Bruselas contra los gigantes tecnológicos: dejar atrás la impotencia sin caer en la prepotencia
La Comisión Europea planta cara a las plataformas digitales con dos normas de largo alcance
La Comisión Europea lleva más de 20 años fajándose con los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses en un desigual combate en el que Bruselas siempre parece golpear tarde y con escasa fuerza. El organismo comunitario ha impuesto sanciones multimillonarias a Google, Qualcomm o Intel por abuso de posición dominante. O a Facebook por engañar cuando pidió permiso para comprarse Whatsapp. Y persiguió durante una década a Microsoft para impedirle, con escaso éxito, que aprovechase el sistema operativo Windows para apoderarse de otros mercados.
Las cuantiosas multas han tenido tanto impac...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Comisión Europea lleva más de 20 años fajándose con los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses en un desigual combate en el que Bruselas siempre parece golpear tarde y con escasa fuerza. El organismo comunitario ha impuesto sanciones multimillonarias a Google, Qualcomm o Intel por abuso de posición dominante. O a Facebook por engañar cuando pidió permiso para comprarse Whatsapp. Y persiguió durante una década a Microsoft para impedirle, con escaso éxito, que aprovechase el sistema operativo Windows para apoderarse de otros mercados.
Las cuantiosas multas han tenido tanto impacto mediático como escasa repercusión en la situación real del mercado. Y las gigantescas plataformas digitales, lejos de ver mermado su poder por la intervención de las autoridades europeas, han crecido hasta convertir Internet en un coto privado en el que es difícil navegar o hacer negocio si no se aceptan sus reglas.
Las normas aprobadas este martes por el organismo comunitario aspiran a reequilibrar un poco las fuerzas entre reguladores europeos y compañías reguladas. Un justificado contrapeso para evitar que gigantes privados causen, deliberada o inadvertidamente, daños sociales, económicos o políticos irreparables.
El proyecto de reglamento de servicios digitales (DSA, por las siglas en inglés) impondrá a las grandes plataformas la obligación de retirar los contenidos ilegales, incluidas las ofertas de venta de productos fraudulentos, siempre que lo reclame una autoridad judicial o administrativa de cualquier país de Europa, no solo de su país de residencia. Y la ley de la selva dejará también de aplicarse en cuanto a los contenidos destinados a propagar la desinformación de manera deliberada y masiva.
Bruselas asegura que ha calibrado muy bien la propuesta para preservar la libertad de expresión y no propiciar un celo censor incompatible con los valores europeos. Pero el riesgo existe si la tramitación del reglamento añade invasiva letra pequeña. “No debemos permitir que los gigantes de Internet se conviertan en los policías online, ya se les ha regalado demasiado poder sobre nuestra democracia como para permitirles que decidan también lo que podemos ver”, señala Eva Simon, de la ONG Unión por las Libertades Civiles de Europa.
La segunda norma, el proyecto de reglamento de mercados digitales (DMA), ha requerido también un equilibrio muy delicado desde el punto de vista económico. Bruselas someterá a una vigilancia mucho más estrecha a las compañías digitales que sean calificadas como gatekeepers o puertas de entrada a la red con base en una serie de criterios (facturación, valoración bursátil y número de usuarios).
Los umbrales son tan elevados que apenas una decena de empresas, de la talla de Google, Apple o Amazon, estarán sujetas a obligaciones adicionales. Pero Bruselas se reserva el derecho de imponer las mismas normas a empresas más pequeñas en las que detecte un potencial de convertirse en gatekeepers.
El alcance de ese instrumento preventivo se ha rebajado en relación con las ideas iniciales de la Comisión. Pero colocaría a Bruselas en la peligrosa tesitura de dirimir qué start-ups o qué unicornios tienen derecho a seguir creciendo. “La Comisión Europea no ha podido ir tan lejos como políticamente hubiera deseado por falta de una base competencial y jurídica adecuada”, señala Pablo López-Álvarez, directivo de la consultora FTI Consulting. Pero no cabe descartar que el texto se endurezca a su paso por el Parlamento Europeo. Y “también hay otras piezas del puzle a tener en cuenta, como la normativa de competencia que van a adoptar próximamente Francia y Alemania, que se anticipan más duras”, añade López-Álvarez. Europa debería extremar el cuidado para no pasar de la impotencia a la prepotencia en un escenario tan innovador, veloz e imprevisible como es el sector digital.