Deloitte: “Las ‘black’ no las detectamos, estaban ocultas en ‘cuentas saco”

La crisis financiera ha tenido muchos protagonistas: gestores, supervisores, auditores y los responsables políticos. Este argumento permite que casi nadie que acude a la Comisión de Investigación de la crisis se sienta responsable del desaguisado. Este martes compareció el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, y el expresidente de KPMG, John Scott, cuyas firmas auditaron Bankia y la CAM respectivamente. Ruiz admitió que "pudimos hacer mejor nuestro trabajo, pero actuamos con honestidad". KPMG se...

La crisis financiera ha tenido muchos protagonistas: gestores, supervisores, auditores y los responsables políticos. Este argumento permite que casi nadie que acude a la Comisión de Investigación de la crisis se sienta responsable del desaguisado. Este martes compareció el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, y el expresidente de KPMG, John Scott, cuyas firmas auditaron Bankia y la CAM respectivamente. Ruiz admitió que "pudimos hacer mejor nuestro trabajo, pero actuamos con honestidad". KPMG se limitó a justificar su trabajo y a asegurar que "nunca recibió presiones políticas" en sus trabajos, como el que analizó, sin advertir de grandes problemas, la funesta fusión de las cajas gallegas.

Ruiz, que ha sido reelegido presidente de la firma, y Scott, que dejó el cargo en abril de 2016, explicaron que su trabajo es más limitado de lo que cree la mayoría de los ciudadanos, lo que les genera problemas reputacionales: "Ni gestionamos ni formulamos las cuentas; tampoco juzgamos si la estrategia de la entidad es agresiva o no", dijo Ruiz, que recordó que sí hubo auditorías con salvedades en CajaSur y Catalunya Caixa. Además, aclaró que su análisis es retrospectivo, "al contrario del supervisor, que es prospectivo porque está todo el tiempo en la entidad. Ellos sí juzgan la gestión, nosotros no", insistió, para remarcar que su labor es reflejar si los riesgos asumidos están convenientemente provisionados" y si se refleja adecuadamente la situación patrimonial en las cuentas. Los dos directivos alabaron las reformas legales que harán que las auditorías actuales sean más completas y adviertan de posibles debilidades de las empresas.

Y añadió: "Necesitamos seguridad jurídica; no puede volver a ocurrir que cumplamos con lo que no pide el regulador y luego el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), nos sancione", en relación con un trabajo que hicieron sobre la separación de activos entre la matriz BFA y su filial Bankia. Scott se limitó a decir que todo lo hicieron fue ajustado a la ley y que desconocía los detalles que le preguntaron los diputados.

Deloitte ha tenido un gran protagonismo a lo largo del caso Bankia, cuyo punto álgido fue el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sobre este tema Ruiz dijo: "Las tarjetas black no las detectamos porque esas remuneraciones se contabilizaron en cuentas de errores por descuadre y no como remuneraciones… estaban escondidas en una cuenta de errores por descuadre que lógicamente con la magnitud de cifras que maneja la entidad pues no se ve, por una cuestión de materialidad. Son cuentas saco y no entras a ver este tipo de cosas y por eso no lo vimos. No teníamos ni idea”.

En este sentido, ha asegurado que Deloitte no comparte la opinión de los dos peritos del Banco de España que aseguran que las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

El conflicto de auditar y asesorar

El presidente de Deloitte firma que realizó el trabajo de valoración del Popular tras la intervención del banco por la JUR, antes de ser adquirido por el Santander, negó haber trabajado para ese banco en la fusión de las entidades. “No asesoramos al Santander ni al Popular cuando estaba Emilio Saracho”, el que fuera el último presidente antes de la quiebra, afirmó Ruiz. “Trabajamos con el Santander, pero no sobre este tema”, dijo ante la insistencia de los diputados sobre este posible conflicto de intereses.

A lo largo de toda la comparecencia, los diputados (con especial hincapié el socialista Pedro Saura), insistieron en analizar los problemas de auditar y hacer consultoría a las mismas empresas. Deloitte y KPMG pidieron que se regulara la separación de papeles, pero no que se prohibiera compaginarlos porque pondría en riesgo su futuro. "Se debe clarificar las incompatibilidades entre auditar y asesorar. Eso ayudaría a la profesión y mejoraría la auditoría. Deloitte, con la nueva ley que exigía rotación de auditores, tuvimos una pérdida muy alta de clientes. Pasamos de 3.000 auditores a solo 1.300 personas. Si no fuéramos una firma multidisciplinar, habríamos perdido mucho talento que se habría ido a la competencia; ahora hemos recolocado a esas personas en asesoría de riesgos, o ciberseguridad... ser multidisciplinares son da más independencia frente a los clientes porque dependemos menos de cada uno de ellos", insistió Ruiz.

Los diputados insistieron en que las auditoras son una pieza clave para explicar la crisis de las cajas de ahorros. Sin embargo, Deloitte, volviendo a su trabajo en Bankia, admitió que auditó las cuentas trimestrales de marzo de 2011 que se incluyeron en su folleto de salida a Bolsa, pero recordó que no participó en la elaboración de dicho folleto, ni en la decisión de la salida a bolsa de la entidad, en la fijación del precio, ni en la venta de acciones.

Preguntado por la negativa de Deloitte a firmar las cuentas de cierre del 2011 de Bankia, Ruiz ha explicado que la entidad nunca les entregó las cuentas firmadas por los administradores, un requisito legal imprescindible. "Nunca recibimos esas cuentas firmas y por eso, nunca emitimos el informe", ha añadido Ruiz, que ha asegurado que desde 2011, Deloitte había avisado a Bankia de que las cuentas tenían salvedades.

El presidente de Deloitte España afirmó que la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver Banco Popular se tomó en función de la información de fuentes como el Banco de España o el Banco Central Europeo (BCE) y no por el informe de valoración de la resolución que emitió Deloitte Bélgica.

Ruiz ha apuntado que no ha leído dicho informe de valoración del Popular debido a las "estrictas normas de confidencialidad" a las que está sometido. El documento lo elaboró la firma belga y en él participaron socios de la firma inglesa y de la española, pero no él. "El trabajo, por las propias condiciones de la JUR, está sujeto a estrictas normas de confidencialidad. Nosotros no podemos difundir ningún tipo de información de ese trabajo, porque solo ella (la JUR) tiene potestad para hacerlo", explicó Ruiz.

"No tuvimos ningún conocimiento de que Santander había adquirido la entidad hasta que se produjo la adquisición", ha asegurado Ruiz. "Elaboramos nuestro informe sin saber qué movimientos estaba haciendo la JUR para vender el banco, no tuvimos ningún contacto por parte de nuestra organización", apostilló.

La auditoría y el agujero de la CAM

El expresidente de KPMG, John Scott, se limitó a decir que todo lo que hizo se ajustó a la ley y que desconocía muchos de los detalles que le preguntaron los diputados. Estos insistieron en cómo era posible que la auditoría de la CAM de 2010 no tuviera salvedades, pero que unos meses después fuera rescatada por el Estado tras inyectar 5.500 millones, una factura que se ha incrementado años después.

Scott se defendió diciendo que la CAM ocultó activos de titulizaciones tanto a ellos como al Banco de España. “No tengo todos los detalles, pero cuando afloraron estos activos supusieron un cambio radical en sus cuentas, que se vieron perjudicadas, además, por la crisis posterior de 2011, que también elevó la morosidad”, aclaró. Scott justificó que el trabajo era correcto porque el supervisor no reformuló las cuentas de 2010.

Preguntado por las preferentes que vendieron muchas cajas, afirmó que en sus informes KPMG siempre recomendó que se vendieran a mayoristas, no a minoristas, y confió en que la nueva normativa MIFID 2 ayude a asegurar que el cliente conoce todo lo que compra y las entidades solo le puedan ofrecer algunos productos de forma razonable.