Los gestores privados exigen al Gobierno que envíe el cálculo de la pensión que oculta desde 2014

En 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el Parlamento una reforma del sistema de pensiones con una disposición, la número 26, que obligaba al Ejecutivo a preparar el cálculo aproximado de la pensión que iba a recibir cada ciudadano. Una vez hecho el cálculo, debía enviarlo por carta al interesado. En noviembre de 2014, el Gobierno de Rajoy tenía los datos individualizados y logró un acuerdo para que los gestores privados también enviaran la carta a los interesados. El borrador del real decreto pasó por el Consejo de Estado y cuando solo faltaba la aprobación d...

En 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el Parlamento una reforma del sistema de pensiones con una disposición, la número 26, que obligaba al Ejecutivo a preparar el cálculo aproximado de la pensión que iba a recibir cada ciudadano. Una vez hecho el cálculo, debía enviarlo por carta al interesado. En noviembre de 2014, el Gobierno de Rajoy tenía los datos individualizados y logró un acuerdo para que los gestores privados también enviaran la carta a los interesados. El borrador del real decreto pasó por el Consejo de Estado y cuando solo faltaba la aprobación del Consejo de Ministros, la carta se fue a la basura sin más explicaciones.

Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, que agrupa al 99% de los gestores privados, ha exigido al Gobierno que envíe la carta a los ciudadanos "porque es la mejor vía para fomentar el ahorro y combatir las falsas informaciones de que no va a haber pensiones públicas. Si las personas supieran lo que van a cobrar, ahorraría más. Es una obligación del Parlamento y es tan importante, que en 10 países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido o Francia, ya se hace y no ha caído ningún Gobierno", apunta Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

La norma incluida un sistema de tramos en el que en 2014 se enviaría esta información a los mayores de 50 años, en 2015 a los mayores de 40 y en 2016 a todos los ciudadanos con 5 años cotizados. La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 8 de mayo de 2012, resaltó la importancia de facilitar a los ciudadanos información precisa sobre las expectativas de la pensión, para lo que anunció que se crearía una regulación reglamentaria. Hasta hoy.

Para demostrar que a los ciudadanos les importa, y mucho, este tema, la patronal encargó a Front Query una encuesta en octubre con 1.100 entrevistas a ciudadanos de todas las comunidades. El 90% de los españoles asegura que planificaría mejor su jubilación si recibiera información de forma anticipada por parte del Estado sobre la pensión pública estimada que percibirá en su jubilación, concluye el Estudio sobre la jubilación y la importancia de saber.

También concluye también que "un 95% de los ciudadanos considera que conocer esta información debe ser un derecho y que el Estado debe encargarse de enviar esta documentación a los ciudadanos". Además, "un 62% cree que debería realizarse con una periodicidad anual", como sucede en importantes países de Europa, y como establecía la ley de 2011. Según el análisis, el 78% de los encuestados no tiene conocimiento de este derecho.

Un simulador con errores

Ante la presión pública por esta ocultación del Gobierno (que llegó a contratar a la empresa que imprimía las carta y la que las metía en los sobres), la Seguridad Social puso en marcha un simulador web en el que los ciudadanos pueden calcular su futura pensión. Solo el 23% de los encuestados asegura que conoce este simulador, y de ellos, sólo la mitad lo ha utilizado, es decir, poco más de 1 de cada diez españoles.

El problema es que el simulador "tiene graves errores. A los que han cotizado por el máximo, les ofrece una pensión de muy superior al máximo que se puede cobrar, que es de 2.576 euros en 14 pagas. A los que no están en el máximo, también les ofrece mal los números. Además, no resta el efecto de la inflación. La Seguridad Social ha prometido corregirlo", apunta Martínez-Aldama, que cree que este sistema no sustituye a la carta.

Del estudio se desprende que existe gran preocupación entre los españoles por su situación financiera cuando dejen de trabajar. Al 96% le preocupa que el sistema público de pensiones no sea sostenible a largo plazo y al 94% no poder mantener su nivel de vida durante la jubilación.

Un 76% cree que la pensión pública que percibirá cuando se retire será peor que la que están recibiendo los jubilados en la actualidad. Además, casi 2 de cada 3 encuestados piensan que su pensión pública será, como máximo, el 75% de sus ingresos durante la jubilación.

En cuanto a los hábitos de ahorro, el 76% de los españoles afirma ahorrar, pero sólo un 21% lo hace mensualmente. Frente a estos datos, el 24% de los españoles admite que no ahorra nada.

El envío de información al trabajador sobre cuál será su pensión estimada en el momento de su jubilación es una práctica que se lleva a cabo en 10 países europeos: Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Francia, Italia, Croacia, Irlanda y Portugal. Si bien no todos los países lo hacen de la misma manera. Respecto a la periodicidad de envío, la práctica totalidad lo hace con una frecuencia anual. El proyecto español de 2014, que finalmente no se aprobó, preveía una periodicidad anual.

En Europa hay diferentes fórmulas. Así, Alemania o Reino Unido establecen la edad para ser informado en 27 años, si se llevan 5 años cotizados; Finlandia en los 18 años de edad o Francia en los 35. Suecia, por su parte, no establece una edad concreta, sino que sus ciudadanos pasan a recibir esta información desde su primera cotización.