Hacienda amplía los criterios para revisar al alza los contratos de las obras públicas
Una orden ministerial permitirá acogerse a la medida a los proyectos cuyo presupuesto se desboque por el sobrecoste de seis nuevos materiales: cemento, madera, cerámica, plásticos, productos químicos y vidrio
El Ministerio de Hacienda busca ampliar los supuestos que permiten revisar los precios de las obras públicas para compensar el sobrecoste de los materiales. En adelante, según el borrador de una orden ministerial a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el cálculo para decidir si un proyecto puede acogerse a esta medida se ampliará a seis nuevos productos: cemento, cerámicas, madera, plásticos, productos químicos y vidrio. Estos se sumarían así a los cuatro (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre) q...
El Ministerio de Hacienda busca ampliar los supuestos que permiten revisar los precios de las obras públicas para compensar el sobrecoste de los materiales. En adelante, según el borrador de una orden ministerial a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el cálculo para decidir si un proyecto puede acogerse a esta medida se ampliará a seis nuevos productos: cemento, cerámicas, madera, plásticos, productos químicos y vidrio. Estos se sumarían así a los cuatro (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre) que ya recoge el real decreto ley aprobado el pasado marzo. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha criticado reiteradamente las normas vigentes sobre contratos públicos por considerarlas insuficientes ante las presiones inflacionistas que vive el sector. El hecho de que solo se contemplasen cuatro materiales y otros condicionantes como los plazos de ejecución hacía, según calculó la patronal constructora el pasado verano, que un 90% de las obras públicas quedaran excluidas del mecanismo para adecuar su precio a la realidad.
La nueva norma se articulará mediante una orden ministerial, una posibilidad que se recogió en los decretos (se publicaron dos, ya que el segundo corrigió el primero) del pasado marzo. Estos limitaban los materiales para calcular el sobreprecio a cuatro, pero añadían que “se podrán establecer otros materiales cuyo incremento de coste deba tenerse también en cuenta”. Es lo que ha sucedido, según el borrador de Hacienda, que detalla que “algunos materiales no incluidos en la relación recogida en el real decreto-ley por no haber experimentado alzas excepcionales en los meses que siguieron al comienzo de la pandemia, han sufrido incrementos no menos significativos a lo largo de dicho periodo [entre marzo y agosto de este año]”.
Para ampliar el listado de productos se ha tenido en cuenta “su impacto en la economía de los contratos de obras” por dos motivos: que su uso sea muy frecuente y que su importe haya aumentado mucho en los últimos meses. La orden prevé que la medida entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que fuentes al tanto del asunto consideran que sucederá “próximamente”. Antes, eso sí, se deberá convocar al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado para que emita un informe, según marcan los decretos de marzo. Este organismo, dependiente de Hacienda, cuenta con vocales de varios departamentos y también con representación de las patronales de los sectores afectados.
Hasta ahora, la CNC se ha mostrado muy crítica con el funcionamiento del mecanismo de revisión de obras públicas. En un primer momento lo apoyó, pero luego lo ha tildado reiteradamente como “insuficiente”, destacando que solo servía para grandes obras y de tipología muy concreta, como las ferroviarias, por incluir únicamente cuatro materiales. La patronal también se quejaba de que el sobrecoste para revisar el precio del contrato deba superar el 5% sin poder rebasar el 20% (según sus cálculos, las obras cuestan de media un 33% más que el año pasado, aunque esto incluye todos los factores y no solo los materiales). Y, por último, denunciaba una interpretación restrictiva de los plazos de ejecución por la que algunas Administraciones (además de la central, también pueden acogerse a los decretos las comunidades autónomas y municipios) solo activan el mecanismo para obras que duren entre 12 y 24 meses.
En suma, la patronal ha señalado en diversos estudios que entre un 90% y un 95% de las obras públicas se quedan fuera de la posibilidad de adecuar su coste al precio real de los trabajos; y que esto incide en la contratación, ya que en los tres primeros trimestres se quedaron desiertas casi 1.500 licitaciones. La patronal de la construcción se ha quejado, además, de que los sobrecostes de los contratos por la espiral de precios que ha disparado el coste de los materiales básicos de las obras pone en peligro la ejecución de muchos proyectos financiados por los fondos europeos del plan Next Generation UE.
De sus reivindicaciones, en principio solo se tendría en cuenta la de ampliar el cálculo a más materiales. Es decir, que se abre así el abanico a más tipologías de obra, ya que se trata de productos muy utilizados como el cemento, las cerámicas, la madera, los plásticos, el vidrio o los productos químicos. Fuentes gubernamentales señalan que el borrador aún “puede cambiar levemente”. Pero en los decretos que regulan el mecanismo de revisión, la única función que se atribuye a la orden ministerial es la de determinar con qué materiales se computa el sobrecoste de la obra y no el resto de condiciones para acogerse a la medida.