El juez cita como imputado al presidente de RBA por defraudar 2,3 millones al fisco
El presidente del grupo editorial RBA, Ricardo Rodrigo, deberá declarar como imputado por un presunto delito de fraude fiscal. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite una querella elaborada por la fiscalía de Barcelona y ha citado a Rodrigo para el próximo mes de septiembre. Según los informes de Hacienda, el empresario de origen argentino defraudó, presuntamente, 2,3 millones de euros al fisco en cuatro ejercicios, de 2005 a 2008.
La caída de los ingresos fiscales ha llevado a Hacienda a emplearse a fondo en la lucha contra el fraude de los grandes patrimo...
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El presidente del grupo editorial RBA, Ricardo Rodrigo, deberá declarar como imputado por un presunto delito de fraude fiscal. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite una querella elaborada por la fiscalía de Barcelona y ha citado a Rodrigo para el próximo mes de septiembre. Según los informes de Hacienda, el empresario de origen argentino defraudó, presuntamente, 2,3 millones de euros al fisco en cuatro ejercicios, de 2005 a 2008.
La caída de los ingresos fiscales ha llevado a Hacienda a emplearse a fondo en la lucha contra el fraude de los grandes patrimonios. El servicio de delitos económicos de la fiscalía de Barcelona ha presentado, solo en este ejercicio, 11 querellas a distintos juzgados. Dos de las más llamativas son las del propio Rodrigo y la del exmotorista y dos veces subcampeón del mundo de Moto GP Sete Gibernau, que entre 2005 y 2006 defraudó, supuestamente, la cantidad de 2,8 millones.
El caso del presidente de RBA es el que se está moviendo con mayor celeridad. Según los informes, Rodrigo usó una empresa instrumental para engañar a Hacienda a través del impuesto de sociedades. La empresa facturaba al grupo por supuestos servicios de asesoramiento editorial. Al tener ingresos, se deducía los gastos. El problema es que esas facturas correspondían, en realidad, a personal de su servicio doméstico. También figuraba a nombre de la sociedad una casa por la que el presidente pagaba un alquiler de 900 euros mensuales, detallaron fuentes del caso. La cuota defraudada fue de 464.000 euros en 2005, 548.000 en 2006, 651.000 en 2007 y 655.000 en 2008.