El timo del reciclaje
El resultado del experimento que ha realizado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no puede ser más explícito acerca de cómo a veces se le toma el pelo al ciudadano. La OCU instaló emisores a 15 electrodomésticos y los llevó a un punto limpio. El seguimiento de los quince aparatos demostró que solo seis fueron tratados para su reciclaje. El resto acabó en vertederos ilegales, chatarrerías y lugares no identificados. De esta manera, la OCU viene a demostrar que tiene razón la Fiscalía de Medio Ambiente al denunciar el fraude masivo que se está realizando en España con los residuos e...
El resultado del experimento que ha realizado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no puede ser más explícito acerca de cómo a veces se le toma el pelo al ciudadano. La OCU instaló emisores a 15 electrodomésticos y los llevó a un punto limpio. El seguimiento de los quince aparatos demostró que solo seis fueron tratados para su reciclaje. El resto acabó en vertederos ilegales, chatarrerías y lugares no identificados. De esta manera, la OCU viene a demostrar que tiene razón la Fiscalía de Medio Ambiente al denunciar el fraude masivo que se está realizando en España con los residuos electrónicos.
Lamentablemente, no es un timo solo español y las autoridades ya han reconocido sentir vergüenza por lo que ocurre en Europa, desde cuyos puntos limpios viajan los aparatos electrónicos para terminar en cementerios de chatarra de países pobres que difícilmente pueden frenar la contaminación que producen los despojos del consumidor del norte.
La gran diferencia entre los timos habituales, como el tocomocho, y el fraude de los residuos es que mientras el primero se aprovecha del listillo que cree haber encontrado duros a pesetas el segundo se nutre de víctimas bienintencionadas que pagan tasas de reciclaje a favor del medioambiente y que en muchas ocasiones incluso se toman molestias añadidas separando su basura y cargando con sus viejos aparatos para intentar asegurarse de que estos no terminan justamente donde parece que, de todos modos, aterrizan.
De esta manera, en fin, al ciudadano lo timan por duplicado. Porque solo en España los consumidores pagan 300 millones de euros en tasas para que los residuos sean tratados correctamente. Los beneficiarios son las empresas encargadas de dicho tratamiento, pero hasta el momento apenas si se les ha perseguido por falta de medios, dicen las instituciones. Aunque ya hay algunas que se han puesto a trabajar, como la Xunta de Galicia, que recientemente identificó a dos firmas que, una vez que se llevaban los residuos previamente separados, sencillamente, volvían a mezclarlos para deshacerse de ellos.