La Comisión Europea reclama a España que contenga los gastos corrientes

España cerró el año pasado con un desfase en las cuentas públicas que alcanzó los 82.000 millones de euros, el 6,87% del PIB. Esto es el equivalente a tres cuartas partes de lo que se recaudó el año pasado por IRPF. Sin embargo, el Gobierno español no tendrá que estar sujeto este año a unas reglas fiscales que obligan a ir ajustando el gasto y subiendo impuestos como sucedió en la anterior crisis financiera. La Unión Europea ha permitido que se levanten esos cors...

España cerró el año pasado con un desfase en las cuentas públicas que alcanzó los 82.000 millones de euros, el 6,87% del PIB. Esto es el equivalente a tres cuartas partes de lo que se recaudó el año pasado por IRPF. Sin embargo, el Gobierno español no tendrá que estar sujeto este año a unas reglas fiscales que obligan a ir ajustando el gasto y subiendo impuestos como sucedió en la anterior crisis financiera. La Unión Europea ha permitido que se levanten esos corsés presupuestarios para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. El déficit público podrá ir descendiendo simplemente gracias a la caída de los gastos relativos a la covid y la mejora de los ingresos por la recuperación económica. Y el año que viene volverán a relajarse estas exigencias dadas las incertidumbres que asoman en un horizonte de inflación y crisis energética. En cambio, el aplazamiento otro año de las reglas fiscales no significará que haya barra libre. Para 2023 la Comisión Europea ha fijado una suerte de techo a los gastos que pueda acometer el Gobierno y las administraciones regionales.

Este límite se ha recomendado a todos los países con elevada deuda, como Francia, Italia, Grecia, Portugal y Chipre. No se trata de una imposición, recuerdan fuentes de la Comisión Europea. No se examinará de forma mecánica, en parte porque es discutible cómo calcularlo. Habrá flexibilidad y dejarán que haya margen para responder al impacto de los precios de la energía y la guerra de Ucrania, recuerdan. Pero sí que supondrá un cierto freno al ritmo al que estaba gastando el Gobierno hasta ahora.

En sus recomendaciones de reformas, que ahora están ligadas a los desembolsos de fondos europeos y que se incluirán de alguna forma en la adenda al plan que negocia España para pedir también los créditos, el Ejecutivo comunitario dice: “En 2023 [España] tendrá que asegurar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente financiado nacionalmente por debajo del crecimiento potencial de la economía a medio plazo”. Y añade que se hará “teniendo en cuenta el apoyo temporal y focalizado a los hogares y empresas más vulnerables a los precios de la energía y a los refugiados de Ucrania”.

Es decir, aunque se permite dar ayudas para paliar el golpe de la guerra, la Comisión establece una especie de tope a los gastos corrientes de España. Es lo que en el argot se llama una regla de gasto. Aunque la Comisión explica que serán flexibles, el problema de este límite es que en 2023 las pensiones se revalorizarán en torno al 6%, al haberlas vinculado al IPC medio anual, que el Ejecutivo comunitario calcula en el 6,3% para España. Esto supondría más de 10.000 millones adicionales que consumirían buena parte del margen para elevar el gasto.

La Comisión estima que el crecimiento potencial para el año que viene se sitúa en el 1,3%. Si a estos números se suma una inflación del entorno del 2%, el margen para aumentar el gasto se colocará en una banda en torno al 4%. La partida de pensiones crecerá al menos un 8%: seis puntos por esa revalorización vinculada a los precios y el resto por el aumento del número de pensionistas y la entrada de jubilados con prestaciones más altas.

En consecuencia, el resto de desembolsos tendrá que crecer menos para compensarlo: por debajo del 3%, incluyendo la partida de funcionarios con las ofertas de empleo público y la revalorización de sueldos. También la de intereses de la deuda, que aumenta ahora por encima del 10% debido al encarecimiento de la financiación al subir tipos el BCE y retirar estímulos. En cambio, no estará incluida en esa restricción la inversión con los fondos europeos, que no se consideran gasto recurrente, lo que dará algo de impulso a los presupuestos.

En todo caso, el margen para los presupuestos de 2023 se estrecha bastante incluso si la Comisión va a dar algo de manga ancha en el seguimiento de esta regla. El año pasado, una vez restados los gastos por la covid como los ERTE, el gasto total creció un un 6,9%, contando con los fondos europeos. Es decir, los presupuestos generales del Estado de 2023, justo en año electoral, no tendrán mucho espacio para comprar apoyos parlamentarios y hacer anuncios electoralistas. En lo que va de año, los desembolsos están bajando gracias a la fuerte caída del presupuesto destinado a la covid, sobre todo por los ERTE y las transferencias que se dieron a las comunidades para afrontar la pandemia. Pero el año que viene no se dará ese efecto.