AENA gana una sentencia que le permite recuperar 446 millones de provisiones
La resolución permite a la compañía revertir las cantidades reservadas por reclamaciones de expropiados de Barajas
El Tribunal Supremo ha dado la razón a AENA, la gestora pública de aeropuertos, sobre las expropiaciones de terreno llevadas a cabo para la construcción de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. El gestor recuperará 446,3 millones, de los que 351,4 millones estaban provisiones y 95 millones se ingresarán en la cuenta como intereses de demora acumulados. El Supremo desestima el recurso de los antiguos propietarios, que...
El Tribunal Supremo ha dado la razón a AENA, la gestora pública de aeropuertos, sobre las expropiaciones de terreno llevadas a cabo para la construcción de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. El gestor recuperará 446,3 millones, de los que 351,4 millones estaban provisiones y 95 millones se ingresarán en la cuenta como intereses de demora acumulados. El Supremo desestima el recurso de los antiguos propietarios, que reclamaron más de 900 millones a AENA.
AENA se convirtió el martes pasado en el tercer valor que más subió en Bolsa, un 6,60%, después de Acerinox y Bankia. La compañía pública recuperará provisiones millonarias para su cuenta de resultados de este año.
Esta sentencia supone acabar con un pleito pendiente desde noviembre de 2010. El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por varios propietarios de terrenos que pidieron la retasación de varias fincas expropiadas para la expansión del Aeropuerto de Madrid-Barajas. La reclamación de los expropiados ascendía a 900 millones.
Además, AENA también ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que, “en tanto que el fondo de la cuestión es similar al de otros dos procedimientos en curso ante el Tribunal Supremo y cuya resolución se espera de manera inminente, AENA informa de que de dichos procedimientos podría derivarse la reversión de provisiones adicionales por importe de 517,2 millones, de los que 407,2 millones corresponden al valor asignado a los terrenos en el inmovilizado material y 110,0 millones a intereses de demora acumulados” que también se ingresarían en la cuenta de este año.
El tercer mensaje de AENA fue la aprobación del primer reparto de dividendo en la historia de la compañía y “ha recalcado la idoneidad de buscar oportunidades en el exterior y en aumentar la parte del negocio que no depende de la regulación, es decir, cuyos ingresos no proceden de tasas aeroportuarias”, recuerda Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank.
Por otro, en la junta de accionistas, Vargas trató el tema del nuevo marco regulador aeroportuario de tarifas que está previsto sea aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre. Dijo que es "comparable a los existentes en otros estados europeos" y servirá para dar "confianza y certidumbre a los mercados".
AENA aprobó el pasado mes de marzo una propuesta tarifaria definitiva de congelación sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2017-2021, frente a la rebaja de casi el 2,6% reclamada por las aerolíneas, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) plantea en su informe consultivo una rebaja del 10,1% durante este quinquenio (un descenso del 2,02% anual).
En su informe presentado ante la Junta de Accionistas celebrada este martes en Madrid, el presidente del gestor aeroportuario asegura que el principal objetivo de la reforma es la gestión eficiente de la red de aeropuertos española configurándola como un servicio de interés económico general.
Vargas, investigado
Por otra parte, el presidente y consejero delegado de AENA, José Manuel Vargas Gómez, junto con el anterior presidente, Juan Ignacio Lema Devesa, han sido citados a declarar como investigados por presuntos delitos de desobediencia y contra el medioambiente, el próximo 4 de julio, según Europa Press.
El Juzgado le reclama por una querella que investiga diversos desacatos judiciales en relación con los sobrevuelos de aviones en esta urbanización madrileña, situada a 16 kilómetros del Aeropuerto de Barajas. Vecinos de la urbanización de Ciudad Santo Domingo, en Algete, interpusieron una querella criminal porque no cesó el ruido por tráfico aéreo en la zona, como había estimado el Supremo en 2008.