España puede ir al arbitraje internacional por las renovables
Un grupo de fondos internacionales amenaza al Gobierno a llevarle a la corte internacional de arbitraje si no entabla negociaciones sobre los cambios regulatorios en el sector eléctrico.
Un grupo de fondos internacionales que han invertido en proyectos de energía renovables en España amenazan al Gobierno con llevarle a la corte internacional de arbitraje, si no entabla negociaciones sobre los cambios legislativos y regulatorios realizados en el sector eléctrico. Los inversores basan su amenaza en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que estipula que “las disputas que puedan surgir entre inversores y el Estado han de resolverse, si es posible, de forma amigable”.
Según los inversores, entre los que están Antin Infrastructure Partners, EISER Infrastructure Partners...
Un grupo de fondos internacionales que han invertido en proyectos de energía renovables en España amenazan al Gobierno con llevarle a la corte internacional de arbitraje, si no entabla negociaciones sobre los cambios legislativos y regulatorios realizados en el sector eléctrico. Los inversores basan su amenaza en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que estipula que “las disputas que puedan surgir entre inversores y el Estado han de resolverse, si es posible, de forma amigable”.
Según los inversores, entre los que están Antin Infrastructure Partners, EISER Infrastructure Partners, InfraRed Capital Partners, y Renergy, los cambios decididos por el Ejecutivo español “afectan negativamente al sector de las energías renovables; en particular, al sector termosolar y eólico”. Los denunciantes sostienen que los cambios legislativos, que de forma retroactiva afectan a las plantas que ya están en funcionamiento o en construcción, frustran sus “expectativas razonables y legítimas” de recuperar las inversiones, que, según fuentes de los fondos, suman miles de millones en diversos sectores.
En la reclamación, los inversores recuerdan que el pasado abril enviaron una carta al Gobierno haciéndole la solicitud apelando al TCE y que a esa petición le ha seguido un periodo de reflexión de tres meses para llegar un acuerdo. Sin embargo, según denuncian, no ha sido posible una reunión, pese “a los numerosos intentos” por su parte y ahora amenazan con cumplir su promesa de llevar la disputa al arbitraje internacional.