La banca acumula un colchón de 66.000 millones para rebajar su factura fiscal

Gobierno, bancos y energéticas siguen enzarzados por los nuevos gravámenes extraordinarios con los que el Estado pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años. El Ejecutivo quiere que contribuyan más para hacer frente a las medidas contra la inflación. Y pide a los dos sectores que arrimen el hombro, mientras que estos tratan de suavizar el golpe. En medio de la disputa, la factura fiscal de estas compañías ha vuelto al prim...

Gobierno, bancos y energéticas siguen enzarzados por los nuevos gravámenes extraordinarios con los que el Estado pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años. El Ejecutivo quiere que contribuyan más para hacer frente a las medidas contra la inflación. Y pide a los dos sectores que arrimen el hombro, mientras que estos tratan de suavizar el golpe. En medio de la disputa, la factura fiscal de estas compañías ha vuelto al primer plano por la diferencia que existe entre el tipo impositivo que se les aplica y el que efectivamente pagan. Esta brecha se explica, en buena medida, por los activos por impuestos diferidos que utilizan las empresas para deducirse una parte del pago tributario: a cierre de 2021 se contabilizaban casi 80.000 millones entre los grupos financieros y de energía del Ibex. Solo los bancos suman 60.800 millones, 4.600 millones menos que en 2017. Y si se le añade la cuantía de la otra entidad cotizada (Unicaja), el sector acumula 65.600 millones para rebajar su factura fiscal.

Estos activos son, de forma resumida, pérdidas o deterioros contables que las empresas no se pudieron deducir entonces en su pago al fisco y que el Gobierno les permite utilizar en ejercicios posteriores para pagar menos por el impuesto de sociedades. Estas empresas se apuntan los créditos fiscales en sus balances como un activo.

Estos instrumentos, conocidos como DTA por sus siglas en inglés, tienen su origen en su mayoría en la época de la burbuja inmobiliaria. Entonces, los bancos tuvieron que realizar un duro ajuste de la valoración de los activos y créditos que tenían anotados en libros. Aunque también existen otros deterioros derivados de reestructuraciones de plantilla, pagos por planes de pensiones o provisiones para cubrir riesgos de pérdidas, por ejemplo.

Lo anterior es el caso típico de los activos fiscales diferidos, que no hay que confundir con otros créditos que se pueden generar cuando una empresa tiene una pérdida contable en un ejercicio que puede compensar con beneficios futuros. “La obtención de pérdidas en la medida que sean fiscalmente deducibles (base imponible negativa) también puede dar lugar al reconocimiento de un crédito fiscal sujeto a la capacidad de la empresa de generar beneficios en ejercicios futuros contra los que podrá compensar las citadas pérdidas”, explica Arturo Morando, socio de fiscalidad del sector financiero de KPMG Abogados.

De esta forma se justifica que las grandes compañías españolas, especialmente los bancos, cuenten con miles de millones en una especie de cheque que les sirve para deducirse el pago de impuestos. Entre las 35 compañías que componen el Ibex contabilizan 97.309,86 millones de euros a cierre de 2021, según consta en los informes financieros que remiten a la CNMV. Si a estas firmas se le añade la cifra del otro banco español cotizado —los 4.767 millones de Unicaja—, la cantidad supera la barrera de los 100.000 millones. Por sectores, los dos grandes tenedores son los bancos (65.599,41 millones si se incluye en la cuenta a la entidad malagueña) y las empresas energéticas del selectivo español (14.628,14 millones). Precisamente las dos actividades sobre las que apunta el Ejecutivo con los nuevos impuestos extraordinarios.

El ministerio que dirige María Jesús Montero, mientras tanto, asegura que no estudia en este momento endurecer las condiciones de uso de los DTA para hacer tributar más a las entidades. Ya de por sí la letra pequeña para utilizar estos créditos fiscales pone muy difícil que se liquiden, de ahí el atasco que existe y que las empresas no consigan dar salida a la ingente cantidad acumulada. Entre las condiciones destaca que solo se puedan utilizar para minorar un 25% de la factura fiscal para las grandes compañías (las que más tienen). Además, hay unos 30.000 millones que el Estado garantizó para que la banca pudiese usarlos para reforzar su capital. A cambio de ese aval, las entidades abonan un 1,5% anual y así se evita que Bruselas lo considere ayuda de Estado. En el caso de estos créditos garantizados, las entidades también lo podrían reclamar y convertir en dinero contante y sonante cuando existan pérdidas o si la entidad se liquida, como ocurrió con el Banco Popular tras su absorción por el Santander. “La cantidad acumulada es la cicatriz que queda todavía de la pasada crisis y de un beneficio que no se ha recuperado en los años posteriores”, asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Hacienda somos todos, en el que relata cómo se generaron estos activos fiscales y su utilización.

Veto del Gobierno

La tasa temporal a banca y energéticas, que la semana pasada inició la tramitación parlamentaria, no será deducible en el impuesto sobre sociedades, según contempla la propuesta de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Esto supone que no podrán usar estos activos por impuestos diferidos para realizar parte del pago, una decisión que no ha sentado nada bien. “La proposición no justifica este tratamiento tan singular, lo que refleja el fin meramente recaudatorio de la medida”, sostienen fuentes financieras.

Con las energéticas, el asunto puede tomar una salida intermedia tras la propuesta de Bruselas de un impuesto homogéneo para el Viejo Continente. En la práctica, supone que España adaptará su tributo a las indicaciones comunitarias cuando la Unión apruebe el suyo. Así, en caso de que salga adelante el gravamen de la Comisión, se suavizará el impacto para las compañías en España: se le aplicará solo a petroleras y gasistas, durante menos tiempo y exclusivamente sobre el beneficio extra (no sobre los ingresos como plantea el Ejecutivo).

No ocurre lo mismo con la banca, ya que en Europa no existe una propuesta para un gravamen especial en estos momentos. Respecto a este sector, el debate político gira sobre un puñado de datos. Por un lado, están los impuestos que ya abonan. Y por otro, las deducciones que se les aplican. “Los bancos pagan más impuestos que otros sectores: el tipo efectivo medio es del 24,77%, frente a un 21,31% de media de las empresas”, recuerdan fuentes financieras. Es decir, tributan algo por encima de la media, pero esto se debe también a que soportan un tipo nominal superior al del resto (del 30%, al igual que las petroleras, algo que se hizo para que la banca no perdiese capital al reducirse estos DTA).

En la estadística de Hacienda se reflejan esos valores, aunque también el tipo efectivo sobre beneficios. A esta cifra se agarran algunos grupos políticos para criticar con dureza los impuestos que desembolsan los bancos: el sector paga sobre sus ganancias solo un 3,96% frente al 9,09% de media. Fuentes financieras sostienen que esta brecha se debe a los beneficios obtenidos en el exterior, así como a las exenciones, bonificaciones y deducciones permitidas, principalmente los créditos fiscales. De la Torre, en cambio, no cree que la actividad exterior justifique tal desfase: “Lo de los beneficios en el extranjero ocurre en mayor o menor medida con todas las grandes empresas del Ibex. La gran diferencia para que los bancos paguen menos son los DTA”.

Asimismo, el sector lleva meses incidiendo en el resto de tributos a los que debe hacer frente, más allá del de sociedades. “La banca cuenta con impuestos específicos sobre depósitos y sobre los actos jurídicos documentados que grava la constitución de hipotecas”, añaden fuentes financieras. Pese a ello, el Gobierno parece que no va a recular: entiende que se trata de uno de los vencedores de esta crisis al no estar tan golpeado como el resto por la inflación y que cuenta con el empuje de la subida de tipos. Una década después, los créditos fiscales adquiridos en la crisis inmobiliaria vuelven al centro del debate.