Europa tiembla ante la crisis energética provocada por la guerra de Putin

La Unión Europea tiembla. Los primeros 150 días de la guerra de Rusia contra Ucrania han sido un alarde de unidad y contundencia en la respuesta comunitaria a la agresión del presidente ruso, Vladímir Putin, contra un país soberano del continente. Pero a partir de ahora, el choque con Moscú obliga al club comunitario a adoptar medidas tan excepcionales como ...

La Unión Europea tiembla. Los primeros 150 días de la guerra de Rusia contra Ucrania han sido un alarde de unidad y contundencia en la respuesta comunitaria a la agresión del presidente ruso, Vladímir Putin, contra un país soberano del continente. Pero a partir de ahora, el choque con Moscú obliga al club comunitario a adoptar medidas tan excepcionales como pactar por primera vez en la historia de la UE medidas de ahorro energético y, llegado el caso, de racionamiento, o disponer a través del Banco Central Europeo de mecanismos de intervención frente al riesgo de espirales especulativas que amenacen la estabilidad de algún socio y la propia supervivencia del euro. Bruselas teme que este período especial resquebraje la unidad de los 27. Y las primeras fisuras han empezado a aparecer ante lo que se barrunta como una crisis energética y económica de impredecibles consecuencias.

El martes, en un Consejo extraordinario de ministros de Energía de la UE en Bruselas, se librará la primera gran batalla de una negociación sobre el recorte del consumo energético de la que depende la unidad europea. Los países menos dependientes de Rusia se niegan a compartir a partes iguales los sacrificios a los que parecen abocados los socios enganchados al gas barato del Kremlin, con Alemania al frente.

Las reuniones previas al Consejo ya han revelado la profunda división entre los 27 Estados miembros sobre unas medidas de ahorro que la Comisión Europea considera imprescindibles para hacer frente a lo que califica como “chantaje” energético de Putin. Las objeciones abarcan desde las que consideran excesivo un recorte del consumo de gas del 15%, como es el caso de España y Portugal, a las de países que no aceptan que se imponga de manera centralizada desde Bruselas, como es el caso de Hungría o Polonia.

Pero las fricciones de las últimas semanas van más allá del campo energético. Los roces entre norte y sur son evidentes en el Eurogrupo (ministros de economía de la zona euro) y en el BCE en cuanto a las dosis de política fiscal y monetaria que serán necesarias para afrontar un otoño caliente y un invierno potencialmente explosivo.

El régimen de sanciones contra Rusia, que va ya por su séptima ronda, también provoca suspicacias y se levantan voces que cuestionan su utilidad, sobre todo, en Italia, donde acaba de caer un gobierno favorable al castigo, y en Hungría, donde su presidente, Viktor Orbán, ha cultivado desde hace años estrechos vínculos con el Kremlin. Y las medidas extraordinarias adoptadas en el fragor del estallido de la guerra, como la financiación europea para el envío de armas a Ucrania, suscita ya inquietud en ciertas capitales porque se ha multiplicado por cinco (de 500 millones a 2.500 millones de euros) y ha pasado de ser una partida simbólica a convertirse en una abultada inyección presupuestaria cuyo control y reparto quiere revisarse.

Pero ha sido el recorte de un 15% del consumo de gas, lineal para todos los países, exigido por la Comisión de Úrsula von der Leyen, lo que ha levantado más ampollas entre algunos socios. La magnitud de la reducción ya se había mencionado antes, por ejemplo, en un detallado informe del laboratorio de ideas Bruegel elaborado por Ben McWilliams y Georg Zachmann. Aunque en este caso los expertos hacían diferencias de ahorro por países, la conclusión es similar: hay que prepararse y reducir el consumo de gas natural. McWilliams cree que el enfoque de Bruselas de que los países deben hacer su mejor esfuerzo para recortarlo es “el enfoque correcto” aunque disiente de que la reducción sea la misma para todos. “Es bueno que hayamos comenzado ya esta conversación, sin esperar a que Rusia corte de repente el gas en medio del invierno, porque entonces los retos serán mayores e inmediatos”, señala. Sin embargo, el investigador cree que la reacción a los planes de la Comisión muestra que la solidaridad en la UE “está amenazada”. “Hacen falta soluciones, como un fondo europeo para compensar las difíciles decisiones que deben tomarse a nivel nacional en beneficio del conjunto de Europa”, abunda.

La Unión tiene la ventaja de que llega entrenada al desafío y el inconveniente de que la opinión pública acumula una evidente fatiga tras sucesivos y tremendos batacazos. Por tercera vez en poco más de una década, la UE afronta una crisis existencial que pondrá a prueba la cohesión de los socios comunitarios y su capacidad para mantener en pie el espacio social, económico y monetario construido con tanto ahínco durante años. Europa ya ha perdido la batalla del relato fuera, con un buen número de países de África, Asia y América Latina replicando el argumento ruso de que la guerra se debe a la “expansión” y a la “amenaza” de la OTAN y de que las sanciones occidentales contra Moscú por invadir Ucrania están derivando en una crisis alimentaria global, obviando, por ejemplo, el freno del Kremlin a sus propias exportaciones de fertilizantes y grano gestadas largo tiempo antes de que Putin lanzara la guerra a gran escala.

Aumento de la inflación

Ahora, el riesgo es que Occidente pierda también esa batalla dentro, con sociedades descontentas por el aumento de la inflación, las restricciones energéticas y fatiga hacia el conflicto que ya ha cumplido cinco meses, y el apoyo hacia Ucrania comience a resquebrajarse. Eso, señala un diplomático occidental largamente destinado en Rusia, es a lo que aspira el Kremlin, que busca aprovechar los resortes democráticos y que la ciudadanía sí hace valer su opinión en las urnas. Fuentes de inteligencia remarcan que en esa batalla por el relato también entrará cada vez más otra variable: las campañas de desinformación, desestabilización y disenso tan integradas en el libro de jugadas de Moscú, que busca desestabilizar a la Unión, avivar el disenso cualquier tema potencialmente desestabilizador y sembrar dudas sobre los cimientos de las democracias.

En esta ocasión es la crisis energética y económica provocada por la guerra de Putin contra Ucrania la que sacude los cimientos del club comunitario, igual que ocurrió antes con la crisis del euro (2010-2012) y con la pandemia de la covid-19 (2020-2021). Y en Bruselas casi nadie duda de que el Kremlin aprovechará cualquier síntoma de flaqueza o fatiga para fomentar la división, el descontento social y la tentación de abandonar a su suerte al país de Volodímir Zelenski.

La Comisión Europea, presidida por Von der Leyen, pugna por mantener la unidad y ha orquestado la respuesta contra Moscú siguiendo el modelo de coordinación ensayado con tanto éxito a raíz de la covid. “Sabemos por experiencia y por la crisis que acabamos de pasar [con la pandemia] que estos tiempos que nos ponen a prueba requieren que estemos bien organizados y coordinados a nivel europeo, que mostremos una fuerte unidad y que seamos solidarios”, proclamó Von der Leyen el miércoles, tras anunciar un plan de choque y emergencia para recortar el consumo de gas en todos los países, incluidos los que, como España, no tienen ninguna dependencia de Rusia.

Pero ha sido la propia presidenta de la Comisión quien ha desatado la caja de los truenos con su propuesta de un recorte generalizado y lineal del 15% en el consumo de gas, hasta el punto de revivir los peores fantasmas de la gestión de la crisis del euro. Entonces se cometió un error tras otro, la mayoría instigados por Berlín, y Europa se cubrió de desconfianza y resquemor entre los países más afectados por la crisis (Grecia, España, Italia, Portugal o Irlanda) y unos socios del norte que cargaron de moralina y disciplina cualquier mínimo atisbo de solidaridad.

Las heridas de aquella crisis parecían haber cicatrizado, máxime después de que la respuesta a la pandemia incluyese una gigantesca muestra de solidaridad, encabezada por Alemania y Francia, con un plan de recuperación que inyectará 190.000 millones de euros en Italia y 140.000 millones en España, y con una campaña conjunta de vacunas que no ha dejado atrás a ningún europeo dispuesto a pincharse.

Pero el miedo al racionamiento energético y a la crisis económica y social que puede llevar aparejado ha hecho olvidar rápidamente el reciente esfuerzo de la UE y ha desencadenado el nerviosismo entre unos gobiernos que empiezan a verse en la cuerda floja. La sensación de que todo el club va a pagar los graves errores de política energética de Alemania alienta la intención de desmarcarse del plan de ahorro de Von der Leyen.

“Los países tienen razones para resistirse al ahorro del gas”, apunta Claudia Kemfert, jefa del departamento de Energía, Transporte y Medio Ambiente en el Instituto Alemán de Investigación Económica. La experta subraya que “la fuerte dependencia de Rusia, especialmente la de Alemania, es claramente política, el gasoducto Nord Stream 2, por ejemplo, nunca fue un proyecto económico sino político”.

Moscú lleva años manejando la llave del gas y el petróleo como un arma política y pese a eso, remarca el analista ruso especializado en energía Mijail Krutijin, los países más dependientes apenas han tomado medidas hasta ahora para desengancharse del gas barato. Frente a quienes creen que ha sido por “miopía política”, Krutijin sostiene que ha sido fruto de un “lobby prorruso” que ha sido “fundamental para orientar la política energética de la UE hacia la dependencia del suministro energético”. Por lo tanto, opina, “ha sido estupidez o corrupción”. Como Kemfert y McWiliams, el analista ruso considera que este es el momento idóneo para que la UE haga políticas coordinadas.

Los 27 se habían mantenido hasta ahora relativamente alineados, salvo alguna discrepancia sobre el alcance de las sanciones contra Rusia (sobre todo, en cuanto al embargo del petróleo) o algún derrape por parte de los socios prorrusos como Hungría. Pero el consenso era relativamente fácil cuando el castigo recaía mayormente en la economía rusa. Ahora, la guerra comienza a hacer mella también en la Unión Europea, agitada por tensiones internas como consecuencia de la crisis económica y energética que se barrunta para los próximos meses.

“Ningún ciudadano europeo notaba nada en sus bolsillos si destinábamos 500 o 2.000 millones de euros a comprar armas para Ucrania o si ampliábamos la lista de sanciones, pero las consecuencias económicas sí que las va a notar y mucho a partir de ahora”, apunta con preocupación una alta fuente comunitaria.

Los pasillos de las instituciones comunitarias en Bruselas bullen con cálculos, pronósticos y proyecciones sobre el umbral de resistencia de las opiniones públicas europeas al impacto del conflicto. Y abundan las dudas sobre la capacidad o habilidad de los diferentes gobiernos para convencer a los votantes de que los sacrificios en favor de Ucrania merecen la pena.

Los propios gobiernos se vieron sorprendidos durante la primera fase de la guerra por el respaldo popular a las medidas aprobadas para apoyar militar y presupuestariamente la resistencia del pueblo ucranio a la invasión el ejército ruso. La gran interrogante es si esa solidaridad aguantaría con unos precios de la electricidad, del gas y del combustible del auto muy por encima de los disfrutados durante los últimos años. Los ucranios parecen dispuestos a soportar una guerra de desgaste con decenas de muertos al día. ¿Pero qué dirán los europeos si la gasolina sube a 4 euros o se suspende la producción de ciertas empresas para ahorrar energía?

Las gasolineras de Bruselas ya han lucido en este mes de julio tarifas de 2,2 y 2,4 euros el litro de combustible, según su tipo u octanaje. “Es un 30% más que antes de la guerra “, recuerda una fuente de la Comisión. Y otra fuente del mismo organismo anticipa que todos los datos disponibles hasta ahora apuntan “a una gran crisis macroeconómica para la que más vale prepararse con tiempo”.

Escenario catastrófico

Von der Leyen ha decidido tomar ese escenario catastrófico como la hipótesis principal para su respuesta política al desafío de Putin. Y ha cifrado en 45.000 millones de metros cúbicos el ahorro de gas imprescindible no sólo para capear el invierno que viene sino para tener ciertas garantías de suministro en el de 2023. Las voces críticas, sobre todo meridionales, la acusan de querer imponer un recorte generalizado del gas para paliar una carencia que, en principio, sólo debería afectar a los países más dependientes de Rusia como Alemania e Italia.

Bruselas considera un grave error de cálculo interpretar que la crisis energética golpeará solo a los países dependientes de Rusia. “Las consecuencias serán para todos si el escenario previsto por la Comisión se cumple”, advertía el viernes Eric Mamer, portavoz oficial del organismo. Mamer recuerda que “las economías europeas están muy interconectadas” y vaticina que “los efectos de una crisis energética irán mucho más allá del campo energético y afectarán al mercado interior”.

La protección del mercado interior, auténtico motor del crecimiento y la prosperidad europea, fue uno de los argumentos invocados por países como España para defender una respuesta conjunta frente a la crisis económica provocada por la covid-19. Los países del norte se resistieron en un principio y abogaron por un sálvese quien pueda. Pero Alemania y Francia acabaron por percibir los riesgos de desintegración y apostaron por un histórico fondo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros.

España, curiosamente, es ahora el país que más ha levantado la voz contra el plan de ahorro para sorpresa de buena parte de la Comisión Europea. El ejecutivo de Pedro Sánchez no parece ver esta vez en peligro el mercado interior. El organismo comunitario ha intentado superar las objeciones españolas con la introducción in extremis de un artículo en el proyecto legislativo que permitiría a España y Portugal invocar su insularidad energética para reducir el ahorro a un 10%, cinco puntos menos que el resto. Pero la vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, no se ha dado por satisfecha y ha reaccionado con enorme dureza. “Es una posición delicada la de España, porque en estos momentos cualquier gesto visible de disenso se interpreta en Bruselas como un favor a Putin”, apunta una fuente comunitaria.