“Sería lamentable que por 20 millones que faltan caiga esta empresa”

“No nos rendimos nunca”. El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo (Madrid, 1961), salta al ruedo con estas cuatro palabras, con acometidas entre retadoras y conciliadoras, antes de adentrarse en profundidades y decir lo que, sin duda, lleva tiempo pensando de los acreedores, el Gobierno y la Junta de Andalucía; de la “buena” relación con los sindicatos, que acaban de convocar una huelga para el 9 de octubre, y de la batalla que libra con un ruidoso grupo de accionistas minoritarios que le culpan de tod...

“No nos rendimos nunca”. El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo (Madrid, 1961), salta al ruedo con estas cuatro palabras, con acometidas entre retadoras y conciliadoras, antes de adentrarse en profundidades y decir lo que, sin duda, lleva tiempo pensando de los acreedores, el Gobierno y la Junta de Andalucía; de la “buena” relación con los sindicatos, que acaban de convocar una huelga para el 9 de octubre, y de la batalla que libra con un ruidoso grupo de accionistas minoritarios que le culpan de todo.

Los ánimos están calientes en los alrededores de Palmas Altas, sede del grupo, desde que el pasado miércoles, 30 de septiembre, cuando acabó el plazo para suscribir el nuevo plan de reestructuración de la compañía, el Gobierno andaluz se desmarcó y anunció que no aportaría los 20 millones de euros a los que, según Urquijo, se había comprometido (“ahí están las hemerotecas”). La empresa decidió entonces ampliarlo hasta el 15 de octubre, para echar el resto en lo que, en palabras de Urquijo, es la última oportunidad para la salvación de Abengoa, una empresa que cuenta con 14.000 empleados, 3.000 de ellos en España.

“Esto parecía que iba a ser una operación de un mes y llevamos cinco meses; cuando no salta una cosa, salta otra”, manifiesta resignado en conversación telefónica sobre la errante evolución del tercer plan de salvación que diseñó la empresa en plena pandemia. “El definitivo”, insiste. Antes, la empresa, cuya crisis cumple ya un lustro, tuvo que afrontar un primer plan de reestructuración en 2017, en el que se realizó una quita y recapitalización de deuda por valor de 7.000 millones de euros. Posteriormente, en 2019, en una segunda reconversión, se capitalizaron otros 3.000 millones.

“Ha sido un sacrificio muy duro para todos, los acreedores; los accionistas, que diluyeron el 95% las acciones; los proveedores, que llevan cinco años sin cobrar, los empleados, los clientes...”. Una travesía del desierto que ahora, cuando estaba a punto de acabar, la Junta de Andalucía rechaza rematar con la aportación de los 20 millones que se le habían asignado. Esta tercera reestructuración está montada sobre cuatro pilares y respaldada por la legislación determinada por la covid-19: financiación de 230 millones con aval del ICO del 70%; líneas de avales de 300 millones con apoyo del Cesce; quita del 50% de la deuda con los acreedores financieros, que pasa de 3.000 a 500 millones y una solución para la deuda comercial con los proveedores, a los que se les ofrece el 5% de los flujos de caja y fondos procedentes de la venta de activos.

“Sería lamentable que hayamos llegado hasta aquí, con los sacrificios que ha hecho todo el mundo y que por 20 millones que faltan caiga esta empresa”, se queja Urquijo. “Aquí hay un proyecto de futuro y si no sale, las consecuencias serían gravísimas, sería el fin de la fiesta”, añade apuntando directamente a los responsables de la Junta, de los, no obstante, dice “haber contado siempre con su apoyo verbal”.

“Me sorprende que no hayan adoptado ya una decisión”, continúa. “Les va mucho en ello. La Junta acaba de hacer un investor day destacando el apoyo a las empresas y a las renovables y, a las primeras de cambio, se retratan de esta forma cuando somos una de las principales empresas de Andalucía, el mayor empleador de Sevilla”, dispara. “No concibo que Andalucía no esté, creo que debe estar y estoy seguro de que va a estar; pero no nos puede dejar ahora así, después de haber habido un compromiso verbal. No me vale que me venga con estas”, enfatiza al tiempo que recuerda que la Junta ha sacado una serie de medidas de apoyo para autónomos y pymes (decreto-ley 11/2020), pero no para las grandes empresas.

¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe? Según Urquijo, el cambio de opinión de la Junta se ha producido porque “hay miedo por todo lo ocurrido en el pasado, les da miedo la viabilidad de la sociedad”. Asegura que no lo entiende “porque [la viabilidad] está acreditada por el apoyo de los bancos, de los fondos de inversión y del Gobierno central”, para el que solo tiene palabras de agradecimiento, en concreto para la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Para el ejecutivo madrileño, la Junta tiene obligación de preservar las empresas, el tejido industrial y el empleo. “Dicen que no tienen instrumentos; pero, si quieren apoyar la industria, que creen el instrumento como han hecho otras comunidades: un instituto de finanzas, una agencia de préstamos... Queremos que vengan con la solución: o nos ponen el dinero o nos dan un documento en el que comprometen a ello”, reta.

No obstante, se siente optimista y cree que las autoridades andaluzas reconsiderarán su postura y se solucionará el futuro. “Con todo lo que hemos hecho, tengo la obligación de ser optimista, porque ni la Junta ni nadie nos puede tumbar esta sociedad. Después de la mayor reestructuración de Europa, de los 10.000 millones de quita, del sacrificio que han hecho todos, no la pueden tumbar”. En cualquier caso, ha pedido ayuda al Gobierno central para que intermedie y convenza al Gobierno andaluz. “Claro que les he pedido ayuda”, reconoce.

Urquijo destila reconocimiento para los sindicatos, que un día después de la entrevista convocaron huelga para el día 9 de octubre como protesta por los ERTE continuados, los retrasos en el pago de salarios y la obligación de trabajar de forma presencial. “Están aterrados con la actitud de la Junta, como se descuiden algunos, esto se puede convertir en el Nissan o el Alcoa andaluz. Tenemos 3.000 empleos directos y 5.000 indirectos, pero no dependemos de una multinacional. Lo que tenemos es un Gobierno central, unos acreedores, unos sindicatos que apoyan la salvación. Sería una grave irresponsabilidad que se permitiera la destrucción de una empresa como esta, que es la número uno mundial en tratamiento del agua, el petróleo del siglo XXI. ¿Cómo se explica, si no, que hayamos podido contratar 5.000 millones en cuatro años? Ellos verán... No puede ser que se estropee la operación por 20 millones. Sería un fiasco a nivel global. Nos jugamos mucho en este envite”, se explaya.

Pero no acaba ahí. Urquijo también desbarra contra los accionistas minoritarios agrupados en Abengoa Shares, que tras ser rechazada la demanda presentada para reclamar la suspensión de los acuerdos del consejo de administración, han contraatacado: “La actual dirección de Abengoa pretende responsabilizar a la Junta de Andalucía de un conflicto laboral del que son los únicos responsables; el impago de las nóminas es responsabilidad única y exclusivamente de Gonzalo Urquijo”. Abengoa Shares, que asegura representar a un 14,5% de las acciones, apunta que han remitido una comunicación por burofax ofreciendo “una vía de diálogo”.

El presidente de la compañía no se amilana: “Jamás se ha propuesto vender acciones ni ampliar capital ni bonos. El que haya querido comprar ha sido porque le ha parecido interesante. Y todas las decisiones se aprobaron en junta de accionistas. Yo entiendo que todo el mundo quiere más, pero esto es un equilibrio inestable donde tenemos que satisfacer a todas las partes. Estoy decepcionado porque se lo hemos explicado y nos han llevado al juzgado, donde les han puesto en su sitio. Están jugando un juego tremendamente peligroso. Si el juez hubiera dictado cautelares, habríamos presentado el concurso y se habrían cargado la empresa, los 14.000 empleos. La empresa se tendrá que pensar si responde les demandamos como nos piden otros grupos de interés".