Rodrigo Rato pide que el exministro Rafael Catalá declare como testigo en su juicio

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha solicitado que Rafael Catalá, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio que debe afrontar por el presunto origen ilícito de su patrimonio. El exdirigente del PP, que se encuentra actualmente e...

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha solicitado que Rafael Catalá, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio que debe afrontar por el presunto origen ilícito de su patrimonio. El exdirigente del PP, que se encuentra actualmente en libertad, quiere que su antiguo compañero de filas ratifique unas declaraciones públicas que hizo en 2015, cuando aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal que había aprobado el Ejecutivo de Rajoy en 2012, según consta en el escrito de defensa del acusado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black y absuelto en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia —entidad que también presidió entre 2010 y 2012—, aún tiene pendiente la vista oral por el supuesto origen ilícito de su patrimonio. El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la apertura de juicio, para el que todavía no se ha fijado fecha, por delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción. La Fiscalía, que le atribuyó más delitos durante la investigación, ha llegado a pedir que se le condene a 70 años de prisión por estas pesquisas.

En su escrito de acusación provisional, el ministerio público apuntó que el exdirector del FMI ocultó parte de su patrimonio al fisco desde 1999, cuando era vicepresidente del Gobierno. Para ello, según la acusación, se valió de un entramado de sociedades —entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment; las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation; y la británica Vivaway Limited— que usaba para realizar continuas actividades de inversión financiera, mediante multitud de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares. La Fiscalía calculó que las cuotas defraudadas por Rato superan los 8,5 millones de euros.

Sin embargo, el expresidente de Bankia niega esa tesis. “Los hechos sometidos a enjuiciamiento no son constitutivos de delito alguno y, en relación con el comportamiento tributario de mi defendido, opera la eximente de responsabilidad criminal regulada en el artículo 305.4 del Código Penal”, apunta su abogada. Ese precepto legal contempla que no se puede castigar a un defraudador si “regulariza” antes de que Hacienda, la Fiscalía o un juez le hayan notificado el inicio de una investigación contra él. Por ello, la letrada también pide que testifique en el juicio Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En su escrito de defensa, Rato también plantea una serie de cuestiones previas con el objetivo de que no llegue a celebrarse el juicio. El exvicepresidente del Gobierno asegura que se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, argumenta que los registros que se hicieron en la investigación fueron “inconstitucionales”, desproporcionados e innecesarios; que “se produjo una absoluta extralimitación en la incautación de documentación”; y que se abrió una “causa general y prospectiva” contra él. Su defensa añade que los delitos fiscales relacionados con el IRPF previos a 2008 habrían prescrito.

“Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con [Rodrigo Rato]”, incide la abogada del exdirector del FMI, que remacha: “Para tratar de dar una apariencia de gravedad, que no revisten en realidad los hechos investigados, se ha construido un macro procedimiento, que se dirige, además de contra Rodrigo Rato, contra un ingente número de personas que poca o ninguna vinculación tienen o han tenido con los hechos que aquí se investigan”. El juez instructor procesó a otras 16 personas físicas y jurídicas.