Trabajo aflora casi 5.000 empleos en la lucha contra el fraude de los becarios
Desde 2018, la Inspección ha registrado 553 infracciones e impuesto multas por 15,1 millones de euros
Remover el mantel de la mesa del mercado laboral para terminar con la contratación temporal y la precariedad que de ella se deriva es el objetivo primario de la reforma aprobada por el Gobierno, y que recibió el visto bueno de sindicatos y patronales. Los primeros efectos del nuevo marco normativo, en vigor desde diciembre de 2021, han llevado a la contratación indefinida a cotas desconocidas en los primeros meses del año ―...
Remover el mantel de la mesa del mercado laboral para terminar con la contratación temporal y la precariedad que de ella se deriva es el objetivo primario de la reforma aprobada por el Gobierno, y que recibió el visto bueno de sindicatos y patronales. Los primeros efectos del nuevo marco normativo, en vigor desde diciembre de 2021, han llevado a la contratación indefinida a cotas desconocidas en los primeros meses del año ―en marzo casi un tercio de los contratos que se firmaron fueron fijos―, y el siguiente paso se dirige hacia la regulación de la situación de los becarios, que en lo que va de 2022 se ha convertido en un foco de intervención recurrente para la Inspección de Trabajo. Según el registro de actuaciones comprendido entre los meses de enero y marzo, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, este órgano ha determinado ya nueve infracciones, cuyo importe liquidatorio excede el millón y medio de euros, la tercera parte de todo lo recaudado en 2021.
El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante los últimos años ha sido el de comprobar que la relación laboral existente entre las personas que realizan prácticas en las empresas no supone una forma encubierta de prestación de servicios de trabajo por cuenta ajena. Para ello revisa que en la fundamentación de estas relaciones laborales exista un vínculo entre los estudios cursados y las prácticas realizadas.
El aumento del abuso de esta fórmula en el último trienio ha sido constatado por la Inspección. Entre 2018 y 2022 se han llevado a cabo 6.505 actuaciones, de las que se han derivado 553 infracciones, por las que las compañías infractoras han abonado una multa conjunta por valor de 15.117.225 euros. Como consecuencia de esta vigilancia, en los últimos cinco años han aflorado 4.805 puestos de trabajo. Las irregularidades en el primer trimestre de este año empeoran los registros pasados. Entre enero y marzo se acumulan ya 352 actuaciones y nueve infracciones por valor de 1.593.917 euros, lo que representa un tercio del total que se registró en 2021 (5.152.315).
“Hay que emprender compensación de gastos, dar una serie de derechos en el ámbito de la Seguridad Social y evitar fórmulas de falsos becarios que ocupan puestos de trabajo estructurales, y es una de las lacras de la precariedad que asola a la juventud en España”, reconoció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el martes durante una entrevista en La1. En ella anunció que su departamento ha convocado a los agentes sociales a un encuentro el viernes en el que se debatirá sobre el estatuto del becario, y que afectará “a cientos de miles de personas jóvenes que se han visto abocadas a un mal uso de fórmulas laborales que en muchas ocasiones sobre fraudulentas”, según describió Díaz.
Norma inédita
La puesta en marcha de este estatuto supone un paso más en la regulación labora de este colectivo, puesto que será la primera vez que disponga de este marco de protección. “Nunca se había hecho en la democracia, teníamos un real decreto que abordaba las prácticas no laborales y curriculares, pero no un estatuto del becario como en Francia”, añadió Díaz.
Esta nueva fórmula estaba incluida dentro del contenido de la reforma laboral en una disposición adicional, en la que se determinaba que su objetivo será “la formación práctica tutorizada en empresas y organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las prácticas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales”; y que existirá un plazo de seis meses para su elaboración. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que se están enviando cartas a todos los consejeros autonómicos para recabar toda la información sobre las prácticas no laborales que realizan los propios servicios autonómicos.
A pesar de este reconocimiento reciente, en noviembre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de la ley para regular las prácticas académicas en empresas, acabar con las becas en fraude e impulsar el estatuto del becario.