Los ajustes que (hasta ahora) Europa ha impuesto a España

España ha llevado a cabo, tanto con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como con el de Mariano Rajoy, duros ajustes en los últimos años para devolver la sostenibilidad a las cuentas públicas. Primero, fue a instancias de Bruselas. Después, tocó cumplir con las exigencias del BCE a cambio de su ayuda en los mercados y, ya en 2012 y con el PP en el poder, en paralelo al rescate de la banca por 100.000 millones y a cambio de un año más para reducir el déficit. Estos son, a la espera de las nuevas ...

España ha llevado a cabo, tanto con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como con el de Mariano Rajoy, duros ajustes en los últimos años para devolver la sostenibilidad a las cuentas públicas. Primero, fue a instancias de Bruselas. Después, tocó cumplir con las exigencias del BCE a cambio de su ayuda en los mercados y, ya en 2012 y con el PP en el poder, en paralelo al rescate de la banca por 100.000 millones y a cambio de un año más para reducir el déficit. Estos son, a la espera de las nuevas medidas apuntadas en el presupuesto bianual 2013-2014, los recortes y subidas de impuestos aprobados hasta la fecha en España:

Mayo de 2010: Zapatero vira su política económica

Tras la reunión del Ecofin (los ministros de Economía y FInanzas de la zona euro) el domingo anterior, el miércoles 12 de mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, daba un volantazo a su política socialdemócrata y anunciaba el, hasta ese momento, mayor recorte de la democracia. El objetivo era reducir el déficit público del 11,2% del producto interior bruto al 6% en dos años. ¿La cifra? 15.000 millones de euros. Solo unos días antes, el 5 mayo, Zapatero había respondido así a las exigencias del Partido Popular de reducir el déficit público: "No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación". El día 12 acudía al Congreso de los Diputados donde anunció las siguientes medidas:

• Reducción del sueldo de los empleados públicos un 5% de media en 2010 y congelación para 2011
• Se excluyó la revalorización de las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, para el año próximo
• Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007
• Supresión de la prestación por nacimiento de 2.500 euros
• Plan de eficiencia en gasto farmacológico: revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y dispensación de medicamentos en unidosis
• Suprimir de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud.
• Reducción de 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo y de  6.045 millones de euros en la inversión pública estatal entre 2010 y 2011
• Ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

Tras la batucada de ajustes en mayo de 2010, vino una reforma laboral que creó un contrato indefinido de fomento con una indemnización por despido objetivo improcedente de 33 días por año trabajado. Además se fijó la posibilidad de que "una situación económica negativa" fuera causa para el despido objetivo. También se modificó el régimen de las pensiones con un aumento de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años con una exigencia de 37 años en el periodo de cotización.

Diciembre de 2011: Rajoy se estrena subiendo los impuestos

El 30 de diciembre, apenas un mes después de haber ganado las elecciones generales con mayoría absoluta, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobaba un recorte presupuestario histórico y subía los impuestos, contradiciendo todo lo expresado en su campaña electoral, y su propio ideario político. ¿Las cifras? 8.900 millones de euros en reducción de gastos y pretensión de recaudar otros 6.000 millones. Las medidas adoptadas en el segundo consejo de ministros presidido por Rajoy fueron las siguientes:

• Incremento del IRPF. La cuota estatal subió en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable
• Gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2% para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros
• Subida del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El incremento afecta al 50% de las viviendas de mayor valor catastral de cada municipio. Este incremento se fijó de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100, 4 por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado.
• Congelación del salario mínimo interprofesional

• Congelación del sueldo de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral hasta 37,5 horas semanales
• Reducción del presupuesto ministerial, de los entes locales y del Fondo de Compensación territorial así como de las subvenciones (un 20%) a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales
• Rebaja de 200 millones en el presupuesto de TVE y Renfe y de 600 millones las subvenciones y préstamos en I+D+i
• Aplazamiento hasta enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas y de la aplicación de la ley de dependencia para nuevos beneficiarios
• Reducción del número de altos cargos en un 19%
• No renovación de la renta de emancipación
• Además, se recuperó la deducción por compra de vivienda y se mantuvo el IVA superreducido del 4% para la adquisición de nueva vivienda

Además de las medidas presentadas a finales de diciembre, y antes del recortazo de julio de 2012, el Ejecutivo popular adoptó otras medidas con fuerte impacto social.

Así, una nueva reforma laboral que facilita y abarata el despido, y que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó como "extremadamente agresiva" en una conversación con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que fue captada por cámaras y micrófonos. Los principales cambios en las condiciones laborales fueron estos:

• El despido estará justificado cuando se prevean pérdidas o cuando una empresa haya sufrido nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas. La carga de la prueba se invierte, y será el trabajador quien tenga que demostrar la improcedencia

• La indemnización por despido procedente se baja hasta 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 meses y la del despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebaja de 45 días por año trabajado a 33
• Mayores poderes al empresario: puede cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar salarios. Para ello solo es necesario invocar motivos económicos, como pérdida de competitividad o de productividad. También podrá hacerlo cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque no tenga pérdidas.
• Se eliminó la necesidad de pronunciamiento previo de la autorización laboral en los despidos colectivos. Se abrió la posibilidad de despidos colectivos en la Administración pública con las mismas condiciones que en el sector privado
• Supresión de la prórroga indefinida de los convenios colectivos. El Gobierno la limitó a dos años, y en el trámite parlamentario se redujo hasta el año
• Nuevo contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de hasta un año, lo que implica el despido libre durante esos 12 meses. En la tramitación parlamentario quedó fijado que estaría vigente hasta que la tasa de paro esté por debajo del 15%. En el segundo trimestre del año la tasa de desempleo ha alcanzado su máximo histórico: 24,63%
• Prelación del convenio de empresa sobre el colectivo

• Autorización para que los contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarios, tanto en los contratos temporales como en los indefinidos

En abril el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció un ajuste adicional de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad, 3000 millones en la primera y 7.000 en la segunda. El anunció se produjo en una nota de prensa tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Julio de 2012: El mayor recorte de la democracia

El 11 de julio de 2012 Mariano Rajoy anunciaba en el Congreso de los Diputados lo que es hasta ahora el mayor ajuste de la democracia. ¿La cifra? 65.000 millones de euros en dos años. El recorte se produce días después de que el España solicitara al Eurogrupo la concesión de un crédito de 100.000 millones para sanear el sistema bancario, profundamente dañado tras la nacionalización de la entidad entonces presidida por el exvicepridente del Gobierno, Rodrigo Rato. A cambio de estas duras medidas, el Estado recibe un año más por parte de Bruselas para reducir el déficit. Las principales medidas de ajuste fueron estas:

• Subida del tipo general del IVA del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%
• Supresión de la paga extra en 2012 a los empleados públicos que cobren más de 963 euros al mes y reducción a tres de los días de libre disposición
• Reducción de un 10% (del 70% al 60%) en la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes
• Reforma de la ley de bases de régimen local. Se eliminan las mancomunidades y las pedanías y las diputaciones provinciales se harán cargo de la gestión de los servicios que de los municipios de menos de 20.000 habitantes no presten adecuadamente
• Incremento de las retenciones a profesionales del 15% al 21%
• Reducción del 30% de la ayuda al alquiler
• Constitución de un fondo de 18.000 millones de euros para la financiación de las comunidades autónomas. Loterías aportará un tercio del total al fondo y el resto lo hará el Tesoro