Los chalecos amarillos de Pedro Sánchez

Mientras la preocupación principal parece centrarse en la mesa de diálogo con la Generalitat, el presidente del Gobierno tiene otros frentes abiertos. Están pendientes muchos temas que, además del catalán, estaban en la agenda electoral (los Presupuestos y los impuestos; la vivienda y los alquileres; las pensiones y la anunciada, y por ello posible, revisión de la reforma laboral; las medidas ligadas a la descarbonización; la movilidad…), muchos de ellos entrelazados y casi todos de alcance. A ellos se añade el sobrevenido problema del coronavirus, que además de impactar en la salud lo hace en...

Mientras la preocupación principal parece centrarse en la mesa de diálogo con la Generalitat, el presidente del Gobierno tiene otros frentes abiertos. Están pendientes muchos temas que, además del catalán, estaban en la agenda electoral (los Presupuestos y los impuestos; la vivienda y los alquileres; las pensiones y la anunciada, y por ello posible, revisión de la reforma laboral; las medidas ligadas a la descarbonización; la movilidad…), muchos de ellos entrelazados y casi todos de alcance. A ellos se añade el sobrevenido problema del coronavirus, que además de impactar en la salud lo hace en el crecimiento económico.

Pero antes de que llegara esta amenaza, había estallado, y quizá de forma inesperada, el descontento del campo. De la noche a la mañana se formó una ola de protesta que dispersó por distintos puntos de España a los agricultores que, como símbolo reivindicativo, se pusieron chalecos amarillos y salieron a cortar las carreteras, en gran parte montados en tractores.

Cuando todavía no ha cumplido los 100 días de Gobierno y tiene todos los citados temas en cartera, que se llenen los telediarios de imagenes de chalecos amarillos y tractores verdes no es desde luego un plato de buen gusto para Pedro Sánchez. De momento, el Ejecutivo celebra que los movimientos hayan sido pacíficos, pero La Moncloa no quiere que se radicalice y menos que las protestas se contagien a otros sectores, aunque lleven corbata o pajarita.

Quiere evitarlo como sea y que no le pase como a Enmanuel Macron en Francia en 2018 y durante el año pasado. A diferencia de aquel conflicto, que surgió por la subida del diésel y por un bombardeo masivo a través de las redes sociales entre las clases medias descontentas de las zonas urbanas, este afecta directamente al mundo rural, al colectivo de agricultores, y no ha necesitado tantas redes. En este caso, el detonante ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal, que además se solapa con el mensaje la España vaciada.

Pero los problemas vienen de lejos, de hace muchos años, y no se derivan del SMI, sino principalmente de los precios de sus productos que, según denuncian, están al mismo nivel de hace 20 años y de la venta a pérdidas. Eso no impide que se la disputa haya sido esgrimida como arma arrojadiza por los partidos de la derecha, ávidos de carnaza, para atacar al Gobierno. Incluso el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, probablemente alentado por algunas arengas de terratenientes, se atrevió a aparecer como padre espiritual en la primera manifestación en Madrid y salió escaldado con una sarta de abucheos.

La disputa ha sido esgrimida por los partidos de la derecha para atacar al Gobierno

Las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros no llegan a convencer

A estas alturas, más allá de los cortes de carreteras que molestan a los usuarios y de los siempre presentes intereses de los grandes propietarios, las reivindicaciones de los productores agrarios gozan de la compresión. Por eso, Sánchez convocó a los ministros implicados para estudiar la situación y ordenó a Luis Planas, ministro del ramo, que dirigiera las negociaciones con las organizaciones agrarias, un abanico en el que bajo distintas siglas se agrupan los agricultores de talante conservador y progresista (Asaja, Coag y UPA, principalmente), para frenar la revuelta.

De ahí surgió la Ley de la Cadena Alimentaria que el Consejo de Ministros aprobó el martes, pero que no llega a convencer como se ha visto en las últimas protestas. Con la ley se pretende mejorar los precios y cubrir gastos. Se trata de evitar que las grandes superficies vendan a pérdidas y que no utilicen estos productos como reclamo con precios bajos para captar la atención de otros. A juicio de Planas, “un refuerzo de la posición negociadora de los productores y lograr el equilibrio en la cadena alimentaria”.

Los productores persiguen que se prohíba y sanciones vender a pérdidas, lo que atenta a la competencia y ya está regulado. No se pueden precios mínimos a los distribuidores, pero sí recoger los costes de producción en los contratos y hacer pública la identidad de las empresas que incumplan. Y, además, elevar las sanciones para los operadores que se salten o no tengan contratos.

La solución del problema se puede convertir en un activo de Sánchez en un sector de mayoría conservadora. También lo han entendido así los representantes de Podemos en el Gobierno. El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pusieron en marcha y se reunieron con los sindicatos agrarios incluso antes de que lo hiciera Planas. Entre otras cosas, prometieron rebajar de 35 a 20 las peonadas para gozar de prestaciones sociales.