Hacienda confía en que el tirón de los ingresos se mantenga y no haya un desplome como en la anterior crisis

El plan anticrisis está a punto de caducar, el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno anunciará en breve un nuevo paquete. “Dentro de unas semanas se aprobará un nuevo decreto ley de medidas para aliviar el incremento de los precios, cuyo contenido no está aún definido, pero seguramente habrá alguna medida de carácter fiscal como las adoptadas” en los últimos meses, ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXXII Congreso de los inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra estos días en Granada. El exdirector de la Agencia Tributaria ...

El plan anticrisis está a punto de caducar, el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno anunciará en breve un nuevo paquete. “Dentro de unas semanas se aprobará un nuevo decreto ley de medidas para aliviar el incremento de los precios, cuyo contenido no está aún definido, pero seguramente habrá alguna medida de carácter fiscal como las adoptadas” en los últimos meses, ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXXII Congreso de los inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra estos días en Granada. El exdirector de la Agencia Tributaria ha achacado parte de la buena marcha de la recaudación al afloramiento de la economía sumergida, aunque sin cuantificar, y ha asegurado que “no habrá un desplome” en los ingresos como pasó con la crisis financiera. También ha confirmado que el nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno se cobrará ya el año que viene. Su aprobación será a través de una enmienda —al igual que la limitación para compensar pérdidas en el impuesto de sociedades— a la norma que se está tramitando para crear los nuevos gravámenes a los ingresos extraordinarios de banca y energéticas.

Actualmente, hay varias medidas en marcha para mitigar el impacto de la subida de precios causado por la crisis energética, tanto por el lado del gasto como de los ingresos. En el primer grupo están iniciativas como la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, una de las más costosas para las arcas públicas; en el segundo, la rebaja de los impuestos al recibo de la luz, entre otras. Gascón no ha especificado qué ayudas se prorrogarán, cuáles se mantendrán con modificaciones o qué nuevos apoyos se diseñarán. “Es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Eso implica una producción normativa acelerada”, ha dicho en la inauguración del congreso Administración Tributaria: una mirada crítica y propuestas de reforma, organizado con la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales.

El secretario de Estado ha señalado que este despliegue será posible también gracias a la positiva evolución de los recursos públicos. El Gobierno prevé ingresar unos 20.000 millones más con respecto a lo estimado en el proyecto de Presupuestos, según se desprende de la información que ha enviado a Bruselas. Este margen es el resultado del tirón que está teniendo la recaudación por distintas razones: la recuperación del consumo tras la covid, la inflación, el aguante de las rentas. “Se nos ha preguntado si esta subida de ingresos es permanente o va a haber un desplome como en la Gran Recesión”, ha señalado Gascón. “En este caso prefiero ser optimista, porque tengo datos que me permiten serlo”, ha dicho. “Ahora no hay una burbuja, no va a haber un desplome. Como mucho, una pequeña oscilación”.

Un estudio interno de la Agencia Tributaria achaca un cuarto de la mejora de la recaudación a la inflación hasta agosto. Pero hay cerca de un tercio del crecimiento que, según organismos como el Banco de España, no se explica ni por la subida de precios ni por la marcha de la actividad, y que según Gascón puede deberse a la reducción del fraude y al afloramiento de la economía sumergida. “No tenemos datos para decirlo, pero pensamos que puede estar pasando este fenómeno”, ha apuntado.

Ha argumentado que, en los últimos siete años, las bases imponibles de los impuestos están creciendo más que la demanda interna, una evolución que se puede explicar por las políticas de apoyo a las rentas durante la pandemia y los incentivos a declarar creados por las regularizaciones, entre otros factores. “Los cambios en los comportamientos sociales también nos han ayudado”, ha dicho Gascón en referencia al hecho que los pagos con tarjeta ya duplican las retiradas de efectivo tras la crisis sanitaria.

Límites a la competencia autonómica

La hiperproducción normativa en materia tributaria ha sido uno de los objetos de crítica de los inspectores de Hacienda, que han reclamado ponerle freno. Y han hecho hincapié en que a este caos también contribuye la ilimitada competencia de las comunidades sobre los tributos estatales que tienen cedidos. “Es difícil volver atrás, pero se debería replantear la cesión de las competencias de gestión de impuestos como el patrimonio o sucesiones y donaciones”, ha zanjado el inspector de Hacienda José María Peláez, quien ha definido como “locura” la disputa actual entre el Gobierno y los barones regionales sobre la tributación a la riqueza.

La propuesta de la asociación de inspectores pasa por fijar “límites claros” en la gestión de los impuestos cedidos a las comunidades. Por ejemplo, establecer mínimos de tributación para evitar “deslocalizaciones”, en línea con las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal presentadas en marzo. “El sistema tributario está destrozado y la clase política no está a la altura como para poner remedio a esta situación”, ha abundado Peláez en una mesa redonda moderada por el presidente de la asociación de inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, y en la que han coincidido los expertos en fiscalidad Antonio Durán Sindreu y César García Novoa.

La asociación de inspectores ha avanzado otras propuestas además de la armonización. Entre ellas, se ha mencionado la posibilidad de crear una policía fiscal o introducir el pago a confidentes. Los inspectores también han reclamado más estabilidad y un blindaje de los puestos directivos de la Administración tributaria, con nombramientos que se acuerden en el Parlamento. Además, han criticado la propuesta de reforma de las oposiciones, que según Pérez Boga reducen la calidad de los futuros funcionarios. A la vez, han reclamado la necesidad de reforzar la plantilla, de las más envejecidas entre los organismos públicos, y de zanjar el conflicto interno sobre la actualización de retribuciones y carrera profesional.