El Gobierno aprueba el proyecto de ley de vivienda y solicita su tramitación urgente

El proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ya está listo para llegar al Congreso, un año después del primer plazo al que se había comprometido el Gobierno de coalición. Tras meses de una tensa negociación entre los dos socios del Ejecutivo, ...

El proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ya está listo para llegar al Congreso, un año después del primer plazo al que se había comprometido el Gobierno de coalición. Tras meses de una tensa negociación entre los dos socios del Ejecutivo, el Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al texto y ha dicho que solicitará su tramitación parlamentaria por el trámite de urgencia, lo que acorta los plazos habituales a la mitad. Ahora se inicia otra negociación para lograr el respaldo mayoritario en ambas cámaras y que el proyecto se convierta en norma. Muchos de los habituales socios parlamentarios del Gobierno apoyaron en su día la ley surgida de las asociaciones civiles. Esta era más ambiciosa en los controles de precios de alquiler, entre otras cuestiones. Por eso, organizaciones como los sindicatos de inquilinos han mostrado ya su disconformidad con un borrador que tampoco gusta al sector inmobiliario.

El texto aprobado por el Gobierno es básicamente el mismo que ya vio en primera lectura. Aunque tras el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial se han introducido pequeños cambios. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que no hay modificaciones “de carácter sustantivo”. “Se refieren sobre todo a cuestiones para clarificar el entendimiento de por qué entendemos que el Estado tiene competencias para legislar en esta materia”, ha añadido. Una de las críticas que el órgano de Gobierno de los jueces hizo al texto es la posible invasión de competencias autonómicas. Sánchez ha rechazado esa interpretación y ha mostrado su satisfacción por el avance de una norma que “amplía el catálogo de derechos y apuntala el Estado de bienestar al constituir a través de la vivienda su quinto pilar”.

En ausencia de cambios sustanciales, el texto llegará al Congreso con una propuesta para controlar los precios de los alquileres que diferencia entre grandes empresas propietarias de viviendas y el resto de caseros. Los primeros deberán ceñirse a unos baremos de renta determinados por una estadística pública que está todavía por construirse. Para caseros particulares habrá nuevas bonificaciones fiscales, que podrán llegar hasta el 90% si aceptan rebajar la renta al menos un 5%. Y también se establece una prórroga obligatoria del contrato en las mismas condiciones durante un tope de tres años, lo que equivale a congelar (aplicando la subida del IPC) el arrendamiento durante ese periodo.

No obstante, todas estas medidas están sujetas a la previa declaración de las denominadas áreas de mercado tensionado. Es decir, dónde se considera que los precios han subido por encima de lo razonable. Como la competencia en materia de vivienda es autonómica, serán las comunidades las que deban iniciar ese procedimiento. El PP anunció en su día que donde gobierne nunca dará ese paso, lo que virtualmente impediría aplicar el control de precios en media España y en una de las ciudades con mayores problemas de acceso a la vivienda: Madrid. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cuyo departamento es coproponente de la ley, por lo que ha comparecido igualmente tras el Consejo de Ministros, ha restado importancia a este hecho. “Los avances sociales como el que supone esta ley han tenido siempre en contra el rechazo de poderes reaccionarios”, ha afirmado. Tras citar ejemplos como las leyes de aborto o matrimonio igualitario, Belarra ha mostrado confianza en que al final “los partidos de derecha asumirán [la norma]”.

Una ley de equilibrios

La también secretaria general de Unidas Podemos ha apostado por “seguir mejorando la ley” y en varias ocasiones ha señalado que hay que escuchar a las organizaciones del movimiento provivienda. Este mismo martes, el Sindicato de Inquilinas de Barcelona ha emitido un comunicado en el que cita “las enmiendas que considera imprescindibles” para aprobar la norma. Entre los objetivos destaca el de “generalizar los supuestos de bajada de precios a todos los arrendadores”. Es decir, extender los controles de rentas que ahora se prevén para las empresas que tengan más de 10 inmuebles a todos los caseros. Se trata de un asunto delicado y que ya generó grandes fricciones entre los dos socios de Gobierno durante la negociación del borrador: Unidas Podemos siempre se posicionó a favor de acotar los precios mientras el PSOE apostaba por incentivos fiscales. Finalmente, se alcanzó un equilibrio entre ambas posturas y cualquier cosa que altere ese balance puede generar nuevos problemas en la negociación parlamentaria.

No obstante, el Gobierno siempre ha tenido en cuenta que en la tramitación de la ley llegarían enmiendas de los diferentes grupos. Por eso en el calendario de reformas que envió en su día a Bruselas, y vinculado con la recepción de los fondos de recuperación europeos, citaba la ley de vivienda como uno de los hitos que esperaba tener listos en el segundo semestre de este año. Con el objetivo de cumplir ese horizonte temporal, y consciente de que la aprobación definitiva del proyecto también se ha retrasado (el Ministerio de Transportes lo quería hacer en diciembre, pero se retrasó a la espera del informe del CGPJ), el Ejecutivo pide ahora la tramitación parlamentaria urgente. Esta acorta los plazos habituales a la mitad, pero nadie se atreve a poner la fecha en que el proyecto se convertirá definitivamente en ley.

Nacida sin consenso

Fuera del Parlamento, la norma también genera controversia en el sector inmobiliario, que lleva meses mostrando al Gobierno su oposición al proyecto en general y, en particular, a los controles de los alquileres. El proyecto “no nace con el consenso necesario para una ley de esta envergadura, sino todo lo contrario”, resume la analista inmobiliaria Beatriz Toribio. “No cuenta con el apoyo del sector, parte fundamental para su desarrollo y aplicación, y que lleva tiempo alertando de la inseguridad jurídica que provocará esta norma, alejando la inversión necesaria para desarrollar el parque de vivienda social y asequible que necesitamos”, añade. Los portales inmobiliarios también han mostrado este martes su rechazo a una ley que Fotocasa califica de “intervencionista” y que para Idealista “genera, una vez más, incertidumbre en el mercado”. Asval, una asociación que reúne a particulares y a algunas de las mayores empresas arrendadoras de España, considera que la “discriminación” que hace la norma entre pequeños y grandes propietarios constituye una “limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles”, lo que “generará una enorme inseguridad jurídica”.