Villarejo niega contactos con Francisco González y señala como único enlace en el BBVA a Corrochano
El policía jubilado declara que su trabajo para el banco no fue espionaje sino "un encargo del Estado"
En enero pasado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo trató de desviar la atención de su presunto espionaje para el BBVA aludiendo al 11-M pero sin dar explicación alguna sobre la conexión entre una cosa y otra. Este miércoles ha repetido su estrategia de defensa, pero siendo aún más críptico. El trabajo para el BBVA, según ha señalado su abogado, Antonio José García Cabrera, no fue espionaje sino "una labor de Estado" que le encargaron "dirigentes...
En enero pasado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo trató de desviar la atención de su presunto espionaje para el BBVA aludiendo al 11-M pero sin dar explicación alguna sobre la conexión entre una cosa y otra. Este miércoles ha repetido su estrategia de defensa, pero siendo aún más críptico. El trabajo para el BBVA, según ha señalado su abogado, Antonio José García Cabrera, no fue espionaje sino "una labor de Estado" que le encargaron "dirigentes de los servicios de inteligencia". Las declaraciones, recogidas por La Sexta, las ha ofrecido a las puertas de la cárcel de Estremera. A preguntas sobre su relación con Francisco González, expresidente del BBVA, Villarejo ha asegurado que nunca se reunió ni habló con él por teléfono, según su abogado.
En lugar de acudir a la Audiencia Nacional, en esta ocasión ha sido el juez que instruye el denominado caso Villarejo —una macroinvestigación con 10 piezas y casi 60 imputados que indaga desde el espionaje a Luis Bárcenas para el PP a los audios de Corinna y en la que el presunto espionaje para el BBVA es una de las piezas separadas—el que se ha desplazado, junto con los dos fiscales Anticorrupción encargados de la investigación, a la prisión de Estremera (Madrid). Allí está recluido el comisario jubilado desde su detención en noviembre de 2017. El juez Manuel García-Castellón tomó esta decisión ante los problemas de salud del policía.
"Fue un encargo de Estado, en interés de la soberanía nacional, política y económica", ha insistido el abogado de Villarejo. También una "labor defensiva que realizaba el banco en defensa de sus propios intereses". Según ha señalado, a Villarejo el banco le hizo un "encargo defensivo ante la opa hostil" porque "no se encontraba justificación económica" ni entendía "de dónde procedía" ese "ataque a la soberanía económica y política de España por una potencia extranjera". Este trabajo privado "le estaba permitido" a Villarejo, ha asegurado García Cabrera.
El comisario jubilado ha negado que tuviera contacto con Francisco González, ni siquiera telefónico, y ha asegurado que su conexión con la entidad bancaria era Julio Corrochano, máximo responsable de Seguridad del BBVA cuando Villarejo fue contratado. Según distintas grabaciones aportadas al sumario, en 2004 el banco contrató a Cenyt, una de las empresas del comisario, para defenderse de una operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control al entonces presidente González. Corrochano había sido jefe superior de Policía de Madrid y comisario general de Policía Judicial hasta que abandonó el cuerpo en 2002 para fichar por el BBVA.
Según ha podido saber EL PAÍS, han sido los fiscales Anticorrupción los que han preguntado por su relación con Francisco González. El abogado de Villarejo ha asegurado que su cliente ha relatado que Corrochano era quien hacía los encargos y firmaba los contratos. El juez citó a Corrochano el pasado día 5. Este se acogió a su derecho a no declarar y el juez le impuso una fianza de 300.000 euros y la prohibición de salir de España.
Según Villarejo, Sacyr no tenía capacidad para comprar el BBVA y había un país y un banco extranjero detrás, ha relatado a este diario su abogado. El comisario emitió un comunicado en marzo pasado insinuando que otro país diseñó el 11-M para cambiar el Gobierno de España. Añadió que podía probar que no se investigó la autoría real del ataque, abonando así la teoría de la conspiración —descartada por la justicia— sobre los ataques yihadistas de 2004 en Madrid. Tras escucharle en declaración, el juez rechazó, con el apoyo de la fiscalía, reabrir la causa por los atentados de Atocha.