Bruselas pide ajustes para compensar la vinculación de las pensiones con la inflación

Pensiones es esa palabra eléctrica, que eriza el vello cuando se escucha en ciertas capitales europeas, sobre todo en las del sur, y especialmente si la pronuncia Bruselas en estos días bélicos de inflación e incertidumbre: “La vinculación de las pensiones a la inflación aumentará el gasto en pensiones”, alerta la Comisión Europea a España en el informe publicado este lunes, al hilo de las recomendaciones fiscales del Ejecutivo comunitario.
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Pensiones es esa palabra eléctrica, que eriza el vello cuando se escucha en ciertas capitales europeas, sobre todo en las del sur, y especialmente si la pronuncia Bruselas en estos días bélicos de inflación e incertidumbre: “La vinculación de las pensiones a la inflación aumentará el gasto en pensiones”, alerta la Comisión Europea a España en el informe publicado este lunes, al hilo de las recomendaciones fiscales del Ejecutivo comunitario.

Para tratar de aplacar la furia de los precios, encendida tras las pandemia y en llamas desde que Rusia plantó sus botas en Ucrania, Bruselas reclama a Madrid “la introducción de medidas compensatorias que habrán de adoptarse en 2022 en el marco del plan de recuperación”. Su inclusión es “necesaria para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, concluye el texto divulgado junto al llamado paquete de primavera del semestre europeo, que traza un escenario en general lóbrego de la economía de la UE.

La mención expresa al riesgo futuro llega además en un momento en el que el Ejecutivo de la UE y el de España se tantean a nivel técnico sobre los siguientes pasos a dar en la reforma del sistema de pensiones, dentro de los hitos pactados para recibir los multimillonarios desembolsos del plan de recuperación y resiliencia; se espera que el resultado de este intercambio culmine a lo largo del 2022 y 2023.

Hasta ahora, el Ejecutivo español ha acometido una primera fase de la reforma pactada con Bruselas, entre cuyos puntos fuertes se encuentra precisamente la vinculación de la revalorización de las pensiones con el IPC, adoptada por el Congreso en diciembre de 2021. Y en ella reside el problema: el zarpazo de los precios energéticos, con el presidente ruso, Vladímir Putin, convertido en dueño y señor de la manija de los gasoductos que unen Rusia con la UE, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes tratan de cuadrar las cuentas europeas. Los precios cabalgan sin brida desde el inicio de la guerra: solo en abril la inflación interanual en España se situó en el 8,3%, un dato que todavía era más alto en marzo; y las previsiones de Bruselas la colocan en un 6,3% en 2022, más del doble que la registrada en 2021 (un 3%).

En la segunda parte de la reforma, España deberá incluir otras medidas como las cotizaciones de los autónomos, el destope de cotizaciones, un aumento del periodo de cómputo para calcular la pensión y, según lo previsto, un mecanismo ya aprobado para sustituir el Factor de Sostenibilidad y asegurar la salud financiera del sistema de pensiones, un punto que despierta dudas en Bruselas.

“Una reforma del sistema de pensiones pretende mejorar su adecuación, limitando al mismo tiempo el impacto de la demografía en la sostenibilidad fiscal”, asegura el informe sobre España elaborado por la Comisión. El texto sostiene que al vincular las pensiones a los precios se espera que la reforma apoye el poder adquisitivo, pero a la vez menciona medidas adicionales que se encuentran “en proceso de ser implementadas o adoptadas como parte de un paquete para apoyar la sostenibilidad fiscal general del sistema de pensiones”.

Entre ellas, añade el documento, figuran mecanismos “para aumentar la edad efectiva de jubilación, vincular más las cotizaciones y los derechos, reducir la brecha de género en las pensiones, cambiar los incentivos fiscales, modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional”. Este último es precisamente uno de los puntos de fricción entre Madrid y Bruselas, tal y como avanzó EL PAÍS este lunes.

Bruselas advierte en su informe que la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo se verá afectada “por el alto nivel de deuda y una situación presupuestaria inicial desfavorable”. La deuda pública española ronda el 118% del PIB, y el déficit que alimenta ese endeudamiento cerró el año pasado en 81.500 millones de euros, el equivalente al 6,76% del PIB. La Comisión considera que España ha realizado un “esfuerzo suficiente” para alcanzar su senda de reducción del deficit a lo largo del 2021, pero ve “probable” que el ratio de deuda crezca y sea mayor en 2026 que en 2021, según se lee en las recomendaciones del semestre europeo.

“Los costes derivados del envejecimiento de la población española afectarán a la sostenibilidad fiscal”, añade el informe centrado en España, que cita, además de las pensiones, otros gastos como la asistencia sanitaria. “En cuanto a las pensiones, se había proyectado el descenso del gasto con la anterior legislación”, concluye el análisis. “A este respecto, las reformas de las pensiones incluidas en el plan de recuperación deben diseñarse cuidadosamente y aplicarse como un paquete coherente para garantizar que contribuyan positivamente a mitigar los riesgos a medio y largo plazo”.