éticos o verdes fondos que no lo eran. El consejero delegado de DWS se vio obligado a dejar el cargo y el banco empezó un proceso de investigación interno.

La práctica de vender productos amables con el medio ambiente cuando no lo son, conocida como ecoblanqueo (greenwashing en inglés), es una sombra que planea encima del sector desde su nacimiento. El reglamento SFDR era justamente una herramienta para evitarlo -poniendo límites y marcos jurídicos- pero no está claro hasta qué punto lo haya logrado. Como analiza Mario La Torre, profesor de Economía y Finanzas, “el ecoblanqueo [entre los fondos de Artículo 9] ocurre incluso de manera involuntaria, como parte de los intentos de encajar un producto con lo que pide el legislador”. De hecho, asegura, muchos fondos Artículo 9 no lo son “de forma pura”: modulan sus elecciones en función del riesgo y de la rentabilidad: “Quizás excluyan sectores controvertidos (armas, tabaco, contaminantes), pero con alguna salvedad, no incluyendo por ejemplo solo las que tengan mucha facturación: todo esto, para no impactar mucho en la rentabilidad”.

Los gestores españoles del banco privado Pictet ofrecen, en sus respuestas a este periódico, un ejemplo de cómo falte ‘pureza’ y se cuelen empresas contaminantes en los fondos más verdes: su fondo Artículo 9 Pictet Clean Energy “no invierte solamente en compañías puramente renovables, sino también en las que están invirtiendo significativamente en renovables” y busca “un impacto medioambiental y social positivo invirtiendo en empresas que muestran al menos 33% de exposición al cambio hacia empresas relacionadas con energías renovables, tecnologías que reducen emisiones de CO2 o consumo de energía en la industria”, explican.

Muchos gestores de fondos interrogados para este reportaje creen que si fueran estrictos e incluyesen solo empresas que no dañan al clima, podrían elegir menos de un 5% de las compañías a nivel global. Según La Torre, esto ocurre porque “falta mover la atención desde las exigencias de la oferta (riesgo y rentabilidad) hacia la necesidad del impacto, hacia buscar impacto de forma intencional. Si no se hace, lo de ‘finanza sostenible’ se va a quedar en una etiqueta”.

¿Qué falta para ir en esa dirección? Según Alfredo Echevarría, de IAF, el problema reside en la imposibilidad de medir bien los objetivos de cada fondo: “el ‘elefante en la habitación’ es que no hay datos a disposición del mercado que permitan un desarrollo eficaz de estos fondos. En nuestra opinión todo el desarrollo de los productos sostenibles pivota sobre la disponibilidad de datos, lo que permitirá el diseño de productos sostenibles con objetivos concretos y medibles”.

A partir de enero de 2023 entrará en vigor una nueva fase del reglamento europeo, que exigirá responder a una serie de detalladas preguntas para medir el impacto real de cada inversión sostenible. Según fuentes del sector, es la incapacidad de ofrecer tanto detalle a los inversores lo que está provocando que grandes gestores como Amundi estén rebajando el nivel de sostenibilidad de sus productos. Aunque, como señalan desde INVERCO, “si hasta ahora un fondo se etiquetaba como realmente sostenible, no debería tener problemas en explicar en detalle por qué lo es”. Al menos en teoría.