Reformas y crecimiento
El informe de primavera del FMI, al referirse a España, ha hecho una inteligente reflexión al afirmar que en las previsiones de 2013 y 2014 no importan tanto los números concretos referidos al crecimiento del PIB y del déficit público como el hecho de que el Gobierno disponga de un plan concreto y claro de actuación en materia de política económica y, en concreto, de las reformas que todavía le quedan por acometer o por ampliar. Refiriéndose a los países europeos, afirma que “es necesario proseguir las reformas estructurales encaminadas a estimular la productividad y el empleo”.
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El informe de primavera del FMI, al referirse a España, ha hecho una inteligente reflexión al afirmar que en las previsiones de 2013 y 2014 no importan tanto los números concretos referidos al crecimiento del PIB y del déficit público como el hecho de que el Gobierno disponga de un plan concreto y claro de actuación en materia de política económica y, en concreto, de las reformas que todavía le quedan por acometer o por ampliar. Refiriéndose a los países europeos, afirma que “es necesario proseguir las reformas estructurales encaminadas a estimular la productividad y el empleo”.
Todas las instituciones internacionales —el FMI, el Banco Central Europeo y la propia Comisión Europea— están de acuerdo en que el Gobierno español debe profundizar en las reformas que modernicen el país y animen a la actividad productiva de las empresas para aprovechar todo el potencial del cambio de ciclo cuando este se produzca. En algunas de las reformas ya acometidas, como la reforma del sistema financiero y la reforma laboral, valoran los avances realizados, aunque sugieren que deben terminar de implantarse todos los aspectos pendientes y analizarse los efectos obtenidos hasta ahora.
También los analistas españoles abogan por la necesidad de profundizar en las reformas para establecer un marco de crecimiento estable en función de las mejoras de la productividad que permitan a su vez continuar incrementando la competitividad de nuestra producción de bienes y servicios. Son innumerables los trabajos y artículos que se refieren a ellas. Por ejemplo, FEDEA, uno de los institutos más prestigiosos en el análisis económico y social, en un trabajo sobre las reformas estructurales señala que “las reformas para la mejora del entorno económico son medidas que aspiran a mejorar el contexto regulatorio, legal y macroeconómico en el que los agentes toman sus decisiones. Se trata de eliminar la incertidumbre y las trabas legales, de hacer el proceso regulatorio transparente y no arbitrario, y de incrementar la seguridad jurídica”.
De momento, el Gobierno trabaja en el programa de reformas, así como en la actualización del Plan de Estabilidad 2012-2015 que aprobó en 2012 y debe ser corregido no solo por el fallo de las previsiones e incumplimiento del objetivo de déficit en 2012, sino también por el retraso de algunas de las reformas programadas, como la Ley de Transparencia. De los acuerdos a los que se llegue con Bruselas con respecto a la ampliación en dos años del plazo para alcanzar los objetivos de déficit público, y una vez examinado y aceptado el programa presentado por el Gobierno español, dependerá la mayor o menor capacidad del Gobierno para emplear recursos en incentivar el crecimiento y la creación de empleo.
No debería dejarse caer en saco roto la propuesta socialista de reformar el Senado para darle contenido
Es probable que antes de publicarse este artículo, el viernes 26, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno haya anunciado su plan de reformas, pero mucho me temo que no será lo suficientemente valiente como para acometer por completo la gran reforma pendiente de las administraciones públicas, esencial para conseguir la modernización del sistema productivo y que conllevaría una reducción considerable de su tamaño tanto en lo referente al Estado como a las Comunidades Autónomas.
Hasta ahora los ajustes que se han hecho en la mayor parte de las Comunidades Autónomas han sido en inversión, educación y sanidad, sin que estos hayan asegurado ninguna mejora en la eficacia y calidad de esos esenciales servicios públicos. Por el contrario, continúan siendo excesivos los gastos administrativos en altos cargos, asesores e incluso el número de parlamentarios autonómicos. El desarrollo político de las autonomías ha llevado a la administración española a un nivel de gasto que no nos podemos permitir. Además de los gastos administrativos y los de educación y sanidad, que son los más abultados, no podemos olvidar los elevados pagos por intereses de la deuda generada durante el ciclo expansivo de financiación fácil y que ha llevado a muchas comunidades a despilfarros y gastos suntuarios en vez de promover inversiones productivas.
La prueba de que las necesidades financieras son desmesuradas está en que casi todas las Comunidades Autónomas atacan el sistema de financiación autonómico, que les parece insuficiente, y reclaman por diferentes conceptos, a veces contradictorios (mayor crecimiento de la población, mayor envejecimiento o población más joven, mayor población extranjera), alguna mejora en su cuota de financiación. El hecho es que todas se sienten perjudicadas y piden ser mejoradas, lo que es casi imposible con el punto de partida acordado anteriormente de no introducir cambios que signifiquen pérdidas para alguna de ellas. La reforma reclamada en general para 2014 va a ser imposible de concretar con los parámetros actuales, mejorando a todas sin perjudicar a ninguna. Lo que ha venido en llamarse el sudoku autonómico no es tal porque todos los sudokus tienen solución, incluso los más difíciles, y este problema financiero no parece tenerla. Sería necesaria una reforma total del sistema valiente y sin partir del sistema vigente.
Ya hay dos comunidades con el régimen foral (País Vasco y Navarra) que gestionan la totalidad de los impuestos recaudados en su territorio con la excepción de la Seguridad Social, que sigue siendo una caja única. Del resto de comunidades de régimen común, las más ricas y por tanto con mayor potencial recaudatorio, como Madrid y Cataluña, querrían también gestionar el 100% de sus impuestos. A estas quizás se les añadirían otras, pero algunas consideran que sería injusto, ya que sus necesidades de dar servicio a la población son iguales si se acepta el principio de igualdad de los ciudadanos, y saben que su poder recaudatorio sería menor que el recibido con el sistema actual. Probablemente la solución pase por aumentar la participación recaudatoria, especialmente en el IVA más ligado al consumo, y que los ciudadanos lo relacionen más directamente con el Gobierno de su comunidad y no tanto con el Estado. Por otra parte, siempre puede idearse algún fondo de solidaridad que con claridad y transparencia ayude a las comunidades menos favorecidas.
Sin embargo, no debería dejarse caer en saco roto la propuesta socialista de reformar el Senado para darle contenido, convirtiéndolo en una verdadera cámara territorial donde se discuta y legisle para todas las Comunidades Autónomas, dejando un pequeño margen para la propia legislación autonómica. Quizás estemos en un momento delicado políticamente para esta reforma, que seguramente requeriría alguna modificación en la Constitución, pero al menos, se podría comenzar a debatir y en un futuro llegar a una solución por consenso. Con el funcionamiento actual, en el que cada comunidad legisla a veces en contra de la legislación general existente para el conjunto de España, es difícil conseguir una actuación eficaz de la administración pública, y desde luego se va en contra de ese principio de igualdad que tanto se defiende.
Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).