El PSOE rectifica el pacto con Bildu y no derogará íntegramente la reforma laboral

La aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma ha acabado en lío. Después de aprobada, se conoció un pacto del PSOE y Unidas Podemos con Bildu que empezaba con el compromiso de derogar “de manera íntegra” la reforma laboral del PP antes de que expiren “las medidas extraordinarias” frente a la pandemia. Horas después, al filo de la medianoche, los socialistas emitieron “una nota aclaratoria”, a la que poco después se unió la formación morada, en la que rectificaban lo firmado anulando el primer punto de ese acuerdo y dándole otra redacción. La derogación íntegra se ha diluido en una r...

La aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma ha acabado en lío. Después de aprobada, se conoció un pacto del PSOE y Unidas Podemos con Bildu que empezaba con el compromiso de derogar “de manera íntegra” la reforma laboral del PP antes de que expiren “las medidas extraordinarias” frente a la pandemia. Horas después, al filo de la medianoche, los socialistas emitieron “una nota aclaratoria”, a la que poco después se unió la formación morada, en la que rectificaban lo firmado anulando el primer punto de ese acuerdo y dándole otra redacción. La derogación íntegra se ha diluido en una redacción más vaga quedando en la recuperación “de los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012″, copiando el pacto de Gobierno de Sánchez e Iglesias alcanzado en diciembre.

La votación de la prolongación del estado de alarma, que se realizó antes de que trascendiese el pacto, acabó con un resultado de 177 síes, 162 noes y 11 abstenciones. Sin los cinco diputados de EH Bildu, el resultado hubiera sido de 177 votos afirmativos, 167 negativos y 6 abstenciones. En otras palabras, la extensión del estado de alarma habría salido adelante incluso sin ese pacto.

El texto del acuerdo inicial lleva tres firmas: las de los portavoces del PSOE, Adriana Lastra; Unidas Podemos, Pablo Echenique, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Y va más allá de la derogación de la reforma laboral, pero el cambio en la normativa del mercado de trabajo es lo fundamental, y figura como el primer punto del acuerdo. “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”, decía inequívocamente la primera frase de ese apartado.

Pero el sainete no ha acabado ahí, en un acuerdo conocido después de la votación. Ante el revuelo causado, unas horas después el PSOE rectificó emitiendo una “nota aclaratoria” en la que el lenguaje pierde contundencia y claridad. Donde dice derogación “íntegra” se habla de “recuperación de derechos laborales”, lo que puede significar volver a la legislación previa a 2012 o, como en algún momento ha dicho la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dar otra redacción teniendo en cuenta los cambios habidos en el mercado laboral en este tiempo.

De la precipitación con la que se hizo esta nota aclaratoria a medianoche, que lo que hace es copiar literalmente el pacto de Gobierno que en diciembre suscribió el PSOE con Unidas Podemos en lo referente a la reforma laboral, da fe una frase: “Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. El Ejecutivo ya aprobó esto el pasado 19 de febrero y, de hecho, el Congreso lo sancionó un mes más tarde, cuando ya había explotado la crisis del coronavirus.

El pacto inicial con Bildu incluye también un compromiso para dar mayor margen de gasto a los Ayuntamientos y demás corporaciones locales para afrontar la crisis del coronavirus. Este punto no habría sido anulado según el comunicado del PSOE, que poco después ha ratificado Podemos. Y hay un tercer punto que implica informar al grupo de la izquierda abertzale del desarrollo de esas medidas.

EH Bildu negoció con los dos partidos que forman la coalición de gobierno para conseguir la derogación íntegra de la reforma laboral a cambio de su abstención. Y la firma de Lastra —que llegó pasadas las ocho de la tarde, una vez finalizado el pleno— contó con el visto bueno del presidente Pedro Sánchez, quien hizo alguna referencia a esa posibilidad durante sus intervenciones en la Cámara.

La derogación era uno de los compromisos que el PSOE y Unidas Podemos habían suscrito en su pacto de gobierno. No obstante, la crisis del coronavirus había cambiado las prioridades del Ejecutivo. “Es el momento de abordar la pandemia”, respondió hace apenas unos días en una entrevista con EL PAÍS la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, sin embargo, siempre ha sido una firme partidaria de esa derogación. Ella misma había propuesto a los grupos un pacto contra la precariedad, que, con toda lógica, contenía implícitamente la contrarreforma laboral. Díaz siempre ha defendido que esta norma es una de las principales fuentes de precariedad en el mercado laboral.

Sin fecha concreta

Trabajo evitó anoche hacer comentarios, aunque fuentes del ministerio explicaron que la derogación no se puede hacer de golpe. El acuerdo no pone una fecha concreta a la derogación, pero deja claro que tendrá que llegar antes de que las medidas extraordinarias puestas en marcha para afrontar la pandemia decaigan. Eso puede llevar unos meses: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), por ejemplo, estarán teóricamente vigentes hasta el 30 de junio, pero el Consejo de Ministros tiene potestad para prorrogarlos sector a sector más allá de esa fecha.

La derogación de la reforma laboral es una de las tareas pendientes que se impuso Sánchez ya en la oposición. El rechazo a la norma que el PP aprobó por decreto en febrero de 2012 —sancionada posteriormente en julio de ese año por el Parlamento— es una de las cuestiones que unen a toda la izquierda en España. Llegó en el peor momento de la anterior crisis. Fue una promesa electoral de los populares, pero también había mucha presión de Bruselas para que se hiciera. También la hubo del Banco Central Europeo, que meses antes había enviado una carta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que la desplegase y no lo hizo. Una vez aprobada dio paso a la devaluación salarial interna.

Además de la reforma laboral, el acuerdo firmado con la izquierda abertzale incluye una pata dedicada a la Administración local. “Las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto (...) para paliar los efectos sociales originados por la crisis de la covid-19”, reza el segundo punto. “La capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”, añade.

La importancia de conceder este punto a EH Bildu, a unas semanas de las elecciones vascas, puede enrarecer mucho las relaciones entre el Gobierno y el PNV. Primero por el contenido del pacto en sí mismo y segundo porque el pacto se haya conocido después de que se haya producido la votación. Los nacionalistas vascos fueron decisivos, junto con Ciudadanos, para que saliera adelante la quinta prórroga del estado de alarma, como ya lo fueron en la cuarta.

Precisamente, Ciudadanos es la otra formación que queda descolocada tras conocerse el acuerdo. Su pacto con el Gobierno el día anterior había alejado el posible acercamiento de Sánchez a Esquerra Republicana de Catalunya. Una de las motivaciones de Ciudadanos para llegar a ese acuerdo fue alejar la posibilidad de que hubiera en estos momentos una reunión de la mesa que el jefe del Ejecutivo ha puesto en marcha con el Govern de Quim Torra para abordar el problema político catalán. Ahora, en cambio, el Gabinete se acerca a la formación independentista vasca y lo hace apenas 24 horas después.