La Autoridad Fiscal evaluará este año las ayudas públicas a empresas y la gestión de residuos urbanos
El plan de recuperación prevé crear una “división permanente” de análisis del gasto público en el seno del organismo y encargar una nueva fase de revisión para el periodo 2022-2026
El Gobierno se ha comprometido con la UE a reforzar la evaluación del gasto público. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas prevé crear una “división permanente de spending review [evaluación del gasto]” en el seno de la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo ...
El Gobierno se ha comprometido con la UE a reforzar la evaluación del gasto público. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas prevé crear una “división permanente de spending review [evaluación del gasto]” en el seno de la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo independiente encargado de velar por las cuentas públicas. El Ejecutivo promete ampliar a cinco años el horizonte temporal de las fases de análisis de gasto que ya viene elaborando la entidad, con el objetivo de desligarlas del ciclo político, y crear “una estructura permanente” en el Ministerio de Hacienda que lleve a cabo un “seguimiento activo” de sus conclusiones. Además, identifica en el documento las áreas del próximo estudio de la Airef que estaba pendiente para este año: se centrará en las líneas de préstamos, ayudas y demás instrumentos financieros dirigidos al tejido empresarial por parte de las entidades del sector público y en la gestión de residuos urbanos.
El documento defiende que durante la crisis provocada por la covid los instrumentos públicos de apoyo a las empresas han asumido gran relevancia, con el despliegue de una línea de avales del Estado de hasta 140.000 millones. Añade que “organismos públicos especializados en promover ciertos sectores o dinámicas claves para la economía española” brindan ayudas para la internacionalización, la digitalización, para I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) o para actividades como el turismo, clave para la economía española, o la industria. “En definitiva, el papel estratégico que estos instrumentos públicos juegan en la economía española hace aconsejable su evaluación para conseguir reforzarlos y situarlos en el centro de la política económica del país y de su estrategia de transformación”. Asimismo, señala que “las mejoras en la gestión de residuos han sido identificadas como prioritarias en distintos informes y recomendaciones por parte de organismos internacionales”.
El texto establece que el Ministerio de Hacienda eleve al Consejo de Ministros una propuesta para que se formalice esta tercera fase del análisis del gasto público, después de las dos ya realizadas por el organismo. La Airef presentó, en 2019 y 2020, sus conclusiones sobre beneficios fiscales, gasto hospitalario, incentivos a la contratación e infraestructuras del transporte (fase II) y sobre subvenciones, medicamentos dispensados a través de recetas médicas, políticas activas de empleo y becas universitarias, I+D+i, servicio postal y competitividad empresarial (fase I). Estos análisis fueron encargados por el Gobierno en 2017 y tenían un horizonte temporal de tres años, hasta 2021.
Tras esta tercera fase, se pondrá en marcha un “nuevo proceso de revisión y evaluación del gasto público” para el periodo 2022-2026, que se llevará a cabo en cinco fases, una por año. Las áreas a analizar serán determinadas cada ejercicio por el Gobierno, y seleccionadas de “manera conjunta y coordinada con la Airef, cuyas propuestas se tienen en cuenta”, aunque añade que la decisión final la tomará el Ejecutivo.
El documento explica que la Airef tendrá que presentar un “plan de acción” al Ministerio de Hacienda para cada una de las áreas que se vayan a analizar en cada fase. Este deberá incorporar “aspectos metodológicos” y las previsiones del proceso de revisión, e incluir una “propuesta inicial con el detalle de las áreas a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto (dentro de las disponibilidades presupuestarias previstas) y calendario de desarrollo que se remitirá al ministerio”. El Gobierno añade que “las principales conclusiones del estudio de revisión del gasto de las Administraciones Públicas para cada ejercicio se presentarán al Ministerio de Hacienda, y se incorporarán en el proceso de toma de decisiones ligado al ciclo presupuestario”.
División permanente
La nueva división permanente de spending review de la Airef se creará a través de una ampliación del Estatuto Orgánico del organismo, que contará con “todos los recursos necesarios para que lleve a cabo su labor de revisión del gasto de una manera sistemática”. El Ministerio de Hacienda, por su parte, tendrá una nueva “unidad técnica” para realizar el seguimiento de las recomendaciones de la Airef, que se analizarán en el procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, el Gobierno se compromete a reforzar la transparencia. El documento prevé que Hacienda presente cada año, enviándolo antes del 31 de marzo al Consejo de Ministros, un informe sobre las recomendaciones del organismo. “Dicho informe será público y recogerá tanto las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones de la Airef como, en su caso, las razones para no hacerlo”. El texto añade que “la imparcialidad de esta unidad de seguimiento queda asegurada en la medida en que este equipo está separado de los centros gestores del gasto”.
Este componente del plan de recuperación, que también incluye el alineamiento de los Presupuestos Generales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transición ecológica, prevé una inversión total de 6,8 millones, que no se financiará con fondos europeos.
El objetivo de la reforma es “instaurar en España un proceso sistemático, estructural y periódico de evaluación del gasto”, y aumentar su calidad, “mejorando su composición y reorientando su uso”. “Se pretende, como objetivo último de esta reforma, asegurar la estabilidad presupuestaria y reafirmar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, y se reitera la apuesta decidida del Gobierno por aplicar actuaciones claras encaminadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo sin dañar la inversión ni la protección social una vez que la recuperación económica sea firme”, añade.