Bruselas advierte de los “graves riesgos de seguridad” de los ‘visados de oro’, muy extendidos en España

Una veintena de países de la Unión Europea, entre ellos España, han puesto en venta la residencia, e incluso la ciudadanía, como fórmula para atraer inversión o inyectar recursos a las arcas públicas. La extensión de esa práctica, sin embargo, inquieta a Bruselas, que advierte de los “graves riesgos de seguridad” que entraña esa zona gris por la que extranjeros adinerados pueden hacerse con la ciudadanía europea y acceder libremente al mercado único. La Comisión ha constatado en un informe qu...

Una veintena de países de la Unión Europea, entre ellos España, han puesto en venta la residencia, e incluso la ciudadanía, como fórmula para atraer inversión o inyectar recursos a las arcas públicas. La extensión de esa práctica, sin embargo, inquieta a Bruselas, que advierte de los “graves riesgos de seguridad” que entraña esa zona gris por la que extranjeros adinerados pueden hacerse con la ciudadanía europea y acceder libremente al mercado único. La Comisión ha constatado en un informe que la concesión de los llamados pasaportes o visados de oro pueden esconder actividades ilícitas como blanqueos de capitales, evasión fiscal o corrupción. Por ello, el ejecutivo comunitario creará un grupo de expertos para asegurarse de que esos sistemas cumplen con la ley europea. “No dudaremos en actuar si es necesario”, ha advertido el comisario de Migraciones, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramoupolos.

El documento elaborado por la Comisión Europea distingue dos grupos de países: los tres que venden la ciudadanía (Bulgaria, Chipre y Malta) y los 20 —República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido, además de los tres citados— que permiten acceder a la residencia tras una inversión.

Bruselas expresa una principal preocupación por los primeros. Un ciudadano de fuera de la UE puede hacerse con la ciudadanía chipriota por dos millones de euros, con la búlgara por un millón o con la maltesa por 800.000 euros. Pero el informe también muestra recelos por varios países que dan la residencia a cambio de una inversión. Se trata de los que ofrecen un permiso a largo plazo y, por lo tanto, abren la puerta a la obtención de la ciudadanía europea a medio plazo.

Avramoupolos afirmó que “no existe ninguna preocupación especial con España” a pesar de que un informe de Transparencia Internacional lo señala como el socio de la UE que más visados de oro ha concedido. En total, ha dado 24.095, según los últimos datos oficiales. Pero además, el régimen de obtención de los visados de oro en España encaja con la puerta trasera para hacerse con la ciudadanía que suscita recelos en Bruselas. A pesar de que su concesión es válida durante dos años, esta se va renovando por ese periodo siempre que la inversión se mantenga y garantiza la residencia permanente tras cinco años, según el informe de Bruselas. “En el momento en el que un país vende su ciudadanía, está vendiendo la ciudadanía de la Unión Europea, que no es de su propiedad”, sostuvo la comisaria de Justicia, Vera Jourová.

Falta de transparencia

La Comisión Europea desaprueba la venta de ciudadanías nacionales porque supone automáticamente el acceso al estatus de ciudadano europeo. Y eso implica libertad de movimientos en los países Schengen, acceso al mercado interior y el derecho a voto en elecciones europeas y locales. En concreto, en los tres estados que prevén esa práctica se detectan cuatro puntos especialmente problemáticos: los controles de seguridad, el riesgo de que se use para blanquear capitales, la evasión fiscal –algunos países no tienen acuerdos de intercambio de información tributaria con estados de fuera de la UE— y la falta de transparencia. En plata: Bruselas teme que el dinero baste para saltarse los controles que implica Schengen y las restricciones a países terceros del mercado único.

Sin embargo, Bruselas también advierte a los países que ofrecen permisos de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias, compras de deuda o aportaciones puntuales al Presupuesto. En este caso, considera que los permisos suponen “un riesgo igualmente grave para los países miembros y la Unión Europea en conjunto”. El visado de oro se concede en 20 países: Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido.

La Comisión se queja sobre todo de la falta de transparencia. “Desconocemos el número de total de permisos de residencia que se han dado”, lamentó Avramoupolos, que hizo un llamamiento a todos los países miembros para que “asuman” los abusos a las normas comunitarias que podría haber detrás de la obtención de esos visados. Prueba de ese desconocimiento es que ocho países no han proporcionado datos y que de España solo constan 531 visados otorgados.

El ejecutivo comunitario creará un comité de expertos de los países miembros que antes de año deberá tener elaborado un informe sobre cómo se están articulando esos mecanismos que permiten acceder a la residencia. En concreto, ese grupo deberá crear un sistema de intercambio de información entre estados y desarrollar un mecanismo común para ejercer los controles de seguridad necesarios sobre esas concesiones.

El grupo parlamentario de Los Verdes compartió el diagnóstico del informe pero criticó las propuestas para afrontar los problemas derivados de los visados. El diputado Ernest Urtasun, miembro de la comisión TXE3, criticó que las propuestas se queden "en simples romendaciones a los estados miembros eludiendo sus responsabilidades". "Es cierto que los permisos de residencia y nacionalidad son competencia estatal, pero existen competencias comunitarias respecto al blanqueo de capitales e intercambio de información", añadió. Precisamente, Los Verdes emitieron un informe en otoño advirtiendo de que los visados de oro formaban parte del coladero por el que se filtra la evasión fiscal a causa de la falta de acuerdos de información fiscal entre algunos países de la UE con terceros estados.