El Banco de España advierte de los efectos persistentes de la crisis y pide un paquete integral de reformas

La economía española experimentará un rebote relativamente robusto en la segunda mitad del año. Sin embargo, su intensidad todavía es incierta, los efectos de la pandemia serán persistentes y no se recobrarán los niveles previos a la covid hasta 2023, alerta el Banco de España en su informe anual publicado este jueves. El organismo advierte de que incluso cuando haya una recuperación, los retos a los que se enfrenta la economía española son de “una elevada trascendencia”, eran anteriores al virus y la pan...

La economía española experimentará un rebote relativamente robusto en la segunda mitad del año. Sin embargo, su intensidad todavía es incierta, los efectos de la pandemia serán persistentes y no se recobrarán los niveles previos a la covid hasta 2023, alerta el Banco de España en su informe anual publicado este jueves. El organismo advierte de que incluso cuando haya una recuperación, los retos a los que se enfrenta la economía española son de “una elevada trascendencia”, eran anteriores al virus y la pandemia los ha agravado. Por eso, reclama un paquete integral de reformas que incluya, entre otras, la mochila austríaca, el sistema educativo, las políticas de empleo, el alquiler, las pensiones o una consolidación fiscal que contemple priorizar gastos y una revisión profunda de los impuestos.

“Los retos de la economía española son de carácter estructural y exigen respuestas estructurales, basadas en un consenso amplio y con vocación de permanencia”, sostiene el gobernador Pablo Hernández de Cos. La fortaleza de la recuperación a medio y largo plazo dependerá de cómo se atajan problemas como la sostenibilidad de la Seguridad Social, la excesiva temporalidad, la baja productividad, la desigualdad o el sobreendeudamiento empresarial.

A corto plazo, una vez se avance en la vacunación, el supervisor considera esencial evitar una retirada prematura de los estímulos y señala que la recuperación dependerá del comportamiento del turismo y de cuánto tiren las familias del ahorro acumulado durante la crisis. En un horizonte más amplio será determinante cuántas empresas acaban cerrando o la calidad de los proyectos financiados con fondos europeos. Ante el riesgo de quiebras, el organismo reclama que las ayudas directas a empresas se den con la mayor agilidad. Según sus cálculos, el exceso de deuda en compañías viables pero con problemas de sobreendeudamiento ronda entre 10.000 y 20.000 millones. Es decir, los 11.000 millones que ha puesto el Gobierno se sitúan en la franja baja.

Y además el supervisor teme que puedan quedarse sin ayudas empresas que lo necesitan porque se han restringido mucho los sectores que pueden beneficiarse y no se ha contemplado como un requisito el exceso de deuda, justo lo que se debería aplacar. De ahí que puedan quedar excluidas empresas que lo necesitan y entrar otras que no, afirma el informe. En su opinión, es fundamental que las comunidades aprovechen el decreto del Gobierno que les permite rehacer los criterios de acceso y que más adelante se pueda aumentar la cantidad de ayudas, igual que se hizo con los ICO. El supervisor financiero recuerda que la destrucción de empresas viables afectaría al empleo, las cadenas de valor y la inversión. Y que podría lastrar las cuentas de los bancos, provocando una restricción del crédito justo cuando se necesita para impulsar la recuperación.

Implicaciones duraderas

La pandemia puede tener implicaciones duraderas. Y la lista que brinda el Banco de España es larga: un aumento del paro y la desigualdad en los colectivos ya de por sí más vulnerables como temporales, jóvenes, poco formados y rentas bajas; una aceleración de los procesos de automatización que puede afectar a mujeres y personal con escasa cualificación; un aumento del paro de larga duración y una reducción del capital invertido, lo que recortaría la capacidad de crecimiento; cambios en la demanda, sobre todo en el centro de las ciudades por el teletrabajo —si bien el supervisor cree que el desarrollo de esta modalidad laboral puede verse lastrado por una estructura económica marcada por empresas pequeñas, alta temporalidad y ciudades pequeñas—; una mayor competencia por las ventas online y una deuda pública disparada que deja a la economía española en una situación más vulnerable.

En definitiva, la institución subraya que el coronavirus ha aumentado la envergadura de los retos. Entre otras cosas, ha vuelto a poner en evidencia un mercado laboral con altísimas cotas de desempleo y que hace recaer el ajuste en los trabajadores más vulnerables, disparando otra vez la desigualdad de rentas cuando todavía no se había corregido todo el aumento provocado por la anterior crisis. De acuerdo con estimaciones preliminares del banco, el 10% con mayores rentas pasó, con la primera ola, de ganar 5 veces lo que obtiene el 10% más pobre a ganar 18 veces. Y con la recuperación del tercer trimestre bajó hasta las 8 veces, todavía unas diferencias muy elevadas.

Para hacer frente a estos problemas, hacen falta reformas integrales y consensuadas, dice el banco. Hay que cambiar el sistema educativo de arriba abajo, mejorar las políticas de reciclaje, orientación y bonificación de estos trabajadores, aumentar la oferta de alquiler y revisar de forma continua la efectividad del ingreso mínimo. Hasta 190.000 familias podrían quedarse fuera por tener un poco de patrimonio, calcula.

La mochila austríaca

Otra pata importante es el mercado laboral. Por una parte, el gobernador defiende que es importante dejar a las empresas ajustarse a las nuevas realidades que surgen de la pandemia y la digitalización, y para ello hace falta permitir que usen el marco laboral existente. O lo que es lo mismo: pide mantener la flexibilidad de la reforma laboral de 2012 que ahora pretende cambiar el Ejecutivo modernizándola.

Por otra parte, la institución también reclama que se termine con la dualidad del mercado de trabajo entre unos trabajadores muy protegidos y otros que no. Y con ese fin lanza una propuesta de mochila austríaca cuya transición se financiaría con 8.600 millones de fondos europeos para respetar así todos los derechos adquiridos de indemnización.

Esta consiste en un fondo propiedad del empleado en el que la empresa adelanta una parte del despido, seis días por año en la propuesta del banco. Y el dinero que acumule ahí el asalariado puede llevárselo a otro trabajo, usarlo si se va al paro o ahorrarlo para la jubilación. Al estar pagando la empresa a los que se despide con los derechos adquiridos hasta la fecha y a los que no, este mecanismo supone un encarecimiento muy importante de los 7.000 millones que gastan en total al año las compañías en indemnizaciones. Así que el banco propone dos cosas: una, que el Estado financie con 8.600 millones el periodo de transición. Y dos, reducir los costes del despido a la mitad a partir de la entrada en vigor: a 6 días el temporal, 10 días el económico y 16,5 el improcedente. De esta forma, el coste total es el mismo pero se distribuye de otra forma: salen ganando los temporales, porque los ajustes que acometan las empresas no se harán en función del coste de despido. Y se facilita la movilidad de los trabajadores, mejorando al final sus sueldos. A los más antiguos se les respetan los derechos adquiridos hasta ese momento. Pero a partir de ahí esa indemnización sumará por cada año adicional la mitad más la mochila. Perderían algo en caso de despido, pero a cambio tendrían un fondo que mantendrían si no les echan. Cabe recordar que un porcentaje alto de trabajadores no son despedidos.

“Es un sistema que redistribuye y equilibra la protección por despido entre los fijos y los temporales, aumentando la protección de estos últimos, que suelen ser jóvenes y trabajadores con rentas bajas. Además, favorece una mayor movilidad voluntaria y, por tanto, la eficiencia y productividad de la economía”, explica Óscar Arce, director del servicio de estudios del Banco de España.

Pensiones y cuentas públicas

Y el otro gran reto pendiente es la sostenibilidad de las cuentas públicas y las pensiones. En cuanto a la Seguridad Social, revalorizar otra vez las prestaciones con la inflación aumentará mucho el gasto. Y traspasar el déficit al resto del Estado, como propone el Pacto de Toledo, simplemente cambia de sitio el problema. Solo para volver a los niveles de deuda pública prepandemia se necesitará, si se siguieran las reglas fiscales europeas actuales, un ajuste durante una década de 0,5 puntos de PIB al año, unos 6.000 millones de hoy. Eso precisará priorizar gastos y revisar en profundidad todos los impuestos, dice el informe. Y recalca que contribuiría a este esfuerzo mejorar la capacidad de crecimiento con reformas y bajando el paro. Aunque la deuda pública sea más sostenible con unos tipos bajos, esta sigue siendo muy vulnerable a cualquier turbulencia. Por este motivo, Hernández de Cos subraya que hace falta un plan de corrección de la deuda a medio y largo plazo que dé credibilidad y permita, bajo unas nuevas reglas europeas, que las instituciones supranacionales sean las que respondan a los shocks.

La España vacía

Movimientos como el de Teruel existe reclaman recursos e inversiones para la España vacía. En este contexto, el Banco de España reconoce que hay que mantener unos niveles mínimos de servicios y destaca que hay oportunidades en el ocio, el teletrabajo, las energías renovables o la economía de los cuidados. Y para fomentarlo es importante que haya banda ancha. Pero aun así defiende que hay que revisar la eficiencia de los fondos que se destinen. Recuerda las ventajas de unas grandes urbes donde los trabajadores cualificados obtienen mayor formación y mejores salarios. En cambio, una vez se descuenta el coste más elevado de vivir en un municipio grande, los trabajadores poco formados no perciben más. Y eso quizás explica que en los últimos años las ciudades más grandes hayan perdido trabajadores poco cualificados.