El FMI reclama un ajuste fiscal a España de hasta 6.500 millones en pleno año electoral

Un día después de que la Comisión Europea diese el visto bueno al presupuesto español, el Fondo Monetario Internacional recuerda la necesidad de ajustes fiscales, tanto por la vía de los ingresos como de la eficiencia en el gasto. El martes, Bruselas dio luz verde a unas cuentas públicas que, ...

Un día después de que la Comisión Europea diese el visto bueno al presupuesto español, el Fondo Monetario Internacional recuerda la necesidad de ajustes fiscales, tanto por la vía de los ingresos como de la eficiencia en el gasto. El martes, Bruselas dio luz verde a unas cuentas públicas que, según la Autoridad Fiscal, apenas bajarán el déficit el año que viene una vez incluidas las medidas contra la inflación. Este miércoles, el FMI señala que en 2023, en pleno año electoral, el Gobierno debería emprender una consolidación fiscal estructural de entre 0,25 y 0,5 puntos del PIB, entre 3.200 y 6.500 millones de euros, aprovechando el impacto positivo que tendrán los fondos europeos. “Ayudará a impulsar la confianza de los inversores y contener las presiones inflacionarias”, dice. Si bien admite que el plan presupuestario provisional contiene una reducción del déficit en el rango bajo, del 0,3% del PIB, destaca que esta dependerá de la robustez de los ingresos y de un menor gasto en medidas energéticas en 2023.

Cabe recordar que el escenario presupuestario alternativo que el Gobierno envió a Bruselas, que se considera el principal, contemplaba gastar una cantidad similar a la de 2022 en el paquete de ayudas contra la inflación. Quizás por eso, el FMI recomienda focalizar estas medidas para generar ahorros. A partir de 2024, según el Fondo, habría que elevar los esfuerzos de consolidación para conseguir al menos 0,6 puntos de PIB al año hasta el final de la década, cerca de 8.000 millones de euros anuales. “Permitiría encauzar la deuda y lograr una posición casi equilibrada”, afirma la institución con sede en Washington. En este punto se alinea con el Banco de España, que ya ha pedido que el año que viene comience el esfuerzo de consolidación fiscal ante un contexto de subidas de tipos, ralentización económica global y elevada deuda tras la pandemia y la Gran Recesión. Estas son las conclusiones preliminares publicadas por el personal técnico del FMI al término de su visita a España para elaborar su evaluación anual de la economía española, el llamado Artículo IV que realiza a todos los países.

“Las finanzas públicas continuaron mejorando en 2022, pero la deuda pública sigue siendo elevada y se necesitaría un esfuerzo sostenido de consolidación”, indica el documento del FMI. Pese al buen comportamiento de la recaudación, el organismo internacional sostiene que los elevados ingresos en proporción a la evolución del PIB “podrían ser temporales y es prudente suponer que disminuirán con el tiempo, al menos parcialmente”. La partida de pensiones subirá con la inflación. Y aumentará la proporción que hay que dedicar a costear los intereses de la deuda. A más largo plazo, el envejecimiento de la población tensionará las finanzas públicas. Por todas estas razones, el Fondo insiste en que se lleve a cabo un plan para reconducir las cuentas públicas y la deuda. “El Gobierno lo ha hecho bien en muchas cosas, con el foco adecuado en las reformas. Pero debería rebajar la deuda para poder responder otra vez como lo ha hecho durante la covid y frente a la inflación”, ha explicado la jefa de la misión para España, Dora Iakova.

Medidas contra la inflación

Por otra parte, las ayudas del Gobierno han amortiguado el impacto de las subidas de precios de la energía, reconoce el FMI. Pero a la vez defiende que sería deseable un mayor grado de focalización de las medidas. Así, la institución valora de forma positiva los bonos sociales eléctrico y térmico, la mejora del ingreso mínimo vital y las ayudas directas a sectores afectados. “Benefician a los más vulnerables con un coste fiscal relativamente bajo”, asegura. Sin embargo, el organismo destaca que la mayor parte del apoyo público se ha dedicado a “iniciativas no focalizadas y que distorsionan las señales de precio”. Menciona como ejemplos de esto la bajada de impuestos a la electricidad y la bonificación de los combustibles. “Son costosas y han beneficiado de forma desproporcionada a los hogares de mayores ingresos”, apostilla.

Respecto al mecanismo ibérico para topar el precio del gas en el mercado eléctrico, señala que reduce los precios de la luz, pero también modera los incentivos para ajustar la demanda. Aunque este mecanismo tiene también el lado positivo de que no acarrea un coste fiscal, subraya. Dado que los precios del gas seguirán altos durante un tiempo, las medidas de apoyo deberían adaptarse, en opinión del Fondo, para reducir la demanda y contener la carga fiscal. Recomienda cheques vinculados a ingresos o al tamaño del hogar, una mayor expansión de las tarifas sociales con descuentos como el bono social o tarifas por tramos de consumo, que aumentan en función del uso. La institución internacional ve bien que el apoyo concedido a los hogares de más ingresos sea recuperado a través de los impuestos para asegurar la progresividad de las medidas.

Reticencias sobre el impuesto a la banca

Aunque considera apropiado financiar el alivio a colectivos vulnerables con impuestos temporales a las rentas altas y las empresas, el Fondo subraya que los gravámenes a energéticas y bancos se aplican sobre los ingresos en lugar de sobre los beneficios y, por lo tanto, no tienen en cuenta los costes. De la banca dice que, a pesar de que ingresará más por la subida de tipos, también podría sufrir por las perspectivas económicas menos favorables y unas condiciones de financiación más restrictivas. “Los activos deteriorados podrían aumentar de forma sustancial en escenarios de estrés”, explica. Y advierte de que será importante vigilar cómo afecta el gravamen a la concesión de crédito, sus costes y la resistencia de las entidades. Estos nuevos gravámenes deberían ser temporales y no sustituir la necesaria reforma tributaria, concluye. Esta reforma debería seguir las recomendaciones del informe de expertos, que apuntaban a un incremento de la fiscalidad verde y subidas de los tipos reducidos del IVA, compensando por ello a las rentas bajas mediante el gasto.

La rebaja de los precios del gas y el mecanismo ibérico han contribuido a moderar el avance del IPC. Sin embargo, está habiendo una traslación de los precios de la energía a los generales. Aunque por ahora no hay señales de alzas salariales significativas, el FMI defiende un pacto de rentas que ayude a repartir los costes y evite una espiral inflacionaria. “La pérdida de poder adquisitivo es inevitable y tendrá que ser absorbida por una disminución temporal de los ingresos reales de los hogares y empresas”, indica.

Más medidas en las pensiones

En cuanto a las pensiones, recuerda que volver a ligar las prestaciones con la inflación y suprimir el factor de sostenibilidad lleva a un aumento considerable del gasto que requerirá medidas adicionales. Ampliar el periodo de cálculo de la pensión y subir las bases máximas de cotización “podrían tener un efecto financiero positivo, pero los detalles específicos de su diseño determinarán si serán suficientes para preservar la sostenibilidad”, remacha.

Valoración positiva de la reforma laboral

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva destaca la fortaleza del mercado de trabajo y alaba los resultados positivos de la reforma laboral a la hora de aumentar el empleo indefinido. No obstante, explica que es demasiado pronto para evaluar su impacto general: “Será importante hacer un seguimiento para determinar si está teniendo el efecto deseado de incrementar la estabilidad del empleo y, a la vez, preservar la flexibilidad de las empresas”.

Los precios de la energía, la desaceleración global, el deterioro de la confianza y unas condiciones financieras más restrictivas, que afectan mucho a los hipotecados españoles por los tipos variables, han ralentizado la recuperación económica. “Se prevé que el crecimiento sea relativamente débil en los próximos trimestres”, anticipan los economistas del organismo. El PIB español crecerá este año un poco más de lo previsto anteriormente por la institución: un 4,6% en vez de un 4,3%. Y el que viene se ralentizará hasta el 1,2% que ya había pronosticado. Conforme se avance en el 2023, según vaticina el Fondo, debería haber un repunte de la actividad, gracias a la recuperación de los servicios, la desaparición de los cuellos de botella y el impulso de los fondos europeos.

El FMI hace mucho hincapié en que el crecimiento de la productividad ha sido inferior en España respecto a otras economías similares, “lo cual no ha favorecido la convergencia en ingresos”, dice. Y lo atribuye a la mayor presencia de pymes, el empleo temporal y la falta de formación. “Se requieren mayores esfuerzos para abordar el elevado número de umbrales regulatorios asociados al tamaño de las empresas y las diferencias en los marcos regulatorios entre regiones”, argumenta. Aunque se está acelerando el gasto de los fondos europeos, pide más información sobre su ejecución. E insta a que haya una vigilancia de los precios al alza de la vivienda, aunque de momento no cree necesario activar medidas para limitar el crédito hipotecario.