Calviño prepara medidas para evitar que se disparen las insolvencias

Viene una primera mitad de año todavía con curvas. El Gobierno es consciente de que aún quedan semanas y meses duros hasta entrar en una fase de recuperación económica plena e intensa. Todo dependerá de las vacunas. Y para afrontar estos esfuerzos que restan el Ejecutivo está ya preparando nuevas medidas con las que tratar de evitar que en ese periodo haya problemas de insolvencias generalizadas que lastren la salida de la crisis. Los sectores y pat...

Viene una primera mitad de año todavía con curvas. El Gobierno es consciente de que aún quedan semanas y meses duros hasta entrar en una fase de recuperación económica plena e intensa. Todo dependerá de las vacunas. Y para afrontar estos esfuerzos que restan el Ejecutivo está ya preparando nuevas medidas con las que tratar de evitar que en ese periodo haya problemas de insolvencias generalizadas que lastren la salida de la crisis. Los sectores y patronales, el Banco de España y las entidades financieras han presionado. Y el Gobierno ha dado un giro y empieza a abrirse a medidas para aliviar el exceso de deuda.

El Ejecutivo analiza fórmulas para abordar reestructuraciones de deuda o figuras como los préstamos participativos. Según las fuentes gubernamentales consultadas, no están cerradas y en cualquier caso serán quirúrgicas y focalizadas. El Tesoro, las entidades y el Banco de España colaboran haciendo un seguimiento para valorar la oportunidad de las medidas. La reforma de la Ley Concursal irá seguro con el fin de agilizar los procesos para liquidar rápido las empresas inviables y recuperar con más facilidad las viables. Se aprovechará la transposición de una directiva europea para lograr reestructuraciones tempranas y eficaces de la deuda. Entre ellas se incluiría la mejora de las exoneraciones de deuda en el periodo preconcursal y acelerar los procedimientos para firmar acuerdos extrajudiciales de pago con quitas. En todo caso, aún está por ver la dimensión y profundidad del paquete.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deslizó el viernes en el Congreso que en las próximas semanas habrá medidas para atajar los problemas de solvencia. “Un elemento fundamental es seguir evitando un impacto estructural sobre nuestra economía. Es decir, seguir actuando de forma decisiva sobre el tejido productivo y el empleo, sobre todo en los sectores más golpeados, como hemos hecho hasta ahora. Tenemos que seguir adoptando medidas en las próximas semanas para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia para las empresas viables. Tenemos que seguir proporcionando apoyo enfocado a aquellos sectores, empresas y trabajadores más afectados. Tenemos que asegurar mecanismos ágiles de reestructuración empresarial, y también tenemos que recuperar el pulso inversor”, declaró.

Todavía quedan días complicados. En noviembre la economía empezó a dar malas señales. Sin embargo, la reapertura en diciembre y la fortaleza de la actividad en Madrid en ese mes brindó un respiro suficiente como para que no cayese el PIB. Pero ahora esa relajación de diciembre se está pagando con nuevas restricciones que ya tienen un reflejo en los indicadores adelantados. Las últimas cifras de movilidad, gasolina y tarjetas apuntan una recaída. La recuperación se retrasa. “Los datos son mixtos: relativamente buenos en electricidad y manufacturas; malos en movilidad y consumo”, explica Antonio Merino, economista jefe de Repsol.

No obstante, el Gobierno tiene argumentos para ser un poco más optimista. Fuentes del Ejecutivo explican tres factores a tener en cuenta: uno, el fuerte rebote del tercer trimestre demuestra que las medidas funcionan y que la economía está preparada para retomar la actividad en cuanto bajan las restricciones. Dos, las restricciones aprobadas son mucho menos duras que las del gran confinamiento. Y tres, las empresas y trabajadores se han adaptado y son capaces de operar con menores niveles de movilidad. Rafael Doménech, economista del BBVA, apunta en este mismo sentido: “Aunque se trata de un país con un tejido productivo distinto, China está siendo capaz de recuperar niveles con un 20% menos de movilidad”.

Además, pese a los retrasos en las vacunas, algunos analistas señalan que los mayores de 65 años infectados por la covid-19 son los que más ocupan las UCI. De modo que su vacunación podría restar presión hospitalaria y supondría una mejora sustancial de las expectativas mucho antes de alcanzar la inmunidad de rebaño.

La reducción de las rentas de las familias no ha sido tan fuerte gracias a los ERTE. Y es previsible que se produzca un fuerte tirón del consumo alimentado por el ahorro acumulado en algún momento de la segunda mitad del año. El Gobierno también espera que el gasto de los fondos europeos brinde impulso a la economía hacia final de año. Incluso si tardan en llegar, estos ya están presupuestados y se empezarán a licitar en cuanto se tenga el visto bueno de Bruselas. Y siempre que no haya cambios en el comportamiento del virus, conforme se vaya extendiendo la vacunación, mejorará la presión hospitalaria y se podrá liberar una parte de la economía: el comercio, la hostelería y el turismo dejarían de hibernar y se irían incorporando al ir desapareciendo las restricciones. Así las cosas, aunque se retrasa la recuperación, en general el consenso entre los analistas es que hacia el segundo semestre todos estos elementos deberían alinearse para propiciar un fuerte rebote.

Pero, entretanto, todavía hay muchos riesgos. Aparte de la evolución de la pandemia y la vacunación, aún van a darse unos meses en los que sectores importantes sufrirán. Pese a que la liquidez de las pymes en depósitos es elevada, el uso de los préstamos ICO se ha ralentizado, lo que podría constituir una señal de que las empresas ya no quieren endeudarse más para aguantar. Y la fuerte recuperación podría verse lastrada por quiebras, empresas muy endeudadas que ni invierten ni contratan o la llamada histéresis del mercado laboral, esto es, que a los trabajadores que han perdido el empleo les cueste volver.

El estudio del Banco de España

Para evitar todo esto, el Banco de España, la banca y los sectores han estado pidiendo al Gobierno más ayudas, sobre todo porque en España se han dado menos apoyos directos que en otros países del euro. Y Calviño se había resistido hasta ahora para no acabar con un agujero mayor en las cuentas. Con un ojo en el estado de las entidades, el Banco de España prepara un estudio para que el Gobierno cuente con unos parámetros con los que decidir a qué empresas ayudar y cómo. Y la patronal bancaria está elaborando con la consultora Oliver Wyman otro trabajo similar, en el que analizan cuáles son las inviables, las viables con problemas de liquidez y las viables sin dificultades de financiación pero con exceso de deuda. Mientras, el Ejecutivo empieza a abrirse a medidas tras haber defendido que bastaba con los ERTE y los ICO.

La Comisión Europea ya ha relajado el marco permitido de ayudas de Estado: desde enero acepta que las reembolsables se conviertan en directas hasta 800.000 euros. Y desde octubre se puede ayudar a empresas con una caída del negocio de al menos un 30% con hasta tres millones de euros en costes fijos.

La fórmula de los préstamos participativos

El Banco de España ha reclamado en varias ocasiones iniciativas para reforzar los recursos propios de las empresas ante el riesgo de que algunos sectores acaben con un reguero de insolvencias y exceso de deuda. En España los préstamos participativos han sido siempre la fórmula utilizada para mejorar la solvencia con el menor desembolso. Estos créditos se retribuyen en función del beneficio de la empresa. Y son los últimos en devolverse en caso de quiebra. Así que suponen una mejora del capital y la solvencia de la compañía.

En Francia se ha aprobado un mecanismo para desarrollar estos préstamos participativos. Y el Instituto Valenciano de Finanzas ha hecho lo mismo. Enisa y Cofides los usan en la Administración central, aunque sin el músculo suficiente. Estos créditos son ideales para las medianas, pero no así para las pequeñas. Para estas últimas solo dos vías reúnen la capilaridad necesaria: la Agencia Tributaria y la banca.